¿Trump convierte el disenso en amenaza interna? La protesta como enemigo político

Donald Trump, presidente de EE UU. / White House
Entre advertencias de arrestos a funcionarios electos y alusiones al uso del ejército, la narrativa oficial del presidente de EE UU dibuja una línea cada vez más difusa entre gobernabilidad y confrontación.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha estado marcado por una ofensiva sistemática contra quienes expresan desacuerdo con su visión de EE UU. En esta línea, la reciente respuesta federal a las protestas en Los Ángeles —generadas tras operativos masivos de las agencias de inmigración— no se limita a una estrategia de control del orden público: se presenta como una cruzada contra lo que la Casa Blanca describe como “el enemigo interno”.

La activación de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom ha sido calificada por analistas como un acto sin precedentes en seis décadas. Mientras tanto, Trump ha enmarcado las protestas no como una expresión de disenso, sino como una amenaza a la estabilidad nacional. La narrativa es clara: no se trata solo de contener manifestaciones, sino de neutralizar a los opositores.

La retórica presidencial lo deja explícito. Ya en 2024, Trump advirtió en una entrevista que “el enemigo interno es más peligroso que China o Rusia”. Y en sus recientes declaraciones ha insistido en que estas “personas muy malas” deben ser “fácilmente controladas” por la Guardia Nacional o incluso por fuerzas militares si es necesario. Bajo este marco discursivo, las protestas son más que eventos civiles; son expresiones de una amenaza existencial al orden que él representa.

El paralelismo con 2020 es inevitable. En aquel momento, Trump utilizó la fuerza militar en Washington para dispersar las protestas de Black Lives Matter con gases lacrimógenos. Hoy, el contexto es similar, pero con menos restricciones institucionales: no hay figuras como el entonces secretario de Defensa, Mark Esper, que cuestionen las órdenes. Al contrario, Pete Hegseth, actual jefe del Pentágono, ha declarado que los Marines están en alerta para una posible movilización si la violencia persiste, aunque sus niveles de intensidad no sean comparables a los observados tras la muerte de George Floyd.

Además, desde la Casa Blanca se ha insinuado el uso de la Ley de Insurrección, un instrumento legal que permite desplegar tropas en suelo estadounidense para contener levantamientos civiles. Aunque su aplicación sigue siendo una amenaza implícita, los mensajes de figuras como Stephen Miller —quien publicó en redes sociales términos como “insurrección” y “recuperar América”— parecen preparar el terreno para justificar medidas más extremas si las manifestaciones no cesan.

En este contexto, la figura del “enemigo interno” funciona como herramienta de poder. El malestar ciudadano por las redadas migratorias, la represión policial o la violencia institucional se reinterpreta como sabotaje organizado. California, bastión demócrata y símbolo de políticas progresistas, se convierte en el blanco perfecto para canalizar el descontento conservador. El gobernador Gavin Newsom, por su parte, acusa al presidente de fabricar una crisis, de buscar “un espectáculo”.

Pero más allá del conflicto político entre Washington y Sacramento, surgen advertencias concretas. Tom Homan, “zar” de la frontera en el Gobierno de Trump, ha reiterado que las operaciones de ICE seguirán ocurriendo “todos los días” en Los Ángeles. En una entrevista reciente con NBC News, sugirió que funcionarios que interfieran en el cumplimiento de la ley podrían enfrentar cargos. Aunque evitó señalar directamente a figuras como Newsom o la alcaldesa Karen Bass, no descartó procesamientos si “cruzan la línea”, aludiendo a leyes federales que penalizan la obstrucción de operativos migratorios.

Esa “línea” no está claramente definida, y ahí radica su poder como amenaza. Cualquier gesto de solidaridad, desacuerdo o resistencia local podría interpretarse como “interferencia”, convirtiendo a los funcionarios electos en posibles objetivos judiciales. La idea de arrestar a autoridades estatales no solo eleva la tensión, sino que plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes en una democracia federal.

En suma, la narrativa del “enemigo interno” le permite a la Administración Trump deslegitimar el disenso y mantener cohesionada su base política a través de un lenguaje de confrontación. Lo que comenzó como una protesta contra las políticas migratorias ha sido recodificado como una batalla por el derecho a la protesta.@mundiario