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8 propuestas que los agricultores plantean al Gobierno español

La agricultura española ocupa el segundo puesto en términos de producción dentro de la Unión Europea, con más de 25.000 millones de euros en 2018. Unas cifras que reflejan la relevancia de la agricultura pero que no se trata adecuadamente.
8 propuestas que los agricultores plantean al Gobierno español
El sector agrícola se moviliza en España. / TW @AsajaNacional
El sector agrícola se moviliza en España. / TW @AsajaNacional

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Judith Muñoz

Judith Muñoz

La autora, JUDITH MUÑOZ, es escritora y periodista. Fue coordinadora general de MUNDIARIO, donde actualmente es adjunta al Editor. Fue redactora del periódico Xornal de Galicia y también formó parte del equipo del periódico La Voz de Galicia y de la agencia Quattro Idcp. Es autora del libro de poesía Anhelo. @mundiario

España posee 230.455 kilómetros cuadrados de superficie cuyo uso principal es la agricultura, el 46,2% del total del territorio español. De este porcentaje, el 21,3% está ocupado por tierras de cultivo; es decir, no toda la tierra utilizada para agricultura está cubierta u ocupada por tierras de cultivo, sino que también existen otras coberturas, como los bosques, los matorrales, o los pastizales, cuyo uso puede ser para agricultura.

Sumando a la agricultura el uso forestal, 108.298 km2 (21,7% de la superficie) y el uso para pesca interior, 243 km2 (0,05%), suponen todos juntos el 68% del territorio, es decir, más de dos terceras partes de la superficie total de España.

Asimismo, la agricultura española ocupa el segundo puesto en términos de producción dentro de la Unión Europea, con más de 25.000 millones de euros en 2018. Unas cifras que reflejan la relevancia de la agricultura en nuestro país. Una relevancia que no se trata adecuadamente dada la crisis de rentabilidad que sufre el sector, no hoy, sino a lo largo de años y que tiene causas concretas:

> Los bajos precios que obtienen los productores de la comercialización de sus productos con respecto a los costes de producción;

> La competencia desleal que supone la comercialización en territorio europeo de productos de terceros países que no cuentan con los estrictos controles de calidad y seguridad alimentaria a los que están sometidos los productos españoles;

> Una mano de obra agraria superior al del resto de zonas productivas europeas y de terceros países. Por ejemplo, en Marruecos la mano de obra agraria, según el Libro Blanco de la Asociación de Productores Franceses de 2017, es un 91 % más barata que en España. El coste de la mano de obra en España supone entre un 40 y un 60% de los costes totales de producción, por lo que la subida del 22% del salario mínimo interprofesional en 2019 ha supuesto, no solo un descenso del ritmo de contratación de mano de obra, sino la caída del empleo en el sector, tal y como afirman lo sagricultores españoles;

> La subida de los impuestos al diésel, la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos o el Brexit, son otros de los recientes problemas que se suman a los ya clásicos.

Las protestas que se están viviendo estos días en España por parte del sector agrícola acarrean años de inclemencias que se han visto colmadas con la reciente subida del SMI por parte del Gobierno PSOE-Podemos. Pero la principal queja de nuestros agricultores no tiene que ver con el salario mínimo sino con la “absoluta falta de un precio justo que permita, al menos, cubrir los costes de producción”, afirman desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

Estas son los principales temas a tratar que los agricultores han llevado hasta la mesa del actual ministro de Agricultura, Luis Planas:

1. Venta a pérdidas: Que se establezca como práctica abusiva, y por tanto prohibida, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.

2. Precios justos por Ley: Que se defina el concepto de precio justo para cada uno de los productos agrarios perecederos que estará estrechamente ligado a los costes de producción.

3. Índices de costes de producción en los contratos: Que en los contratos de compraventa de los alimentos se puedan referenciar a índices de costes de producción, como sucede en Francia o Italia.

4. Mediador: Que se reconozca la figura de un mediador o árbitro que actúe para velar por las buenas relaciones en la cadena agroalimentaria.

5. Sanciones ejemplares: Las sanciones a los que abusen deben ser ejemplares y sobre todo públicas. No como ahora, que son secretas e irrisorias.

6. Estudios de costes: Los estudios sobre los costes de producción llevan tiempo sin actualizarse. Hay que dar más transparencia a la cadena agroalimentaria. Es la mejor garantía para frenar los abusos.

7. Etiquetado: El etiquetado en origen debe ser obligatorio para todos los productos frescos y manufacturados, como forma para poner en valor el trabajo de los agricultores y dar más información a los consumidores.

8. Venta directa: Establecer medidas que regulen y faciliten la venta directa de los productos agrícolas y ganaderos por cauces directos. @mundiario