Transparencia y rendición de cuentas del sector público local

Ayuntamiento de A Coruña, en la plaza de María Pita. / Mundiario
La Administración local debe mejorar sustancialmente sus obligaciones de rendición de cuentas, al tiempo que precisa mayores capacidades en el conjunto de las cuentas públicas.

El Tribunal de Cuentas publicó el 27 de julio su informe de fiscalización del sector público local, correspondiente al ejercicio 2021. Este nuevo informe de control de las cuentas locales tiene como objetivo examinar, a nivel global, la composición del censo del sector público local, los niveles de rendición y el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley, analizar las principales magnitudes económico-financieras y presupuestarias agregadas y verificar el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información al alto órgano de fiscalización de nuestras cuentas públicas.

Resume el Tribual de Cuentas que nuestro sector público local a 31 de diciembre de 2021, estaba integrado por un total de 12.925 entidades locales. De ellas, las de mayor número eran los ayuntamientos, 8.129, y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM), 3.691; además existen 1.105 entidades de ámbito supramunicipal, entre ellas, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, comarcas, mancomunidades, áreas metropolitanas.

Se trata de un sector público formado por un elevado número de entidades de diferente dimensión, donde el 61 % de los ayuntamientos tienen una población inferior a 1.000 habitantes y representan el 3 % de la población total y el 2 % tienen una población superior a 50.000 habitantes y representan el 53 % de la población.  La composición del sector local se mantiene de manera estable desde el ejercicio 2011, con una disminución de entidades locales del 0,7 % a lo largo de los últimos ejercicios.

EL GRADO DE DESCENTRALIZACIÓN

El Banco de España, en su informe de 2022 “El gasto público en España desde una perspectiva europea” recoge como por el lado del gasto público, España es un país con un elevado grado de descentralización. Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España es uno de los países que ejecutan un mayor porcentaje del gasto público en niveles subnacionales. Así, las Administraciones Regionales y Locales españolas gestionaron, conjuntamente, cerca del 44% del gasto público de 2019, por encima del 31% observado en la media de la UE‑15 y de la OCDE, y 4 pp. por debajo del porcentaje que representa el gasto estatal sobre el total en Estados Unidos.

Este elevado grado de descentralización se materializa también en la distribución de los empleados públicos, donde España es uno de los países con una menor concentración de empleados en la Administración central (gran parte de este fenómeno se debe a la descentralización del gasto sanitario y educativo, el cual se ejecuta en más del 90% a través de niveles administrativos subnacionales).

Pero dentro de este nivel de descentralización, debemos reseñar como en datos de 2019 el gasto público local supone solo un 12% del total (en 2007 se situaba en un 14%), de forma que algo más del 30% corresponde a las comunidades autónomas. Estas tasas nos sitúan en parámetros similares a Alemania o Bélgica, frente a estados más centralizados como Francia, Italia o Austria donde necesariamente el papel del nivel local tiene mayor peso. A pesar de ello, el peso de nuestro sector local continúa siendo de los menores en el entorno europeo, lejos del “Pacto local” que ya en 1993 reclamaba la FEMP en su histórica asamblea extraordinaria celebrada en A Coruña. Este compromiso hacia esta “segunda descentralización” permanece prácticamente estancado, al albur de la también siempre debatida revisión del marco de financiación autonómica.

Por el lado de los ingresos públicos, el Banco de España observa también como el grado de descentralización fiscal es sustancialmente menor. Esta es una tendencia que se observa en un amplio conjunto de países, en los que la corresponsabilidad de los ingresos y del gasto no es simétrica. En el caso de España, si bien el 44% de los gastos se ejecutó a escala regional o local, estos niveles de las administraciones públicas solo tenían potestad para decidir sobre el 22,6% del total de los ingresos públicos en 2018. Cabe destacar que una mayor corresponsabilidad fiscal entre ingresos y gastos favorecería la transparencia en la ejecución del gasto público y la rendición de cuentas.

CONCLUSIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Aunque se trata de conclusiones más de carácter formal que cualitativas sobre los distintos componentes del gasto local, se les debe prestar la necesaria atención dado su impacto en la calidad del conjunto de las cuentas públicas y su transparencia ante la ciudadanía más próxima a este nivel de prestación de servicios públicos.  

Las entidades locales, en términos generales, registran niveles bajos en el cumplimiento de las obligaciones de remisión de la información anual al Tribunal de Cuentas en plazo.Sólo el 57 % de las entidades locales rindió las cuentas, el 36% cumplió la obligación de remitir las relaciones anuales de contratos formalizados y el 37 % de los órganos de Intervención local, remitió la información en materia de control interno.

