2019, el año de Nicaragua

Que 2019 es el año en que se conquistará la democracia y la libertad en Nicaragua, no es una aspiración utópica. Es lo que augura el escenario actual y lo que la paz,  la seguridad y la estabilidad nacional y regional, necesitan.

Si vemos de manera retrospectiva, hace  un año el régimen de Daniel Ortega aparecía como un régimen fuerte y en los salones de El Carmen (casa-oficina.cuartel de los gobernantes), se esbozaban alegres planes de la sucesión dinástica.

El régimen había logrado mediante  los fraudes electorales previos, el control de las instituciones  del estado, y desde esa posición había logrado establecer una alianza con el gran capital, apropiarse de una parte de  los principales medios de comunicación y hacer uso clientelar de la cooperación venezolana. Con la complicidad de políticos corruptos y en buena medida, también, con la represión selectiva a las fuerzas de la auténtica oposición y de los movimientos sociales, parecía controlarlo todo.

O casi todo. Porque  desde antes, desde mucho antes, subyacía una inconformidad ciudadana postergada u oculta en el tejido social. Se desarrollaba  un  activismo social y político de denuncia ciudadana de lo que realmente pasaba en el país que “estaba bien, pero iba mal” a decir de un empresario. Una nueva generación de políticos y dirigentes sociales que emergía, a la par de una vieja generación de revolucionarios y demócratas, se mantenían firmes contra la dictadura constituida.

A partir de abril del 2018 la hegemonía que Ortega ostentaba en las grandes puestas en escena dirigidas por su mujer y vice presidenta, o aplastando las -hasta entonces-, modestas demostraciones opositoras, o entregando en una onerosa concesión a un oscuro empresario chino la soberanía del país para la supuesta construcción de un canal que nunca fue, saltó por los aires. Estalló en añicos en las propias narices del régimen y al arrancar el 2019, el orteguismo está en franco declive, en una crisis que inevitablemente terminará con su salida.

La rebelión cívica que desde abril del 2018 protagoniza la población nicaragüense y la brutal represión con la que el régimen ha respondido, ha evidenciado ante el mundo y ante la sociedad nicaragüense, de un parte el rechazo transversal al orteguismo y de otra la naturaleza criminal del régimen y su incompatibilidad absoluta con las aspiraciones democráticas de la ciudadanía. Todo lo que algunos -en nombre de la estabilidad macroeconómica o de una “nueva etapa de la revolución”- no querían ver en el orteguismo.

El estallido de abril tuvo como detonante las protestas contra las reformas de la seguridad social. Sin embargo rápidamente quedó demostrado el hartazgo del modelo represivo, dinástico y corrupto. La alianza del régimen con el gran capital fue rota y las demandas de democracia, justicia y libertad, provienen ahora de todos los sectores sociales.

La diversidad social y la pluralidad ideológica y política es una característica esencial de este torrente democrático ciudadano, pero también  lo es, y no es menos importante, el hecho que se mantiene en los cauces cívicos, pese a la cruda violencia estatal. Y tanto la diversidad apuntada, como el camino cívico y el relevante papel de la juventud nicaragüense en esta etapa decisiva de la historia nicaragüense, son elementos que marcan, desde ya, los derroteros de la Nicaragua post Ortega.

El régimen ha establecido sin figura de ley alguna, un estado de excepción en el que  libertades ciudadanas están conculcadas y solo se sostiene sobre la base de la represión y  en el apoyo -cada vez más menguado- de una base política minoritaria que le es fiel.

El despojo de la personalidad jurídica a nueve organizaciones gubernamentales y el asalto y la confiscación de sus bienes, así como el de cinco medios de comunicación, en las últimas semanas del 2018, ha  confirmado el desprecio y el irrespeto del régimen a las demandas ciudadanas y a los llamados  de la comunidad internacional.

Los organismos nacionales promotores y defensores de los derechos humanos y organismos  internacionales como  Amnistía Internacional, Human Rights Watch's Americas, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, y la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH), han demostrado con abundantes pruebas la naturaleza criminal del régimen de Ortega.

El informe de la misión de la CIDH, Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI), adquiere especial importancia porque el mismo -expulsado del país el 19.12, un día antes que hiciera público su demoledor informe- fue conformado en virtud de un acuerdo tripartito entre el estado de Nicaragua la OEA. El aludido informe demuestra  que el régimen de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad, lo que coloca a Ortega y a los funcionarios responsables de crímenes, ante la posibilidad de ser enjuiciados por tribunales internacionales o de otros países.

La situación en el plano económico no es más halagüeña: hay cerca de 400 mil nuevos desempleados, numerosas empresas -sobre todo pequeñas y medianas- han quebrado o están al borde de ello. La anunciada caída del Producto Interno Bruto en al menos en un 4 %, sintetiza la situación.

Las relaciones del gobierno con los EEUU están en el punto más bajo, solo comparable con lo vivido en los años 80, durante la guerra civil en Nicaragua.

Pero si en aquella época, las presiones de las administraciones de Reagan y Bush, se expresaban principalmente en el terreno militar y no contaban con el consenso de la sociedad estadounidense, hoy es diferente.

La Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua, conocida como Nica Act fue aprobada por unanimidad en el legislativo estadounidense, incluyendo el significativo voto de Bernie Sanders. Esa ley implica sanciones individuales para personeros del régimen, y -en términos financieros prácticos- es el cese de de préstamos al gobierno por parte de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto no se restablezca la democracia.

El Decreto Ejecutivo del presidente de los EEUU del 27 de noviembre, que declaró al régimen de Ortega un peligro para la seguridad nacional, abre la posibilidad de penalizar  a funcionarios del régimen, mediante el congelamiento de activos que estén bajo jurisdicción estadounidense, así como impedir que individuos, bancos y otras entidades estadounidenses, realicen transacciones con esos fondos.No es casualidad que Rosario Murillo, esposa de Ortega y su vicepresidenta y Néstor Moncada Lau, connotado jefe paramilitar y asesor de ambos, estrenaran el decreto de Trump. 

La activación de los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana, a solicitud del Secretario General de la OEA, el pasado desde el pasado 27 de diciembre, y la reunión del Consejo Permanente de ese órgano multilateral del próximo 11 de enero, estrecha la presión internacional sobre el régimen

Las fuerzas democráticas siguen demandando una pronta salida, democrática y pacífica, y  en primer término la liberación de los presos políticos, el cese a la represión y la convocatoria inmediata a elecciones libres, transparentes y competitivas. Solo  en democracia, habrá justicia, sostienen acertadamente.

La comunidad internacional han desempeñado un papel relevante en la denuncia y en el aislamiento del régimen. Pero se pide y se necesita más, mediante la aplicación de sanciones políticas, diplomáticas y económicas. La Unión Europea en particular y sus estados miembros están llamados a desempeñar un papel más activo para contribuir a  abrir los cauces de democracia y libertad en Nicaragua. @mundiario