¿Votar a los 16? Una propuesta que merece ser estudiada con seriedad

La idea de rebajar la edad legal para votar de los 18 a los 16 años ha provocado, como era previsible, una reacción de desconfianza en algunos sectores políticos y mediáticos. El planteamiento, promovido recientemente por la ministra Sira Rego, ha sido tildado de oportunista, arbitrario e incluso de trumpismo. Pero conviene apartarse del ruido para abordar la cuestión de fondo: ¿es razonable abrir el debate sobre el voto a los 16 años? La respuesta es sí. No solo es razonable, sino que es oportuno, necesario y alineado con la evolución de las democracias avanzadas.

Para empezar, no se trata de una ocurrencia española ni de una excentricidad ideológica. En las pasadas elecciones europeas, los adolescentes de 16 y 17 años ya pudieron votar en cinco países del continente: Alemania, Austria, Bélgica, Malta y Grecia (este último solo si cumplían los 17 en 2024). En Austria, el voto a los 16 está plenamente reconocido en todas las elecciones desde 2007, sin que ello haya generado ni caos institucional ni desafección democrática. Es más: ha contribuido a aumentar el interés cívico entre los más jóvenes.

No parece lógico afirmar, como hacen algunos críticos, que una reforma así sería una voladura de los consensos constitucionales o una ruptura institucional. La edad mínima para votar no es una cláusula pétrea de la democracia, sino una convención jurídica como tantas otras. En otros ámbitos clave, el Estado ya reconoce responsabilidades y derechos a los 16 años: la edad mínima para trabajar, para emanciparse legalmente o para consentir relaciones sexuales está fijada en ese umbral. Incluso en materia de conducción, varios países europeos —Alemania, Austria, Francia, entre otros— permiten a los jóvenes conducir a partir de los 16 años bajo ciertas condiciones. Y en países como Estados Unidos o Nueva Zelanda, es perfectamente normal ver adolescentes de 16 al volante. ¿Se les considera suficientemente responsables para circular por una autopista, pero no para meter una papeleta en una urna?

Más allá del debate sobre la madurez, hay una cuestión de justicia intergeneracional. Las decisiones políticas de hoy afectan de lleno a las vidas de los más jóvenes: el acceso a la educación, el empleo, la vivienda, la transición ecológica o la protección de las pensiones. Sin embargo, los menores de 18 años no tienen voz en las urnas para influir en esas políticas. Esta paradoja alimenta una democracia sesgada hacia las generaciones más mayores, que votan más y en mayor número. Incorporar a los jóvenes de 16 y 17 años al cuerpo electoral es, por tanto, una forma de equilibrar el juego democrático y de hacerlo más inclusivo y representativo. ¿Hay que hacerlo de golpe? No. Puede irse paso a paso, como ya hacen otros países europeos. Sin dramatizar, razonando. 

En la era de internet y las redes sociales

Los temores sobre la supuesta inmadurez de los jóvenes no resisten, de hecho, un análisis riguroso. Si algo nos enseña la experiencia es que la calidad del voto no está ligada a la edad: hay jóvenes que votan con enorme sentido cívico y mayores que lo hacen dejándose llevar por bulos, emociones o prejuicios. En una democracia, el voto no se concede por capacidad intelectual ni se condiciona a un examen de conciencia política. Se trata de un derecho básico, no de un privilegio reservado a los sabios. No hay forma de garantizar que todos los votantes lo hagan con la misma racionalidad. Pero es precisamente ese pluralismo —y no su supresión— lo que sostiene el edificio democrático.

Abrir este debate no equivale a imponer una reforma. De hecho, sería irresponsable hacerlo sin diálogo ni consenso. Pero discutirlo no es romper nada, ni mucho menos dinamitar los cimientos del sistema. Es reconocer que las sociedades cambian, que las sensibilidades políticas evolucionan y que las democracias deben actualizarse –en la era de internet y las redes sociales– para no quedar ancladas en el pasado. El verdadero escándalo no sería estudiar esta posibilidad, sino rechazarla sin más con argumentos apocalípticos o teñidos de cinismo partidista.

Porque si los jóvenes de 16 años tienen edad suficiente para trabajar, conducir, pagar impuestos o emanciparse, quizás también deberían tener derecho a opinar —y votar— sobre las leyes que les afectan. Negarles ese derecho es tratarles como ciudadanos de segunda. Escuchar su voz es, por el contrario, un acto de confianza en el futuro. Y eso, en democracia, nunca puede ser un error. @mundiario