Por comunidades autónomas se registran diferencias significativas entre ellas, los menores niveles de rendición de cuentas del ejercicio 2021, tuvieron lugar en las entidades locales de Andalucía (con un 35 %) y Castilla-La Mancha (el 45 %). Los niveles de rendición más elevados se produjeron en las entidades locales de la Comunidad Valenciana (el 97 %), Aragón (el 94 %), Madrid (el 90 %), Galicia (el 88 %) y Cataluña (el 86 %).

El Tribunal apunta que las entidades locales de comunidades autónomas que condicionan la percepción de subvenciones a estar al corriente de las obligaciones de rendición de cuentas registran los mejores niveles de cumplimiento.

Las entidades locales incumplen de manera generalizada los plazos establecidos para la aprobación de sus presupuestos. La falta de aprobación del presupuesto o su aprobación fuera del plazo legalmente establecido afecta y limita a la función del presupuesto como instrumento de planificación y de gestión y de control de la actividad económico-financiera de la entidad local.

En el ejercicio 2021, las entidades locales aumentaron los ingresos y los niveles de gasto respecto del ejercicio anterior. Registraron un resultado presupuestario positivo y superior en un 18% al del ejercicio anterior y redujeron el endeudamiento en un 1% respecto al registrado en 2020.

En el ejercicio 2021 las entidades locales que rindieron la cuenta general aumentaron el gasto un 8 % respecto al ejercicio anterior, lo que ha supuesto un cambio de tendencia respecto al ejercicio 2020, en donde las entidades disminuyeron su gasto respecto al ejercicio precedente en un 2 %. También se ha registrado un aumento de los ingresos del 9 % respecto a los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior.

La estructura del gasto ejecutado por las entidades locales en 2021 es similar a la de ejercicios anteriores, representando los gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios el 60 % del total de las obligaciones reconocidas netas; las transferencias corrientes y de capital ascendían, en su conjunto, al 23 % del gasto del ejercicio; mientras que las inversiones reales supusieron un 11 % y la variación de activos financieros un 1 % del gasto del ejercicio. El 5% del total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2021 se destinaron a la amortización de deuda

Por lo que se refiere a los ingresos, la principal fuente de financiación de las entidades locales son los ingresos propios, tributarios o patrimoniales, seguido de las transferencias recibidas, siendo las de mayor importancia la participación en los ingresos del Estado y otras transferencias del Estado. El endeudamiento de las entidades locales en el ejercicio 2021 ha ascendido a 15.720 millones de euros. En comparación con ejercicios precedentes, ha disminuido en un 1 % respecto al ejercicio anterior y en un 7 % en relación con el ejercicio 2019.

Únicamente el 36 % del total de las entidades locales, cumplieron la obligación de remitir en plazo las relaciones anuales de contratos formalizados en el ejercicio 2021 y otro 21 % lo hicieron fuera de plazo.  Las entidades locales con mayores niveles de cumplimiento de remisión de la información anual se encuentran en las comunidades autónomas de Canarias y Valencia, con un 100 %, seguidos de los de las Illes Balears, con un 81 %, y los de Aragón, con un 80 %.

LAS RECOMEDACIONES DEL TRIBUAL

Para atajar esta serie de incumplimientos en la rendición de las cuentas locales, el Tribunal insta la oportuna modificación legislativa que condicione la percepción de ingresos al cumplimiento con las obligaciones de rendición, la modificación de los plazos de rendición de las cuentas, así como la retención de la participación de tributos del Estado a aquellas entidades que incumplan.

Además, apremia a los responsables de las entidades locales a adoptar las medidas oportunas para que el presupuesto sea aprobado en plazo, a la reorganización del sector público local empresarial, con especial referencia a las entidades instrumentales inactivas o en disolución, así como las que se encuentran en desequilibrio, y a la extinción de las mancomunidades de municipios que se encuentran en situación de inactividad.

MAYORES CAPACIDADES PARA EL SECTOR LOCAL

Si bien es cierto que el Tribunal de Cuentas enfatiza de nuevo en los graves incumplimientos del conjunto de las entidades locales en sus obligaciones de rendición de cuentas, de forma especial en materia de contratación pública, también lo es que la fotografía que realiza de sus principales magnitudes económico-financieras denota un buen comportamiento en términos de resultado presupuestario y tasas de endeudamiento, dos indicadores esenciales para medir la salud financiera de nuestro sector local.

Si a estos indicadores unimos la necesidad estructural de revisar la planta y el tamaño del sector local (cuestión altamente delicada pero abordada por distintos países europeos de nuestro entorno), una mayor corresponsabilidad fiscal y un avance claro en el nivel de descentralización de servicios desde las comunidades autónomas, dotaríamos a nuestras entidades locales de mejores capacidades para gestionar los servicios públicos más próximos a nuestros vecinos. @mundiario