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Así se ha defendido el delegado de Gobierno frente a la jueza que lleva el caso del 8-M

José Manuel Franco ha argumentado que en esas fechas no había ninguna recomendación para no permitir un derecho fundamental.

Así se ha defendido el delegado de Gobierno frente a la jueza que lleva el caso del 8-M
José Manuel Franco. / RR SS
José Manuel Franco. / RR SS

Maira Perozo

Periodista.

José Manuel Franco, el único imputado por prevaricación, ha comparecido ante la magistrada que lleva el caso durante más de una hora. El delegado del Gobierno en Madrid, se ha deslindado de cualquier responsabilidad por los posibles contagios derivados de las manifestaciones en marzo, hasta el día 14 cuando se decretó el estado de alarma, y concretamente por la del día de la mujer celebrada el 8 de marzo.

“No había en aquel momento ningún elemento que me llevase a prohibir un derecho fundamental como es el derecho a manifestación”, ha expresado Franco a la salida del juzgado.

“No me puedo considerar responsable del 8-M”, ha apostillado a preguntas de los periodistas. En esa línea, Franco ha comunicado sobre los dos informes enviados por el instituto armado a la juez y que lo señalan directamente, que además de contener especulaciones y algunos errores: “lógicamente, no puedo estar de acuerdo con los informes que han hecho”.

Su defensa se ha centrado en unos argumentos que ya avanzó la Abogacía del Estado en sus primeros escritos, cuando acusó a la juez de haber abierto una “causa general” contra el Gobierno. Con los datos que entonces manejaban en el organismo, no se podía prohibir un derecho fundamental. “Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que nos decían los expertos sanitarios”, ha insistido el dirigente socialista.

La jueza Rodríguez-Medel, que suma ya más de 3.000 folios de investigación judicial, trata de dilucidar si el representante del Ejecutivo en la Comunidad permitió, por activa o por pasiva, toda una batería de concentraciones cuando ya se contaba con información suficiente para prohibirlas por razones de fuerza mayor.


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Franco es el único imputado en la causa, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden el archivo. Las preguntas de la magistrada se han centrado en los procedimientos que regulan la prohibición o celebración de manifestaciones. Franco ha defendido el ejercicio de los derechos fundamentales.

De la misma manera, el informe en el que el forense afirmaba que “la hecatombe se veía venir” no ha salido a colación durante la vista. La magistrada también ha preguntado al delegado si había recibido indicaciones de autoridades sanitarias o políticas favorables o contrarias a que se permitieran las manifestaciones del 8-M, ante lo cual Franco le ha contestado que no recibió “ninguna notificación, recomendación ni en un sentido ni en el otro. Ni favorable a la celebración ni pidiendo su prohibición”.

El caso 8-M ha generado crispación en la política nacional y el enfrentamiento de los poderes. Además la derecha se ha lanzado contra el Gobierno después de conocerse los informes de la Guardia Civil y el forense incorporados al sumario. Por su parte el PP no solo acusa al Ejecutivo de inacción durante la expansión del coronavirus, sino también de haber permitido la movilización feminista del 8 de marzo pese a tener los datos suficientes para impedirla por motivos sanitarios. A la crisis, se le añade el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, al mando de los agentes que enviaron a la magistrada los informes contra la actuación del Ejecutivo. @mundiario