Rajoy rompe pronósticos pero la gobernabilidad de España continúa en entredicho

La reedición de las elecciones generales del 20 de diciembre se saldó con el triunfo indiscutible de Mariano Rajoy, aventajando en más de cincuenta escaños a su inmediato perseguidor, el PSOE de Sánchez. Los sondeos a pie de urna pronosticaban una victoria corta del PP, la consumación del sorpasso por parte de Unidos Podemos a la formación con sede en Ferraz y el mayor batacazo electoral del PSOE desde 1977. Con ese escenario, la coalición de Iglesias y Garzón ganaba enteros para comandar un gobierno progresista y alternativo a las políticas conservadoras del Partido Popular, siempre y cuando el equipo de Sánchez no opusiese objeción alguna a la unión entre socialistas y morados. 

Como pasara en las elecciones de diciembre, esas encuestas previas al recuento cayeron en saco roto, dibujando un escenario muy diferente al que en la práctica se produjo. Quizá movidos por la incertidumbre del Brexit y la tendencia ascendente que otorgaban los sondeos a Unidos Podemos, los electores más conservadores centraron su apoyo en torno al PP. Así, los populares recuperaron hasta 14 escaños en detrimento, principalmente, del PSOE -que perdió cinco- y de Ciudadanos -que sumó ocho menos que el 20D-, y recuperaron terreno para la derecha española. 

Las expectativas en el seno del PP eran muy modestas, e incluso, aunque no públicamente, se temía que Unidos Podemos pudiera arrebatarles la hegemonía política del país. En consecuencia, los 137 escaños logrados por la formación liderada por Rajoy se celebraron con mayor entusiasmo de lo previsto, y en Génova 13, la sede el PP, se organizó una fiesta antológica. A estas alturas, si nos atenemos a referencias del pasado, no es particularmente sorprendente comprobar que los votantes del Partido Popular son inmunes a la corrupción, a los desmanes y a los tejemanejes de muchas de las figuras distinguidas de la formación. 

Ni las confabulaciones de Fernández Díaz, ministro del Interior en funciones, con De Alfonso ni la proliferante corrupción del PP valenciano le han restado apoyos a Mariano Rajoy. Todo lo contrario. Los populares han salido muy reforzados en la Comunidad Valenciana y le han arrebatado la hegemonía de Andalucía al PSOE de Susana Díaz, uno de sus feudos fetiche. Otro de los logros del PP ha sido el de quedar como primera fuerza en quince de las diecisiete comunidades autónomas, con las salvedades del País Vasco y Cataluña, donde Unidos Podemos ha triunfado restando relevancia política a las formaciones nacionalistas. Una vez más, la política del miedo del PP ha surtido el efecto deseado entre los votantes, y el voto conservador se ha centralizando en el partido de Rajoy. 

El sorpasso que pronosticaban la gran mayoría de las encuestas finalmente no se produjo para alivio del PSOE. Al término del recuento, los dirigentes socialistas comparecieron en Ferraz con un entusiasmo inexplicable

El sorpasso que pronosticaban la gran mayoría de las encuestas finalmente no se produjo para alivio del PSOE. Al término del recuento, los dirigentes socialistas comparecieron en Ferraz con un entusiasmo inexplicable, puesto que los resultados no invitan precisamente al optimismo. Desde las elecciones de diciembre, la formación de Pedro Sánchez ha perdido cinco escaños, la hegemonía en Andalucía -un territorio con gran tradición socialista-, y para más desdicha, se encuentra sumido en una encrucijada que no ayuda a solventar la crisis instalada en el seno del PSOE desde la hecatombe del 20D. Por tanto, en los próximos días, esa satisfacción inicial por haber frenado el sorpasso de Unidos Podemos aun habiendo registrado su peor resultado electoral de la historia democrática de España, dejará paso a la meditación y el análisis con el fin de encauzar un proyecto que vuelva a cautivar al votante de centro-izquierda.

En términos puramente aritméticos, la coalición fraguada por Iglesias y Garzón no fue todo lo rentable que los sondeos habían vaticinado. Los 71 parlamentarios conseguidos por Unidos Podemos, la misma cantidad que la suma de escaños entre Podemos e Izquierda Unida en las anteriores elecciones, se adivinan insuficientes, salvo mayúscula sorpresa, para proponer un gobierno alternativo en alianza con el PSOE. Y no sólo eso, porque la coalición progresista perdió algo más de un millón de votos respecto a las anteriores elecciones. Es evidente, por tanto, que uno de los enemigos principales de Unidos Podemos ha sido la abstención de parte de la izquierda.

Otro de los grandes perjudicados en estas elecciones ha sido Ciudadanos, perdiendo relevancia entre la derecha española en detrimento de un Partido Popular que sale reforzado con casi ocho millones de votos. No obstante, y a pesar que sólo se trate de un logro menor, puramente analgésico, el partido liberal de Albert Rivera superó las previsiones, que lo colocaban con menos de 30 escaños, alzándose finalmente con 32 parlamentarios. 

Con este escenario, la gobernabilidad de España continúa en entredicho, ya que ningún partido posee la suficiente autonomía como para formar un gobierno aritméticamente estable. En estos momentos, el PP tiene la obligación moral de intentar la investidura su líder, y eso sólo sería posible con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, lo que desataría la ira del votante socialista. Los de Rivera, aun habiendo consumado un fracaso que se advertía desde el fallido pacto de investidura con el PSOE, impondrán condiciones para dar su apoyo al PP. Entre otras, que Rajoy se haga a un lado y que los populares se impliquen activamente en el saneamiento de su partido, muy lastrado por la corrupción. Con todo, la izquierda deberá asumir su papel, el de formar una oposición sólida para frenar las políticas liberales del Partido Popular. Por remota e improbable que parezca, el ala progresista cuenta con una última posibilidad que evitaría que PP se alzase con el mando del país: la suma de fuerzas, dejando de lado reproches, reticencias y querencias, de toda la izquierda y los partidos independentistas. Para ello, cada partido debería rebajar sus condiciones y hacer cesiones en aras del bien común. Y ese sería, a todas luces, el mejor escenario posible. En definitiva, la prórroga de las políticas tradicionalistas del PP podría contribuir a asestar un golpe definitivo a una mayoría empobrecida de la población.