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MUNDIARIO

La Audiencia Nacional imputa a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por el caso Púnica

Las dos expresidentas de la Comunidad de Madrid deberán declarar ante Manuel García-Castellón, quien en total ha imputado a 40 personas, incluida la empresa Indra, que lo hará como persona jurídica. Es el golpe más fuerte recibido por Aguirre en su carrera.
La Audiencia Nacional imputa a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por el caso Púnica
Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González. / Twitter
Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González. / Twitter

Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre han sido imputadas por la Audiencia Nacional en el caso Púnica. De acuerdo a El País citando a fuentes judiciales anónimas, Manuel García-Castellón, juez del tribunal en cuestión, espera averiguar qué papel jugaron en esta trama corrupta encabezada por Francisco Granados, exconsejero de la capital, y en la financiación irregular del Partido Popular madrileño entre 2003 y 2011, cuando Aguirre gobernó la comunidad. García-Castellón estima que Aguirre era una suerte de supervisora de la supuesta caja b de la agrupación en la capital. Cifuentes ha sido imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cartoblanco, que pertenece a Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña.

Ambas imputaciones habían sido solicitadas desde el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción en un informe en el que pedía a García-Castellón que se reordenara la causa, que debe cerrarse para el 6 de junio de 2020. La causa cuenta con 16 piezas, las cuales han quedado concentradas en 11. El magistrado extiende las imputaciones a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, en una lista que incluye a 40 altos funcionarios, responsables políticos y hasta empresarios, dentro de los que se cuenta a Javier Monzón, expresidente de Indra, y actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa, empresa encargada de editar El País.

Aguirre ya había driblado las múltiples causas de corrupción que ensombrecieron sus Gobiernos, hasta que llegó esta. En marzo, la Guardia Civil dio al juez un informe en el que implicaba deliberadamente a Aguirre en las maniobras de financiación ilegal en las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011. Luego de las mismas, la expresidenta capitalina se hizo con tres mayorías absolutas en la Asamblea comunitaria, la primera tras el escándalo del tamayazo, la renuncia de dos legisladores socialistas que bloqueó la investidura de Rafael Simancas y que forzó la repetición de elecciones.

De acuerdo al auto de imputación, "la investigación arroja indicios racionales" de que la exdirigente conservadora fue "quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". El texto, cita El País, también reza que las campañas "iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la CAM". "La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre", agregó García-Castellón.

De acuerdo a la investigación, hoy por hoy existen pruebas de un proyecto "para que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008". Dentro de los nuevos conciertos volverían a contar con una intervención relevante de los investigados que tenían puestos en el Gobierno y que tenían una relación de afinidad con Aguirre y hasta el mismo PP; Beltrán Gutiérrez, a la sazón gerente, e Ignacio González y Francisco Granados, exconsejeros. "De las actuaciones se desprende que la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, se habría apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones, de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros", escribió el togado.

La Unidad Central Operativa (UCO) explicó que Aguirre sostuvo reuniones en las que se acordó supuestamente conceder contratos públicos a empresas que formaron parte de las campañas de 2003 y 2007. La expresidenta también ordenó modificar una batería de leyes autonómicas para garantizar el pago a estas empresas y que los mismos fueran aprobados por Ignacio González, vicepresidente de la región en aquel entonces y posteriormente sucesor de Aguirre.

Aquellas instrucciones llegaron tras varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido especificar de momento, pero se sabe que estuvieron Aguirre, González y Granados. De igual forma estuvieron Alberto López Viejo, Manuel Lamela, Isabel Gallego y el argentino Daniel Horacio Mercado, viceconsejero de Presidencia, consejero de Sanidad, responsable de Comunicación de la Comunidad y empresario, respectivamente. Aguirre fue delatada por Lamela y Mercado como participante de los encuentros.

De acuerdo al exconsejero de Sanidad, en estos encuentros "se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las empresas de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. Desde ahí, las empresas que pertenecían al argentino ganaron contratos para la promoción de la construcción de hasta 10 hospitales y centros médicos, al igual que otras campañas publicitarias para el departamento. Los agentes de la UCO apreciaban delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.

La supuesta financiación irregular de los conservadores alcanza incluso las elecciones autonómicas de 2011. En dicha convocatoria, a la que Aguirre concurrió y ganó de forma abultada, la agrupación celeste invirtió hasta 6,2 millones de euros para su campaña, casi el doble de lo que autoriza la ley. De ese total, cuando menos 1,25 millones de euros vienen de una caja b que estaba a cargo del exgerente Beltrán Gutiérrez, y que se llenaba de los bolsillos de Granados y González.

El magistrado da luz verde a la petición de la Fiscalía de citar como investigados a cuatro decenas de individuos, incluidos Indra como persona jurídica y Javier Monzón, quien presidió dicha empresa entre 1993 y 2015. En junio pasado, la Guardia Civil envió al juez un informe en el que detallaba como Indra inyectó a la sazón 566.497 euros a una firma de formación, la cual al mismo tiempo los envió a Swat PL, una consultora que asesoró al partido en la capital en temas de estrategia y comunicación política para las campañas de 2007 y 2011.

García-Castellón explica que Indra se convirtió con la "participación activa" de Monzón, del consejero Javier de Andrés y del directo Sergio Ruora, en un "instrumento de desvío de los fondos públicos de la compañía Informática de la Comunidad de Madrid y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PP de la Comunidad y de otras deudas del partido o de sus dirigentes". Posteriormente, agrega: "La mercantil Indra no tenía previsto protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, pero es que además su presidente, Francisco Javier Monzón de Cáceres, y los directivos Javier de Andrés González y José Vicente Gil Ortega García intervendrían directamente en muchas de las decisiones de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del Partido Popular". @mundiario