La auditoría del Tribunal de Cuentas a Zarzuela dependerá del convenio que firmen ambas instituciones

La Familia Real en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. / Casa Real
La Familia Real en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. / Casa Real

Según Civio, el resto de medidas no son nuevas en su mayoría: "o ya son obligatorias hace años por otra norma vigente o son acciones que ya lleva a cabo la Casa del Rey."

La auditoría del Tribunal de Cuentas a Zarzuela dependerá del convenio que firmen ambas instituciones

Las reglas de la auditoría del Tribunal de Cuentas a Zarzuela dependerán del convenio que firmen ambas instituciones. El resto de medidas, en su mayoría, no son nuevas: "o ya son obligatorias hace años por otra norma vigente o son acciones que ya lleva a cabo la Casa del Rey", según un análisis que publica Eva Belmonte en Civio, la primera organización en España especializada en vigilar a los poderes públicos.

Esta periodista experta en investigar y tratar información y datos públicos, que diseña, desarrolla y edita todos los proyectos de Civio y es la creadora de la sección El BOE nuestro de cada día constata que el Boletín Oficial del Estado recoge un decreto que modifica algunas de las reglas que rigen la Casa del Rey y explica que la más relevante es la que establece que el Tribunal de Cuentas se encargará de auditar sus cuentas, una misión que hasta ahora y desde 2015 realizaba la Intervención General del Estado. ¿Cómo será ese control y cuándo arrancará? "Pues dependerá del convenio que se firme entre ambas instituciones, que establecerá las reglas y los tiempos: el primer ejercicio que fiscalizará será el del año siguiente a la firma de ese convenio", responde Eva Belmonte, autora de los libros Españopoly y Diccionario ilustrado BOE-español.

De hecho, para poder llevarlo a cabo, otra de las reformas que incluye el decreto es que amplía con quién puede firmar convenios la Casa del Rey: si hasta ahora podía con organismos de la Administración General del Estado, ahora puede hacerlo también con otras entidades públicas. Y pone sobre el papel que la asistencia jurídica sea la de la Abogacía del Estado.

El resto de medidas, en su mayoría, o ya son obligatorias por otra norma vigente o son acciones que ya llevaba a cabo el organismo, nada nuevo, zanja Eva Belmonte. Por ejemplo: el decreto establece que los altos cargos de la Casa del Rey presentarán declaraciones de bienes al nombramiento y cese, algo que ya hacían puesto que en el decreto anterior se decía que sus obligaciones eran iguales a los del resto de altos cargos.

"También habla de un código de conducta para ellos que ya existe, aunque se puede actualizar, y que, eso sí es nuevo, aunque bastante genérico y aplicable a la norma actual, publicada en su web, como respeto a los intereses generales, la Constitución, imparcialidad…", informa también Civio. @mundiario

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