El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos presenta bastantes luces y algunas sombras

El acuerdo entre PSOE y C’s presenta bastantes luces y algunas sombras y es el único texto que, hoy en día, se puede convertir en un programa de gobierno. Convendría analizarlo con independencia de sesgos partidarios e intereses tácticos. Y sabiendo que el Parlamento español actual ofrece un equilibrio absoluto entre derechas e izquierdas.

Liberémonos de etiquetas que tan solo sirven en estos momentos para la descalificación desde ambos lados y centrémonos en el contenido del acuerdo que firmaron PSOE y Ciudadanos, partiendo de que tras pactar con Ciudadanos, Pedro Sánchez miró a Podemos en su discurso de investudura en el Congreso.

Luces y sombras

Empecemos por las luces, que son muchas e importantes. La primera, que en mi opinión no se ha ponderado suficientemente, es la apuesta por el cambio de modelo económico. Durante los últimos años se ha reducido la inversión de I+D en España y se ha renunciado a la política industrial para estimular la expansión de los sectores de mayor potencial, en concreto la economía asociada al cambio climático y el medioambiente. El acuerdo explicita un cambio total de actitud al respecto e incluye medidas de indudable alcance. Faltan cifras, es la principal debilidad del documento. Sin números, se resiente la credibilidad de los postulados.

Deben señalarse otras líneas de actuación, igualmente silenciadas en la mayoría de análisis, que tienen su valor pues evidencian el acierto del diagnóstico. Uno de los lastres principales de competitividad de la economía española es el reducido tamaño medio de sus empresas, y otro es la falta de recorrido del emprendimiento. Las medidas que se anuncian en el acuerdo van en el sentido correcto aunque nos parecen insuficientes. Su desarrollo debería implicar su revisión en positivo con el fin de potenciar su impacto.

El documento incide de manera amplia, aunque algo enrevesada, en la necesidad de transformar el mercado laboral español. Es imposible analizar en este artículo el conjunto de propuestas realizadas pero al menos se debe señalar la intención de racionalizar los instrumentos de contratación, limitar la temporalidad y la precariedad, evitar el abuso generalizado, modernizar y profesionalizar la labor pública de orientación al desempleado –de ínfima calidad a día de hoy– y de optimizar la gestión de los fondos dedicados a las políticas de empleo. Se echan en falta, sin embargo, acciones específicas que prevengan el fraude desmesurado que existe en un alto porcentaje de empresas españolas en materia de contratación y el control de las horas extraordinarias que, en muchos casos de manera ilegal, distorsionan gravemente el funcionamiento del mercado de trabajo.

También debe reconocerse la bondad del acuerdo en materia de recuperación de derechos, de garantía en materia sanitaria, de atención a los colectivos en riesgo de exclusión social, de voluntad de restituir la independencia perdida de la Justicia, de lucha contra la corrupción, de reforma de la Administración, de valoración de la cultura y la educación como ejes críticos del desarrollo y, en general, de restauración de unos principios de gobierno tan hondamente lesionados durante los cuatro años de gobierno popular.

Por el lado de las sombras, se identifican algunas carencias de singular relevancia, como la falta de apuesta por el desarrollo rural, un aspecto clave en el futuro de las sociedades avanzadas por más que la cultura urbana que prevalece en nuestras élites insista en ignorar. También la escasa determinación en la reforma de la organización territorial. Se aboga por la eliminación de las diputaciones con el objeto de sustituirlas por un difuso “consejo de alcaldes”; lo pertinente sería eliminar las provincias como unidad territorial y emprender un ambicioso plan de fusión de municipios con el objetivo de no permitir ayuntamientos por debajo de un número determinado –entre 10.000 y 25.000– de habitantes.

Otro aspecto oscuro es, obviamente, la falta de concreción financiera del conjunto del programa y la insuficiencia de las propuestas de carácter fiscal. Se reconoce la necesidad imperiosa de aumentar la recaudación pero apenas se esbozan buenas intenciones al respecto. Unos mayores ingresos solo pueden proceder de aquéllos que más tienen y de los que no pagan lo que les corresponde. Aquí radica la principal sombra del acuerdo pero es una gran sombra. ¿De dónde van a salir los fondos necesarios para reducir el déficit público y para financiar las acciones propuestas en el acuerdo? Sugiero, modestamente, revisar mi artículo anterior en MUNDIARIO: Ante la amenaza de nuevos recortes, se impone el aumento de ingresos públicos.

PP y Podemos

Para que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos se pueda transformar, con las debidas mejoras, en un posible programa de gobierno, requiere el apoyo bien del Partido Popular, bien de Podemos. El PP no puede votarlo. Lo ha dicho expresamente la vicepresidenta en funciones: no pueden apoyar un programa que va en contra de lo que su partido impulsó durante los últimos cuatro años. Claro que Sáenz de Santamaría también afirmó que sus medidas habían acabado con la crisis, lo cual es una falsedad recalcitrante. Los ciclos económicos tienen su propia dinámica. Los gobiernos pueden acortar las crisis y/o paliar sus efectos. El ejecutivo de Rajoy hizo justamente lo contrario: alargó la duración de la crisis y agravó sus consecuencias.

¿Qué decir de Podemos? Pues que buena parte del documento podría haberse redactado en términos similares tras una negociación entre el partido de Pablo Iglesias y el de Pedro Sánchez. Los diputados de Podemos representan el 18,6% del Congreso, un 13,4% si se prescinde de las confluencias gallega y catalana que, en principio, presentan requerimientos específicos para una posible investidura. Así pues, una defensa numantina de las posiciones de Podemos no parece justificarse a partir de su peso en la Cámara. Sin embargo, ante el NO previsible de los populares, el apoyo del grupo morado se revela indispensable.

¿Qué alternativas tiene Podemos? En esencia, dos: permitir formar gobierno a Pedro Sánchez o forzar nuevas elecciones. Entrar en negociaciones con PSOE (y Ciudadanos) para matizar los puntos del acuerdo que más se distancien de sus postulados les permitiría participar del próximo gobierno español si bien no con la posición de fuerza –y quizás algo de soberbia– desde la que iniciaron este período postelectoral. Provocar nuevas elecciones implicaría que dentro de tres meses, volviésemos a vernos en situación parecida a la actual. La única alteración sustancial podría ser –una hipótesis– el intercambio de posiciones entre PSOE y Podemos. Tras un rechazo a la investidura de Sánchez, no parece muy probable que los socialistas apoyasen una posible investidura de Iglesias. Finalmente, PP y Ciudadanos refrendarían un programa bastante peor que el acuerdo que estos días se debate en el Congreso y nos enfrentaríamos a cuatro años de gobierno de continuidad. Ustedes verán.