Trump desmantela la política climática de Estados Unidos

La decisión de Donald Trump de anular el llamado “dictamen de peligro” que sustentaba la regulación federal de los gases de efecto invernadero marca un punto de inflexión en la política climática de Estados Unidos. No es solo una revisión normativa: es una impugnación explícita de la arquitectura científica y jurídica que, desde 2009, permitió al Gobierno federal limitar las emisiones bajo la Ley de Aire Limpio.

Aprobado durante la presidencia de Barack Obama, aquel dictamen establecía que seis gases —entre ellos el dióxido de carbono y el metano— suponían un riesgo para la salud pública. Esa conclusión facultó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a regular las emisiones de vehículos, centrales eléctricas y otras fuentes industriales. La nueva Administración ha decidido borrar ese fundamento de un plumazo.

El anuncio, realizado tras una reunión con el actual responsable de la EPA, Lee Zeldin, ha sido presentado por Trump como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense”. Según la Casa Blanca, la medida ahorrará hasta 1,3 billones de dólares a los contribuyentes y reducirá en unos 3.000 dólares el precio medio de los vehículos nuevos, al eliminar exigencias de medición y certificación de emisiones impuestas entre 2012 y 2027.

La Casa Blanca liquida el principal pilar regulatorio contra las emisiones en Estados Unidos. La decisión tensiona la industria, la diplomacia climática y el equilibrio entre mercado y salud pública

El argumento económico no es menor. En un contexto de inflación persistente y desgaste del poder adquisitivo, la promesa de abaratar el automóvil conecta con amplios sectores sociales y con una industria que lleva años quejándose de la complejidad normativa. Fabricantes tradicionales y Estados productores de energía fósil ven en la desregulación una oportunidad para ganar competitividad frente a rivales extranjeros y aliviar costes regulatorios.

Pero el alcance de la decisión trasciende el precio del coche. La derogación dinamita la coherencia interna de la política climática estadounidense y consolida el escepticismo de la Casa Blanca hacia los consensos científicos sobre el calentamiento global. Trump, que ya retiró a su país del Acuerdo de París en su primer mandato y lo ha hecho de nuevo tras regresar al poder, refuerza así una narrativa que sitúa la transición energética como carga ideológica y económica más que como necesidad estratégica.

La medida también altera el tablero industrial. Bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos trató de impulsar el vehículo eléctrico mediante incentivos fiscales y ayudas a la producción. Aquella estrategia buscaba, además de reducir emisiones, competir con China en una industria clave. El desmantelamiento progresivo de esos incentivos y la eliminación del dictamen de peligro envían ahora una señal distinta: el Gobierno prioriza la libertad regulatoria sobre la planificación verde.

Paradójicamente, la incertidumbre jurídica puede aumentar. El Tribunal Supremo determinó en 2011 que la regulación de los gases de efecto invernadero correspondía a la EPA, no a los tribunales. Si la agencia renuncia a esa competencia, podrían proliferar litigios por “daños públicos” promovidos por Estados o municipios afectados por fenómenos extremos. Lejos de simplificar el panorama, la derogación podría abrir una nueva etapa de confrontación legal.

Implicaciones globales

Desde el punto de vista ambiental, la decisión tiene implicaciones globales. Estados Unidos es uno de los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero –actualmente el segundo después de China– y el transporte y la energía concentran cada uno alrededor de una cuarta parte de sus emisiones actuales. El mensaje que emana de Washington pesa en las negociaciones internacionales y condiciona el ritmo de la transición en otros países.

No obstante, sería un error reducir el debate a un choque entre ciencia y negacionismo. La discusión de fondo gira en torno a qué modelo de Estado y de mercado debe guiar la transformación energética. ¿Debe la transición imponerse mediante estándares obligatorios y subsidios públicos, o confiar en la innovación y en la competencia tecnológica sin tutela federal? Trump ha optado por lo segundo, convencido de que la regulación climática es un lastre para el crecimiento.

El problema es que el tiempo político y el tiempo climático no siempre coinciden. La desregulación puede aliviar costes inmediatos, pero también posponer inversiones y decisiones estructurales que otros actores globales ya están acelerando. En un mundo donde la geopolítica de la energía se entrelaza con la de la tecnología, el giro estadounidense no solo redefine su política interna: reabre la disputa sobre quién liderará la economía del futuro y bajo qué reglas, a sabiendas de que cuestionar a estas alturas la ciencia es un disparate. @mundiario