La Asamblea Nacional de Venezuela instala una Corte Suprema paralela al tribunal chavista

Juramentación de los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, Venezuela, 2017. / Twitter
Juramentación de los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. / Twitter

De esta forma el Parlamento, de mayoría opositora, ignora al Tribunal Supremo de Justicia, al que acusa de ser un brazo del Ejecutivo. El Gobierno ha tachado la medida de anticonstitucional y de ser orquestada para perturbar el orden y alentar la intervención extranjera.

La Asamblea Nacional de Venezuela instala una Corte Suprema paralela al tribunal chavista

La oposición venezolana se mantiene firme. Su intención de instalar un gobierno distinto al de Maduro no se debilita en el tiempo y sus acciones así lo confirman. Luego de un plebiscito en el que más de 7 millones de venezolanos dijeron que rechazaban la Constituyente impulsada por el mandatario nacional y una huelga general que paralizó el país este jueves, la última estrategia de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, apunta hacia el poder Legislativo, por lo que este viernes fueron designados y juramentados 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que se considerara que los anteriores habían sido nombrados de manera ilegítima, hecho que ha sido reconocido por la Fiscal Luisa Ortega Díaz.

En un improvisado hemiciclo, celebrado al aire libre en la plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes, uno de los bastiones más representativos de la cruzada opositora en la capital nacional, se presentó la lista de los nuevos togados, que hasta ese momento se había mantenido en secreto, ya que el Gobierno había amenazado con encarcelar a los magistrados “por usurpación de funciones”. Para elegir a los candidatos se instaló un comité de postulaciones que estuvo compuesto por un grupo de cinco diputados y seis personas de la sociedad civil. En el proceso se revisó con lupa que los requerimientos dispuestos por la ley fueran cumplidos. En ese sentido, los magistrados debían poseer credenciales, además de una formación académica, que incluyera el ostentar un posgrado en materia judicial.

La juramentación fue llevada a cabo a pesar de que este jueves el Supremo emitió una sentencia en la que desconoce tal medida, escudándose en el hecho de que la orden es inconstitucional, ya que instalar nuevos magistrados para el TSJ resulta extemporáneo, debido a que los períodos de ejercicio de los actuales aún no se han vencido. En contraposición, la AN, liderizada por Julio Borges, aseguró que su decisión está amparada por el artículo 264 de la Constitución, así como por el 8 y el 38 de la Ley Orgánica del TSJ.

La decisión aparece como el desconocimiento formal a las funciones de los magistrados que fueron designados de forma exprés por el Parlamento en diciembre de 2015, cuando la AN aún era controlada por los chavistas y antes de que la oposición ganara la mayoría en las elecciones que renovarían el Legislativo. En ese entonces, el proceso fue duramente cuestionado por la oposición porque la mayoría de los candidatos mantenían fuertes lazos con el régimen madurista.

Pero el estallido por la ilegitimidad en el proceso de elección de los togados del TSJ se produjo cuando en junio, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió a la instancia para impugnar la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes de ese órgano judicial, alegando que el acta donde se realizó la segunda preselección para elegir a los jueces no estuvo firmada por ella ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano. Ortega Díaz, entonces procedió a solicitar la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional donde seleccionaron a dichos magistrados. "No fue fácil para mi acceder a las actas de la designación de magistrados, ese proceso estaba viciado. Dije eso está mal hecho y no voy a firmar”, aseveró la Fiscal, quien hoy enfrenta un juicio y se ha convertido es uno de los más grandes enemigos de Maduro.

Aunque aún no está claro cómo tomarán posesión los nuevos magistrados, según el contralor general de la República, Manuel Galindo, la acción adoptada por la Asamblea Nacional puede traer sanciones penales, civiles y administrativas, basándose en los artículos 138 y 139 de la Constitución. Por su parte, el Gobierno sostiene que el gesto está pensado para perturbar el orden y alentar la intervención extranjera, mientras que el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, ha instado a las autoridades a llevar a prisión a los nuevos togados e incluso, a quienes fueron los miembros encargados de seleccionarlos.

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