El abono del rey emérito ante Hacienda no frenó la investigación en su contra

Rey Juan Carlos I. / Pixabay
El rey emérito Juan Carlos I. / Pixabay

La Fiscalía General anunció que evaluará el alcance de la declaración tributaria presentada por Juan Carlos I cuyo monto es de casi 700.000 euros. 

El abono del rey emérito ante Hacienda no frenó la investigación en su contra

El intento de neutralizar una querella por un delito fiscal por parte del rey emérito, quien esta semana canceló ante Hacienda un monto de casi 700.000 euros como parte de su deuda, no ha frenado una investigación que en su contra adelanta la Fiscalía General por la presunción del uso de tarjetas de crédito vinculadas a fondos de un empresario mexicano. 

El anuncio lo hizo la Fiscalía este viernes a través de una nota en la que explica que la investigación se centrará por ahora en evaluar que la declaración de Juan Carlos I ante Hacienda el pasado 9 de diciembre cumpla con tres principios fundamentales: espontaneidad, veracidad y completitud.

Juan Ignacio Campos, el abogado que dirige el equipo de fiscales, explicó que esta investigación implica una exhaustiva evaluación de las cuentas y patrimonios de Juan Carlos I para lo cual se estima que soliciten ayuda a la Agencia Tributaria y a la Dirección General de Tributos de Madrid.

El objetivo de las investigaciones es determinar si la declaración presentada por el otrora Jefe de Estado cumple con los requisitos establecidos en el Código Penal para ser exonerado de un delito fiscal. Además se estima que el Ministerio Público aún tiene información por recabar, la cual será clave para establecer si lo declarado por Juan Carlos I coincide con lo investigado por la Fiscalía.

Hace unas semanas el Ministerio Público notificó a Juan Carlos I que se había abierto una investigación en su contra por el uso de tarjetas de crédito que les había donado el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y cuya declaración había sido evadida por el rey emérito, hasta este miércoles cuando presentó un abono ante Hacienda por un monto de 678.393 euros.

La intención de esta declaratoria es ampararse en el artículo 305.4 del Código Penal que permite regularizar la situación fiscal, antes de que sea elevada ante el Tribunal una denuncia de delito fiscal.

La maniobra utilizada por Juan Carlos I levantó una ola de críticas por parte de representantes de Más País y Unidas Podemos, quienes han pedido que se trate al rey emérito como un ciudadano común, cuya petición la basa Pablo Iglesias en el artículo 7 de la Constitución, que establece que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley".

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso salió en defensa de Juan Carlos I de quien destacó su trabajo para rescatar la democracia en España y recodó que "la ley es la misma para todos, pero no todos somos iguales ante la ley". Además criticó los ataques contra la monarquía que a su juicio buscan socavarla para convertirla en una "república bananera". @mundiario

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