Anticorrupción intenta bloquear la puesta en libertad de Ignacio González

El encuentro celebrado entre José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad, y Pablo González, hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, ha despertado el interés de los fiscales Anticorrupción. Los encargados del expediente de la Operación Lezo han dicho en conjunto que esa cita es de vital importancia para el proceder del caso por lo quepudieron haberse compartido.

Tanto Carlos Yáñez como Carmen García, fiscales de dicha entidad, han presentado un informe para evitar que el exjefe de la capital saliera de prisión. Ambos defienden que González aprovechó sus contactos en el sector Justicia y la Fiscalía, e incluso en la Policía, para alcanzar "impunidad en sus acciones" en el caso Lezo. Debido a ello, prosigue el documento, consideran que dejarlo en libertad facilitaría una fuga y/o la destrucción de pruebas que puedan inculparlo.

Yáñez y García agregan hubo reunión entre Pablo González, quien también se encuentra en la cárcel, y su hermana Isabel, quien es diputada regional. Este evento tomó lugar el 6 de marzo en la oficina que el exfuncionario tiene en la calle Atocha. En esta cita se reflejó deliberadamente "el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación "chivada" del Secretario de Estado de Seguridad", explican.

El monitoreo que hizo la policía a Pablo González y las llamadas confirman la celebración de dicha cita, que encima fue confirmado por el propio Nieto. En su comparecencia en el Congreso admitió haberse entrevistado con González pero para discutir sobre temas de seguridad privada en los mercados mayoristas, que es el ámbito en el que su interlocutor se movía a sus anchas.

No obstante, los fiscales soportan su tesis en el auto que se envió a González a prisión para insistir en la "gravedad de la comunicación con el Secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar". Se trata de otra prueba más, defienden, de que se destruyó evidencia que pudo ser importante para este caso.

En su documento, como respuesta al recurso de apelación presentado para exigir su liberación tras haber sido arrestado el 21 de abril, la entidad trae a memoria que el mismo González reconoció en su confesión que acudió a sus contactos tanto en el Ministerio de Justicia como en el Fiscal a fin de "conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quién".

Con la intención de obstaculizar lo más posible la investigación en su contra, el expolítico y Edmundo Rodríguez, su hombre de confianza en América Latina, acudieron a "personas perteneciente al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".

Los fiscales también explican que existió "un pacto delictivo" entre los investigados. Este acuerdo cuenta con un núcleo que lo mantuvo: "el conocimiento, la participación y la ocultación de 'componendas ilícitas pagadas con dinero público'".

Respecto al desvío de fondos, la investigación cuenta ya con que González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en relación al arraigo familiar citado para forzar su puesta en libertad, los fiscales señalan que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

La Fiscalía Anticorrupción también señala que sólo por tratarse de una figura pública eso no representa forzosamente de que evitará fugarse, puesto que la "realidad judicial de España" cuenta con antecedentes en que se consideraba "impensable" la escapada de algún sujeto y al final sí se dio.

En relación al arraigo familiar presentado por los abogados de González para justificar su liberación la fiscalía explica que "la mayor parte de los miembros de la familia" del exintegrantre del PP han "intervenido en las actividades investigadas".