Las autonomías ya van por delante del nuevo plan de protección social del Gobierno

El dichoso coronavirus reabre el debate sobre la necesidad de poner en marcha en España un ingreso mínimo vital por sus devastadores efectos sobre la precaria situación económica de mucha gente. Podemos, ahora en el Gobierno, cree que no cabe esperar más. Que hay que buscar ya mismo, desde el Estado, una fórmula provisional o transitoria para garantizar la subsistencia de los sectores más vulnerables de la sociedad durante el estado de alarma. Pablo Iglesias lo presenta como una medida de justicia social y de eficiencia económica. Grupos nacionalistas y presidentes de comunidades autónomas de distinto signo le advierten que, si llega a crearse, esa ayuda tendría que respetar las competencias de las autonomías. Y le recuerdan que todas ellas disponen desde hace años de diferentes modelos de renta social, que funcionan. No se trata ahora de inventar la pólvora, sino más bien de emplearla de forma racional y eficiente.   

Euskadi fue la primera comunidad en crear una renta mínima para combatir la exclusión social. Fue a principios de 1989. Se llamaba Ingreso Mínimo Familiar. Aquello fue una novedad, una decisión política que aprovechó un vacío legal, pues ni la Constitución ni el Estatuto Vasco habían previsto un reparto competencial en ese ámbito. Dos años después, ya en la época de Fraga, Galicia pone en marcha la RISGA, la Renta de Integración Social de Galicia. Hoy todas las comunidades, incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuentan con un instrumento similar, que en cada caso recibe una denominación distinta e impone distintas condiciones para obtener una ayuda pensada, por lo general, para garantizar la subsistencia de individuos y familias en situación de vulnerabilidad mientras buscan sus propios medios de vida.

Por su parte, el Estado cuenta con un sistema propio de prestaciones no contributivas, que se ha ido adaptando a nuevas situaciones y que terminó de perfilarse con la resaca de la gran recesión, la crisis que convirtió en nuevos pobres a muchos cientos de miles de españoles que perdieron sus puestos de trabajo y se quedaron sin ingresos una vez agotadas los subsidios por desempleo. Su pieza fundamental son las denominadas pensiones no contributivas, de las que se benefician amplios colectivos, desde discapacitados a personas que nunca cotizaron a la Seguridad Social, pasando por los presos excarcelados y largo etcétera. Es evidente que en lo que atañe a los instrumentos de ayuda a los colectivos más vulnerables, autonomías y Administración General del Estado actúan en paralelo. Sus iniciativas se complementan, pero nunca estuvieron ni están coordinadas.   

Los socios nacionalistas del Gobierno de Sánchez/Iglesias y algunos de los barones socialistas que gobiernan las regiones menos pujantes económicamente no son demasiado partidarios de una renta básica universal incondicionada y no lo ocultan. No comparten que tenga derecho a ella cualquier ciudadano, simplemente por haber nacido, sean los que sean sus ingresos y que se le conceda a cambio de nada. Ninguno de esos mandatarios la implantó en su territorio teniendo la capacidad legal y la posibilidad de hacerlo. El castellano manchego García Page ha sido claro: si se crea, que sea igual en toda España, que la pague el Estado, que tenga en cuenta las ayudas actuales y sobre todo que esté condicionada a la búsqueda activa de trabajo. Porque pólvora hay la que hay. No se puede malgastar en salvas. Ni disparar a todo lo que se mueve. @mundiario