¿Actúa el PSOE como se espera de un partido constitucional?

Resulta inevitable preguntarse, sobre todo a partir de recientes acontecimientos, si el PSOE es hoy en día un partido seriamente comprometido en la defensa de la Constitución y sus exigencias o que la tolerancia de sus órganos de dirección con determinadas decisiones y acuerdos de algunas de sus organizaciones territoriales (pues quiero creer que no son partidos independientes) en el País Vasco, Baleares o Navarra, sin ir más lejos, hacen dudar de que el PSOE que dirige Sánchez siga siendo el mismo que fue pieza fundamental en el proceso de la transición a la democracia y la propia elaboración de nuestra Carta Magna.

Varias veces he citado a Fernando de los Ríos, quien decía que el verdadero socialista piensa primero en España; luego en el partido y finalmente en sí mismo. Durante muchos años el PSOE demostró ser un partido con sentido de Estado por encima de los errores que pudieron cometer sus dirigentes del pasado en casos concretos. Pero de ese sentido no cabía duda hasta que de pura carambola llega al Gobierno un licenciado en Derecho, sin experiencia laboral en el foro, llamado José Luis Rodríguez Zapatero, de suerte que las secuelas de su mandado alimentan alguno de los más graves problemas que sigue afrontando el Reino de España.

Resulta francamente infantil que, como ocurre en nuestros días, para ocultar la gravedad de los efectos del acuerdo con Bildu-ETA en Navarra para colocar de modo altamente precario y subordinada al nacionalismo independentistas vasco a una presidenta hipotecada y vigilada, que, a falta de mejor recurso, se trate de justificar esta grave entrega a que el PP ha cometido parecidas tropelías al pactar Maroto con Bildu en su día o permitir que el brazo político de ETA asuma presidencia de órganos encargados de cuidar de los derechos humanos en determinadas instituciones. Es lo mismo. Pero se supone que el PSOE posee un talante moral y mayor sentido de la responsabilidad y la dignidad que el PP. O eso se dice.

Recientemente me refería a otros casos que denotan que por lo visto dentro del PSOE las diversas organizaciones territoriales andan a su aire, porque o bien se les permite o porque a la dirección federal le parece bien la “catalanización” de Baleares, las medidas que restringen el uso de la lengua oficial del Estado o el boicot que la actual presidenta hace a determinados actos institucionales que tienen que ver con la historia de las islas con relación al resto de España.

¿Y qué decir del País Vasco, donde el PSOE no sólo retiró el recurso se constitucionalidad contra la ley que pretende blanquear a ETA y sus entornos, revisando las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contra la organización terrorista, extendiendo la duda sobre su actuación? El propio ministro del Interior, Marlaska, me contó en unas jornadas universitarias en las que coincidimos como ponentes,que los etarras que eran detenidos cumplían un protocolo bien conocido: acusar a la Guardia Civil o la Policía de haber sido torturados. Esa es el fundamento sobre la ley de revisión de la llamada “violencia policial”, que aprobó el Parlamento vasco con los votos del PSOE y que, entre otras, puede tener como consecuencia que los terroristas y su entorno perciban elevadas indemnizaciones por haber denunciado al Estado por perseguirlos.

Cuidado con Euskadi y Navarra

Pero hay un asunto de mayor gravedad que comparten por igual el País Vasco y Cataluña. El PNV ha pedido a Sánchez que se arbitre el modo de que una vez que se apruebe un nuevo estatuto para esta comunidad, el Tribunal Constitucional no pueda revisarlo. No es cosa nueva, en la “Declaración de Granada” de 2013, que fija la política autonómica del PSOE, ya se propone que una vez votado en referéndum, el Constitucional no pueda intervenir para corregir aquellos contenidos que pudieran ser no constitucionales, como ocurrió con el Estatut de Cataluña de 2006, y que el Doctor Sánchez ha ofrecido reponer mediante leyes orgánicas (que seguirán siendo no constitucionales). Y todo ello adobado por una reforma de la Constitución de no sabemos qué alcance, “para encajar a Cataluña y Euskadi”.

Cierto que la “Declaración de Granada” dice una cosa y luego la matiza, pero está claro por dónde se quiere transitar, que el Constitucional no pueda corregir los acuerdos políticos que el PSOE pudiera establecer con el nacionalismo catalán y vasco y que se plasme en los respectivos estatutos.

Y como traca final del proceso, la reforma de la Constitución. Sánchez ha dicho que dentro de España hay muchas formas de ser español y que una cosa es sentirse español si eres de Madrid, o de otra parte. Menos mal que nunca se ha sentido concernido por sus propias palabras ya se refiera a lo que opina de quien considera “socio preferente” o lo que le merecía la calificación las actuaciones ilegales de los independentistas catalanes. Confiemos en que al menos crea que se sienta español simplemente. @mundiario