Artur Mas dice que el Pacto Fiscal pudiera haber evitado el procès

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas i Gavarró, aprovechó una amable entrevista en el programa de 24 horas de Televisión Española para recordar que el origen del actual proceso que vive Cataluña contra el Estado se inició cuando Rajoy le negó "un Pacto Fiscal” como el del País Vasco, y con la reforma en 2010 del Estatut que les otorgara sin conocerlo Zapatero en 2006, aprobado por el Congreso de los Diputados y refrendado por el pueblo de Cataluña. Digo lo de entrevista amable porque por desconocimiento o instrucciones, los periodistas no le preguntaron, si tenía el respaldo de la Cataluña toda, ¿cómo fue posible que no acudiera a refrendarlo ni el cincuenta por ciento del electorado, si bien tres de cada cuatro de los que votaron lo hicieron a favor?

Más insistió en que de haber obtenido el pacto fiscal del que Rajoy no quiso ni hablar quizá las cosas se hubieran desarrollado de otro modo, aunque también dijo que el objetivo final de los independistas era la independencia, aunque se pasara por una etapa previa de convivencia dentro del Estado con progresivas cuotas de competencias y la reducción obviamente de las de aquel.

Carles Puigdemont y Artur Mas. / RR SS.

El “Pacto Fiscal” que pretendía Mas se basaba en una propuesta que en 2011 aprobara el Parlamento de Cataluña con los votos de CiU, ERC y ICV y el rechazo de PSC, PP y C's. Se trataba de abandonar el modelo de régimen común para pasar a una relación bilateral entre Estado y Generalitat. Era precisa nueva ley que regulara los detalles del nuevo modelo catalán con la cesión a la Generalitat de todos los tributos que se pagan en Catalunya y la consecuente creación de una Agencia Tributaria Catalana, que recaudara, gestionara, liquidara todos los impuestos con plenas competencias de inspección. Además, el Parlament contaría con capacidad normativa sobre toda la fiscalidad catalana. O sea, una total autonomía fiscal para Catalunya

Más sobrevoló sin entrar en el asunto a propósito de la serie de modificaciones, muy pocas, sobre aquel Estatut, que el Constitucional introdujo en el denso texto, que venía a ser más que una Constitución. Cuando se alude a las reformas que, según Mas y otros “vaciaron de contenido el Estatut de 2006” se evita citar exactamente qué fue lo reformado.

Lo que fue reformado

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 artículos e interpretables otros 27 sobre un total de 223, además de despojar de eficacia el préambulo con referencia a los términos “nación” o “realidad nacional”. El TC recordó que la única nación que, en sentido jurídico constitucional reconoce la Constitución es la española, y que la soberanía, que no es troceable –como ahora se pretende—reside en el concepto del pueblo español, de suerte que no se puede confundir el concepto de nación socio-cultural con nación política. En ese sentido, los catalanes no son los descendientes de los carolingios o los asimilados, sino todas las personas con nacionalidad española con vecindad civil en aquella comunidad. Otro punto controvertido fue el relativo a la marginación del castellano –ahora superado por la Ley Celaá--, al considerar que el catalán era la única lengua propia de Cataluña.

Se pretendía que los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias fueran vinculantes con respecto a los proyectos de ley y las proposiciones del Parlamento, de suerte que se privaba al Estado de legislar con efectos sobre Cataluña, como en el resto del Estado, sobre competencias no cedidas, al tiempo que se pretendía que tales dictámenes escaparan al propio control del Tribunal Constitucional.

Se privada al Defensor del Pueblo, del Estado, la posibilidad supervisar los actos de la Administración catalana, que sólo se sometería a la competencia exclusiva del Síndic de Greuges, de modo que aquél sólo podría actuar en el caso de las otras comunidades autónomas. Y si eso no bastara, el Estatut de 2006 impedía la actuación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial y que es exclusivo del Estado, creando su propio Consejo de Justicia de Cataluña.

Mas y Pujol. / RR SS.

En esa misma línea de hurtar al Estado el ejercicio de sus propias competencias en Cataluña en materia legislativa y reglamentaria y los actos de ejecución del Estado, se obviaba que estas disposiciones tienen carácter básico, y que por ello,  no puede corresponder a la Generalitat la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, ni siquiera en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, puesto que el concepto, el contenido y el alcance de las bases no pueden ser, por regla general, distintos para cada comunidad, pues en otro caso el Estado tendría que dictar uno u otro tipo de bases en función de lo dispuesto en cada estatuto de autonomía. Nuevo agravio comparativo que se crearía con las demás comunidades.
El esfuerzo fiscal

Cataluña se reservaba la capacidad de definir su propio esfuerzo fiscal en función de que los demás hicieran lo mismo, aunque tuvieran menos recursos,, quebrando el principio de solidaridad, cuando aquella región era beneficiada en tantos aspectos, por lo que no sólo hurtaba otra competencia del Estado, sino que vulneraba la autonomía financiera» del resto de las Comunidades. También invadía otra competencia del Estado con respecto a la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los Gobiernos locales, que es una potestad «exclusiva y excluyente» del Estado. Pero como luego veríamos, se trataba entonces de advertir que un parlamento autónomo no podía legislar contra la Constitución en interés de un fragmento del conjunto de los ciudadanos.

Por cierto que, en su día, el juez Santiago Vidal, autor de la Constitución para la República Catalana confesó que Pedro Sánchez les ofreció, antes de ser presidente del Gobierno, que si lo fuera, estaría dispuesto ofrecerles restaurar los contenidos del Estatut reformado mediante leyes orgánicas. Atentos a las negociaciones que vienen.. Se da por hecho de que ERC va a poner sobre la mesa, para empezar, viejas reclamaciones repetidas, sobre todo de dinero. @mundiario