El Tribunal Supremo impone la banalización del terrorismo

Carles Puigemont, expresidente  de la Generalitat de Cataluña. / RR SS
Carles Puigemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña. / RR SS
La decisión del Supremo de investigar a Puigdemont por terrorismo banaliza este concepto y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a la protesta democrática. Las víctimas del terrorismo, por desgracia, saben bien lo que es y no es terrorismo.
El Tribunal Supremo impone la banalización del terrorismo

Cinco magistrados de la Sala del lo Penal  del Tribunal Supremo (TS) decidieron el 29-F por unanimidad, contra el critério de la Fiscalía y siguiendo la estela de la propuesta del magistrado instructor de la llamada Audiencia Nacional (AN) Gª Castellón, investigar al president Puigdemont y al diputado en el Parlament R. Wagensberg (ERC) por presuntos delitos de terrorismo desarrollados en octubre de 2019 por la plataforma tecnológica Tsunami Democratic, que convocó diversos actos de protesta pública contra la sentencia del mismo TS que había condenado a muy graves y desproporcionadas penas de cárcel al vicepresidente Oriol Junqueras, a los consellers Rull, Turull, Romeva, Forn y consellera Bassa y a la presidenta del Parlament C. Forcadell.

El TS extiende de manera excepcional el concepto legal de terrorismo vigente en el Estado desde el 1 de julio de 2015, después de la reforma del Código Penal impuesta por el bipartidismo dinástico PP-PSOE. En esa ocasión  se amplió el concepto de terrorismo a las conductas de personas no integradas en una organización, para abarcar adecuadamente las conductas de determinados terroristas yihadistas, en la línea propuesta por la UE. Pero desafotunadamente también se abrió la vía para criminalizar el llamado “terrorismo de baja intensidad” o de calle.

De este modo, el TS considera ahora terrorismo a la protesta desarrollada por Tsunami Democratic al entender  que: i) se cometéron por dicha plataforma tecnológica, delitos de coacciones en el aeropuerto barcelonés de El Prat el 14 de octubre de 2019 al dificultar determinadas salidas de vuelos desde el mismo, al tiempo que se pudieron cometer delictos de lesiones respecto de algunos policías en el transcurso de dichos hechos y en las protestas ulteriores y también delitos de falsificaciones de las tarjetas de embaque que posibilitaron que millares de persoans entraran en el eaeropuerto sin vuelo contratado, ii) que esos delictos fueron cometidos con una finalidad de grave alteración de la paz pública ey iii) que los delictos son graves, porque con la calificación que les de la la condición de terroristas en todos los casos serán sancionados por penas graves, lo que no pasaría sin esa calificación como de actos terroristas.

Pero no acaba ahí la desafortunada expansión jurisprudencial que del terrorismo hace el TS. Porque, reconociendo la ausencia de  ninguna acción de Puigdemont en relación con los hechos objeto de investigación, considera que puede ser punible la omisión de dar la orden de evitar estos hechos...¡ teniendo en cuenta el liderazgo que -consideran- supuestamente ejercía sobre la supuesta organización!

La doctrina del TS banaliza el fenómeno del terrorismo, que tantas muertes y dolor causó en Euskadi, en la Galicia, en el conjunto del Estado y en la Europa democrática y ofende a las víctimas de los delitos violentos de la ETA, GRAPO y del terrorismo yihadista y de extrema derecha. Víctimas que, por desgracia, saben muy bien lo que es y no es terrorismo.

Pero el riesgo de esta doctrina no finaliza en Puigdemont y en el soberanismo catalán. Al amparo de esta doctrina podrian calificarse como terroristas las recientes protestas de los agricultores en Bruselas, París o Zaragoza, los actos de desobediencia civil de Gandhi en la India o del arzobispo Tutu en  Sudáfrica, Occupy Central en Hong Kong, Occupy Wall St. en New York o incluso las protestas desarrolladas en la plaza del Obradoiro compostelano durante la visita de la entonces canciler alemana Angela Merkel al entonces primer ministro del Estado M. Rajoy (agosto 2014) . Es decir, es una doctrina susceptible de limitar muy gravemente, criminalizándolo, el derecho de la ciudadania a la protesta. @mundiario

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