Austria lleva a los tribunales la clasificación de energías “verdes” de la UE
El Ejecutivo austríaco ha anunciado que impugnará la decisión de la Comisión Europea de clasificar la energía nuclear y el gas como “actividades de transición".
El Gobierno de Austria ha anunciado que iniciará un proceso judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), contra la decisión de Bruselas de mantener la energía nuclear y el gas natural como inversiones limpias, de cara a la neutralización de las emisiones de carbono a mediados de siglo.
Así lo ha informado la ministra de Protección del Clima, Leonore Gewessler, después de conocerse que Bruselas considerará a ambas energías como “inversiones de transición”. Indicó que en los próximos días el Gobierno de su país presentará un recurso de anulación ante la TJUE, respaldado por el titular de la cartera de Exteriores de Austria, Karl Nehammer.
Gewessler condenó la decisión de la Comisión Europea (CE), alegando que es un “programa de lavado verde para la energía nuclear y el gas natural”, e indicó que varios Estados más, como Luxemburgo, también se iniciarán en una vía judicial para tumbar la norma que ampara a las inversiones de energía atómica y los gases de origen fósil hasta 2050.
Los Estados rechazan la decisión
El ministerio de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes, ha expresado públicamente su repulsa contra la CE, alegando que resulta en un retroceso a las energías renovables y de los objetivos que la Unión Europea (UE) busca completar durante la descarbonización de la economía.
“Luxemburgo se opone claramente a esto y discutirá más pasos legales con el Gobierno de Austria”, ha afirmado el funcionario, después de conocerse que su país se unirá a la iniciativa austríaca de anular la decisión de la CE por la vía judicial.
Ambos ministros europeos han indicado que más países de la UE han criticado y “negado rotundamente” que se consideren estas energías como “necesarias” para apoyarse durante la neutralización de las emisiones. Entre ellos están España, Dinamarca, Suecia o los Países Bajos, que habían rechazado junto a varios expertos que la medida se tome, alegando que “hunde” a las verdaderas energías renovables como la solar o la eólica.
Gewessler concluyó su intervención acusando a la Comisión que preside Úrsula von der Leyen, de haber roto sus propios protocolos de procedimiento, de haber hecho caso omiso a las advertencias del grueso de los expertos cuestionados por el tema, y por no haber tomado en consideración los rechazos de varios miembros de los Veintisiete. “No aporta nada a la protección del clima”, dijo.
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El sello verde de las energías renovables
La CE anunció hoy que, por votación, había aprobado mantener a la energía nuclear y al gas natural dentro de la clasificación de “inversiones renovables”, necesarias según a juicio del Ejecutivo comunitario, para apoyar la economía durante la transición a las energías renovables, lo que quiere decir que no pueden ser reemplazables hasta 2030 (gas) y 2045 (nuclear) por una fuente de energía renovable y baja en emisiones.
Debido a que se seguirán concediendo las autorizaciones de nuevos proyectos nucleares hasta mitad de siglo, se prevé que teniendo en cuenta la complejidad de emprender una instalación nuclear, se terminen de construir la mayoría para finales de este siglo.
El Ejecutivo admitió que ni la energía nuclear ni el gas son verdaderamente limpias a nivel climático, pero defienden su potestad de hacerlas funcionar como “actividades de transición” para alcanzar las cero emisiones de carbono en 2050 que se ha propuesto la UE, alegando que han impuesto estrictas regulaciones para el control de residuos radioactivos o el límite de emisiones de gas natural.
This Delegated Act is a bridge towards a green energy system based on renewable energy sources.
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 2, 2022
It will guide the private investment to activities needed to achieve climate neutrality, stepping up the transition and strengthening transparency. pic.twitter.com/3AojbAUWif
A partir de ahora se inicia un periodo de cuatro meses con opción a prórroga de dos más, para que los Estados que rechazan el proyecto puedan tumbarlo en la Eurocámara, mientras que la CE alude a que “no se trata de un instrumento de energía política” y que cada Estado puede decidir cómo conseguir su energía.
