La Audiencia de Sevilla desafía al Constitucional y eleva el caso de los ERE a la Justicia europea

En un gesto sin precedentes que sacude los cimientos del orden constitucional español, la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para plantear cuatro cuestiones prejudiciales en torno al conocido caso de los ERE. Lo hace desafiando de forma directa al Tribunal Constitucional (TC), cuya doctrina sobre este macrocaso de corrupción que salpica al PSOE de Andalucía fue desautorizada por los magistrados sevillanos al considerar que puede abrir un “riesgo sistémico de impunidad”.

La maniobra jurídica de la Audiencia va más allá del caso concreto de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Supone, en la práctica, una confrontación abierta entre jurisdicciones: el tribunal que juzgó y condenó a los altos cargos del PSOE andaluz en 2019 se niega a aplicar las sentencias del TC que ordenaban rebajar sus penas, y en su lugar ha optado por recurrir a Europa, alegando que el tribunal de garantías “se extralimitó” y vulneró principios fundamentales del derecho europeo.

La raíz del desacuerdo se remonta a las resoluciones del Constitucional que, tras estimar los recursos de amparo de varios condenados, ordenaron revisar las sentencias de la Audiencia con una interpretación más restrictiva de los delitos de prevaricación y malversación. A juicio de los magistrados sevillanos, esta interpretación no solo contradice su propia valoración probatoria y la del Supremo, sino que supone “una desprotección del patrimonio público, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y su manejo de fondos públicos”, en contra de lo que establece la normativa europea.

Además, dice la resolución del tribunal hispalense contra la que no cabe recurso, aplicar la doctrina del Constitucional podría infringir “la normativa europea de lucha contra la corrupción política, el fraude o la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión y la corrupción en general”.

Las cuatro cuestiones prejudiciales

Con esta base, el tribunal ha planteado al TJUE si es compatible con el derecho comunitario que un tribunal constitucional –no integrado en el Poder Judicial ordinario– reinterprete hechos probados y elementos jurídicos propios del proceso penal, anulando condenas firmes por delitos relacionados con el uso fraudulento de fondos públicos. La Audiencia también pregunta si las leyes presupuestarias autonómicas que habilitaron durante años el pago de los ERE vulneran el derecho europeo, y si la doctrina del TC puede traducirse en una amnistía de facto que impida aplicar sanciones eficaces contra la corrupción.

En la primera cuestión, la Audiencia de Sevilla pretende saber si el tribunal de Luxemburgo considera que el Constitucional se ha extralimitado en la función de control que ejerce. La segunda duda pasa por saber si las leyes presupuestarias andaluzas, que permitieron la renovación anual del sistema de pago de los ERE, pudieron propiciar una situación “de desprotección del patrimonio público y una merma para el patrimonio del Estado”, que supondría una violación al Tratado de la Unión Europea sobre la protección de los intereses financieros, así como a la Carta de los derechos fundamentales de la UE y el reglamento del Consejo Europeo.

La tercera pregunta planteada versa sobre si las leyes presupuestarias se ajustan a las normativas comunitarias y si “la interpretación del Tribunal Constitucional es contradictoria con las exigencias internacionales de luchar contra la corrupción política, contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de prevenir y combatir la corrupción en general y de prever la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias en caso de que tales infracciones se produzcan”. Por último, los magistrados quieren saber si es legítimo que evite aplicar las sentencias del Constitucional, ya que consideran que convierte en “lícitas” las conductas de los políticos andaluces.

Una batalla jurídica con ecos políticos

La dimensión política del caso es incuestionable. La sentencia del Constitucional fue recibida por el PSOE como una rehabilitación moral de sus antiguos dirigentes y permitió que figuras como Chaves, Griñán o la exministra Magdalena Álvarez regresaran a la escena pública con el aval del partido. Sin embargo, la decisión de la Audiencia de Sevilla frena ese relato y reactiva el caso ERE en un contexto de alta sensibilidad institucional.

La Fiscalía Anticorrupción, que había aceptado el criterio del TC y se opuso a acudir al TJUE, se ve ahora desautorizada por los jueces instructores del caso. El PP, que actúa como acusación particular, respalda el movimiento de la Audiencia, lo que introduce un nuevo elemento de confrontación entre los principales partidos del país y vuelve a situar la corrupción como eje de debate político y judicial.

El futuro del caso ERE queda en manos de Europa

El TJUE tardará, previsiblemente, años en pronunciarse sobre las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas. Hasta entonces, el procedimiento judicial sobre la pieza principal del caso ERE queda suspendido, y con él cualquier posibilidad de dictar una nueva sentencia adaptada a la doctrina del TC.

Este giro impide dar por cerrado un proceso que arrancó en 2011 y que, con sus ramificaciones, ha generado más de un centenar de causas derivadas y decenas de condenas. Pero lo más relevante es que sienta un precedente: por primera vez, un tribunal ordinario español cuestiona formalmente la legitimidad del Tribunal Constitucional ante la justicia europea. Una decisión que podría redefinir los límites del Poder Judicial en España y, en última instancia, el papel de los tribunales nacionales frente a las instituciones de la Unión.

El desafío de la Audiencia de Sevilla no solo reabre una herida judicial aún no cicatrizada, sino que coloca a España en el centro del debate europeo sobre independencia judicial, corrupción y primacía del derecho comunitario. La sentencia del TJUE, cuando llegue, no solo afectará al caso ERE. Será una respuesta clave sobre los equilibrios entre justicia nacional y europea, y sobre el futuro del control constitucional en los Estados miembros. @mundiario