¿Se puede usar la estructura de la Guardia Civil para controlar la crítica al Gobierno?

General 1 [640x480]
El general Santiago es dueño de sus palabras.

La deriva peligrosa de la orden del Gobierno consiste en que los agentes de la Guardia Civil son investidos, por la mencionada orden, con la plena capacidad de ejercer de jueces y censores, además de intérpretes autorizados para delimitar el ejercicio de la libertad de expresión.

¿Se puede usar la estructura de la Guardia Civil para controlar la crítica al Gobierno?

No es ninguna novedad el hecho bien conocido de que la Guardia Civil dispone de un eficiente servicio para la investigación de los delitos que se pueden cometer y se cometen utilizando las modernas tecnologías, de cuya eficacia nos beneficiamos los ciudadanos sin la menor duda. La Guardia Civil recibe e investiga todo tipo de denuncias sobre delitos informáticos como estafas, daños en sistemas o robo de información y de secretos de empresa. Pero la novedad es que también realice investigaciones judicializadas por delitos informáticos vinculados al escenario de la Covid-19, aparte de las relacionadas con acciones de las propias autoridades o a requerimiento de los jueces sobre bloqueo o cierre de páginas web y de perfiles en redes sociales que se emplean para fines fraudulentos o delictivos, suplantación de personalidad, falsos perfiles, etc.

El debate y el problema radica en delimitar si, al mismo tiempo, esa estructura puede ser utilizada a requerimiento del Gobierno para controlar la crítica a su propia gestión, en este caso sobre la pandemia que padecemos, o sobre cualquier otra controversia que se pueda generar. Todos los gobiernos, sin excepción –y creer lo contrario sería ingenuo—utilizan los recursos del Estado en beneficio de su propia actividad, especialmente los menos sometidos al control de la opinión pública directa. Quizá ya no recordamos el modo en que en la época de Zapatero se involucró a la propia policía en impedir que, mientras éste negociaba con ETA, pudieran consumarse operaciones ordinarias contra su estructura de recaudación del llamado impuesto revolucionario que hiciera peligrar la negociación, y que acabó llevando a la cárcel, como pagadores del pato a varios altos mandos policiales. El propio Otegui, cuando fue detenido en el transcurso de una operación ordinaria preguntó: “¿Lo sabe el fiscal general del Estado?”.

En este caso, no es cierto que las palabras del general José Manuel Santiago hayan sido ni un desliz ni un error, como señaló el ministro del Interior, Marlaska, que hace últimamente un papelón que no se corresponde con su trayectoria como juez. En este caso, llueve sobre mojado y el asunto se solapa con la encuesta del CIS y la pregunta peligrosa en la que se proponía sencillamente que el vecindario apoyara la imposición de la censura y vetara la crítica al Gobierno en el modo en que gestiona la pandemia.

El problema viene determinado porque entendiendo que el objeto principal de estas medidas es, como debe ser, evitar la confusión de los ciudadanos y generar en la sociedad una situación de “estrés social”, se aproveche para atajar la "desafección a las instituciones del Gobierno", como se indica de la comunicación enviada el 16 de abril a la propia estructura de la Benemérita a la que se ordena elaborar un informe semanal, a entregar los viernes, con las noticias falsas detectadas, además de toda la actividad, digamos ordinaria, sobre la comisión de delitos informáticos en general.

La deriva peligrosa consiste en que los agentes de la Guardia Civil son investidos, por la mencionada orden, con la plena capacidad de ejercer de jueces y censores no ya para detectar bulos y noticias falsas, sino que pueden ser intérpretes autorizados para delimitar el ejercicio de la libertad de expresión que consagra el artículo 20 de la Constitución en aquellos comentarios que, siempre a su juicio, puedan suponer “desafección al Gobierno”.

Y la evidencia de que la interpretación de sus iniciales palabras no fue errónea, es que el propio jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, hubo de aclarar sus intenciones, indicando que "Cuando he hablado de bulos, me refiero a que la monitorización que realiza la Guardia Civil de las redes sociales trata de identificar la desinformación de origen incierto que pueda generar estrés social, alarma social, en cuestiones que tienen que ver con la salud” y añadió que salir al paso del “clima contrario a la gestión del Gobierno". Ante el efecto de sus palabras vino a aclarar, de modo muy tranquilo, que como siempre parece que ocurre en estos casos, son los otros los que interpretan mal las palabras, ya que, como dijo: "En ningún momento hablamos de crítica política", y que las instrucciones de identificar noticias falsas a "instituciones de todo el Estado” se refería a instituciones del ámbito local, autonómico, estatal", o sea, a toda estancia pública, desde un Ayuntamiento al Estado. O sea, que hasta un alcalde debe ser criticado con el “debido respeto” del artículo 2 de la Ley de Fraga, como en los viejos tiempos.

Lo que pasa es que en castellanos las palabras quieren decir lo que dicen, y prueba de ello es que las normas en vigor sobre la defensa de los consumidores frente a la publicidad ilícita, es que los anuncios se interpretarán, no como lo haría un especialista, sino un hombre de la calle.

Y eso es lo que ha ocurrido en este caso, el hombre de la calle ha interpretado que el ilustre general quiso decir lo que dijo. @mundiario

Comentarios