A 40 años de dictadura suceden otros 40 de gran opacidad en asuntos de Estado

Ley de Transparencia
Ley de Transparencia.

España es el último de la fila del mundo occidental en materia de acceso a archivos que tengan carácter político, diplomático y militar, asegura el prestigioso investigador Ángel Viñas.

A 40 años de dictadura suceden otros 40 de gran opacidad en asuntos de Estado

España es el último de la fila del mundo occidental en materia de acceso a archivos que tengan carácter político, diplomático y militar, asegura el prestigioso investigador Ángel Viñas.

 

A pesar de que llevamos casi cuarenta años de democracia, los mismos que de dictadura, seguimos siendo el país de los grandes arcanos. Hemos nacido a la libertad hace cuatro décadas, pero nos persiguen los fantasmas del franquismo en materia de transparencia. Somos campeones de la opacidad, siguiendo aquella máxima popular de que cuanto menos se hable menos se escribe. Pongamos solo tres o cuatro ejemplos. El 23-F nos queda a una distancia de treinta y tres años y todavía hoy menudean sombras de sospecha sobre los animadores de la intentona de golpe de estado. Para mayor intriga, los papeles siguen sin desclasificarse. Eso si nos vamos atrás en el tiempo, pero si nos quedamos con la actualidad más fresca, observamos como hoy no sabemos aún las razones que llevaron a Juan Carlos I a abdicar en su hijo Felipe VI y  nos devanamos los sexos en platós y tertulias de toda índole especulando con los motivos. Como tampoco se entenderá por qué el monarca saliente no quiso acompañar en la toma de posesión a su hijo. La opacidad es prima segunda de la impunidad. Por diversas instituciones campeaba el "mago" Urdangarín y la red Gürtel y todo el mundo se callaba. Habrá medios de comunicación que gusten más o menos, que se alineen más o menos con las grandes formaciones políticas, pero en este caso hay que reconocer sin ambages que, una vez más -el anterior papel clave en nuestra historia fue el "tejerazo" televisado y la "noche de los transistores"- ha sido la prensa (hoy las redes sociales también son determinantes) la que le ha dado la vuelta a la tortilla y ha roto con los tabúes y pactos tácitos y ha puesto con el culo al aire, si se me permite la gráfica y escatológica expresión, a las elites gobernantes y políticas, implicadas en esa tela de araña que es la corrupción. Otro episodio que podía calificarse de Secreto de Estado es el motivo por el cual hay tanta prisa en proteger jurídicamente a Juan Carlos, lo que lleva a que escuchemos como posibles causas la supuesta implicación en los negocios de su yerno e hija o que podían lloverle reclamaciones de paternidad. Cualquiera de las dos tesis son deplorables, aunque la segunda pertenece a la vida íntima y allá cada cual, pero sin olvidar que este era hasta ahora el Jefe del Estado, es decir, no era un ciudadano cualquiera.

Formalismos

Si nos atenemos a los formalismos legales, el artículo 14 de la Ley de Transparencia aprobada en diciembre del año pasado está más jalonada de condicionantes que de ventajas. Así, por ejemplo, precisa que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, o la protección del medio ambiente...Vemos como se crea la norma para maquillar la gestión, pero en realidad tiene escaso valor efectivo. A mayor abundancia de argumentos, para nada contempla la desclasificación de documentos. Por otro lado, la Ley de Secretos Oficiales fue promulgada en plena etapa franquista (1968) y modificada en 1978, poco antes de la aprobación de la Constitución, con el objetivo de dar encaje legal al uso de los fondos reservados. Y esa ley franquista establece que “la única manera de que los secretos vean la luz es con un mandato expreso del órgano del Estado que los declaró reservados”, subraya Antonio Malalana, historiador y profesor de Técnicas de Investigación e Historia de la Universidad CEU San Pablo. En naciones de democracias consolidadas como Reino Unido, Estados Unidos o Suecia, la legislación contempla la desclasificación sistemática de sus papeles ocultos. El Archivo Nacional de Reino Unido recibió el 2014 con la exposición al público de un lote de documentos que divulgan las comunicaciones de Margaret Thatcher con los miembros de su gabinete durante el primer año del conflicto que mantuvo con los mineros del carbón en la mitad de la década de los ochenta del pasado siglo.

Suecia como ejemplo

Suecia es país pionero y vanguardista en materia de transparencia informativa. El derecho a la información está considerado uno de los cuatro pilares constitucionales del país, y todo documento es considerado público en principio. "Si España tuviera una norma de desclasificación y publicación de secretos oficiales como la de Reino Unido, durante 2014 podríamos conocer las revelaciones que Leopoldo Calvo Sotelo hizo a los miembros de su Gobierno recién estrenado tras el intento de golpe de estado del 23-F de 1981. También podríamos descubrir cómo Felipe González justificó ante sus interlocutores internacionales su giro en la campaña a favor de la entrada en la OTAN. Accederíamos a los reproches de las autoridades de Madrid ante la Administración francesa durante la primera legislatura de la democracia por su tolerancia con los atentados de ETA. Pero, en España, los papeles son secretos a perpetuidad", escribe Maruxa Ruíz del Árbol bajo el título "Los secretos de Estado son "eternos" en España", El País, 25 de febrero de 2014. El diplomático e historiador Ángel Viñas fue uno de los investigadores que firmó el escrito al Gobierno para exigir la desclasificación y dijo que con esta forma de proceder se favorece que la historia de la España franquista sigan escribiéndola autores extranjeros. Añade que este país se convierte en “el farolillo de cola del mundo occidental en materia de acceso a archivos políticos, diplomáticos y militares”. Y ello sin contar las ruedas de prensa sin preguntas o las comparecencias "plasmáticas".

A 40 años de dictadura suceden otros 40 de gran opacidad en asuntos de Estado
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