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MUNDIARIO

A los apocalípticos de la división de poderes

En la elección por el Parlamento de los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, está en las legítimas manos del legislador configurar la mayoría exigible para proceder a la designación de estos integrantes del CGPJ.
A los apocalípticos de la división de poderes
Alegoría de la justicia. / Confilegal
Alegoría de la justicia. / Confilegal

Alfonso Villagómez

Doctor en Derecho.

Ante la proposición legislativa de reformar la ley del Poder Judicial se han levantado los apocalípticos de siempre, o casi siempre. "No hay casi ninguna cuestión política en los EE UU que no derive, más pronto o más tarde, en una cuestión judicial".  Son las palabras de Alexis  de Tocqueville pronunciadas hace más de 150 años, cuando estudió  in situ el sistema judicial norteamericano en su inmortal obra La democracia en América. Desde entonces la cuestión de la  regulación del Poder judicial es,   en todas partes,  uno de los puntos imprescindibles en la agenda política, que no atenta de ningún modo a la división de poderes. Todo lo contario: la hace posible.

El bloqueo en que se ha instalado la renovación del CGPJ, un órgano  que  nació para sustraer al ejecutivo el gobierno del poder judicial y acentuar así la independencia de jueces y magistrados, exige una respuesta desde el legislador.

El CGPJ está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y por veinte miembros nombrados por el Rey y por un período de cinco años. De éstos, doce  tienen que ser jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, “en los términos que establezca la ley orgánica”. La Constitución fijó en   el  artículo 122   en un   ⅗ de los miembros del Congreso de los Diputados y del  Senado el porcentaje para la elección  de los 8  juristas  que pueden  formar parte del CGPJ, mientras que para el caso de los demás integrantes de origen judicial remitió a lo que se determinara  en la propia LOPJ.

En el caso de la elección por el Parlamento de los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, nos encontramos con un caso típico de "configuración legal" de su procedimiento. Queda así en las legítimas manos del legislador configurar la mayoría exigible para proceder a la designación de estos integrantes del CGPJ. Es un  caso típico previsto  en la misma Constitución en donde  se pueden encontrar muchos otros supuestos de esta técnica de remisión a los legisladores a la hora de configurar definitivamente el contenido y la forma de las instituciones constitucionales. 

Por lo que, sin perjuicio de lo que el Tribunal Constitucional apuntó en la manida sentencia de 1986,   corresponde a las Cortes Generales  decidir si equipara  la elección de los magistrados del CCPJ a aquella misma   regla aritmética de los ⅗ de las Cámaras, tal como sucede ahora, o si legítimamente opta por una elección de los mismos con un  porcentaje distinto de los miembros necesarios del Congreso de los Diputados y el Senado.

Por más que griten esos voceros apocalipticos de la división de poderes en España, no puede existir, en fin, defecto alguno de constitucionalidad en una reforma legal  que establezca la designación de los 12 vocales judiciales a través de una mayoría absoluta en las Cortes Generales. La Constitucion lo permite. @mundiario