En los debates recientes sobre la financiación autonómica, la fórmula de una supuesta financiación singular para Cataluña se ha instalado en el vocabulario político con sorprendente rapidez. Bajo esa fórmula, impulsada por la Generalitat con el respaldo explícito del Gobierno central, se esconde en realidad un giro estructural de enorme calado: la extensión del modelo foral vasco a Cataluña. Esta es la tesis, clara y contundente, de los economistas Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre, autores del libro La factura del cupo catalán: privilegios territoriales frente a ciudadanía. Y conviene prestarle atención, porque lo que está en juego no es solo un modelo de financiación, sino la propia cohesión fiscal del Estado.

Ambos expertos, de acreditado prestigio y trayectoria en los ámbitos académico y técnico –el primero es catedrático en la Universidad de Pensilvania; el segundo, inspector de Hacienda y exdiputado–, advierten de que la llamada financiación singular no es otra cosa que el privilegio del cupo vasco reeditado para Cataluña. Un acuerdo así rompería con el principio básico que debería regir cualquier sistema redistributivo: “contribuir según la capacidad, recibir según la necesidad”. En su lugar, instauraría una lógica opuesta: quien más tiene, más retiene. El resultado no sería una descentralización virtuosa, sino un desequilibrio fiscal que favorecería a Cataluña a costa del resto de comunidades y, en última instancia, del propio Estado.

De lo particular a lo insolidario

En esencia, el modelo que persigue la Generalitat se parece mucho al sistema foral vigente en el País Vasco y Navarra: la comunidad recauda casi todos los impuestos y negocia después una aportación al Estado. La única diferencia sustancial radica en que Cataluña incluiría una cuota de “solidaridad”, pero negociada y no estructural. Según explica De la Torre en una entrevista concedida a El País, junto a Jesús Fernández-Villaverde, esto no solo vulnera los principios federales de simetría y equidad, sino que compromete el reparto de recursos a escala nacional: “Los recursos son finitos; lo que se le da a Cataluña se le quita a los demás”.

Este privilegio, lejos de poder extenderse a otras comunidades, es por definición inexportable. El propio diseño del sistema común se basa en una lógica de redistribución vertical y horizontal. Una comunidad rica como Cataluña no puede pretender recibir más que la media sin poner en peligro el equilibrio del conjunto. Como recuerdan los autores, en 2022 Cataluña recibió 3.822 euros por habitante a través del sistema de financiación, por encima de la media (3.400 euros) y muy por encima de Madrid (3.105 euros). ¿A qué se debe esto? A que Cataluña tiene competencias adicionales, como los Mossos d’Esquadra, y una población dispersa. Pero incluso con estos ajustes, sale ganando. Sostener que está infrafinanciada es, sencillamente, insostenible.

El déficit fiscal como espejismo

Uno de los mantras del nacionalismo fiscal catalán es el déficit fiscal con el Estado, cifrado en torno a los 30.000 millones de euros. Fernández-Villaverde desmonta este argumento con claridad: los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios. El IVA y el IRPF tienen tipos idénticos en toda España, con independencia del lugar de residencia. La mayor aportación fiscal de Cataluña no se debe a un expolio, sino al hecho de que concentra más ciudadanos con rentas altas. Aplicar la lógica del déficit territorial sería como decir que Pedralbes tiene un déficit fiscal con Hospitalet.

Este tipo de argumentaciones no solo carecen de base empírica, sino que alimentan una narrativa peligrosa: la de que una comunidad rica está siendo “robada” por el Estado. Es una visión profundamente insolidaria que contraviene la lógica del Estado del bienestar. En palabras de Fernández-Villaverde, “si una comunidad tiene muchos más niños en edad escolar que otra, debe recibir más financiación, aunque esto altere el orden de renta”. Insistir en la “ordinalidad” –que la financiación preserve el orden de riqueza de las comunidades– es poner en cuestión el propio principio redistributivo.

El falso espejo de Alemania y Canadá

Otro de los argumentos utilizados por los defensores de la financiación singular es que en países como Alemania o Canadá existe ordinalidad. Pero eso, según los autores, es rotundamente falso. La Constitución alemana, por ejemplo, establece mecanismos explícitos de redistribución para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, accedan a servicios públicos equivalentes.

El reparto del IVA por población, y no por recaudación territorial, es una muestra clara de ello. En Canadá, la legislación constitucional tampoco reconoce la ordinalidad y, de hecho, entre 2009 y 2010 Quebec –una provincia más pobre– llegó a superar a Ontario en renta disponible post-impuestos gracias a las transferencias federales.

Riesgos estructurales: fragmentación y desigualdad

El peligro de este nuevo modelo no se limita a lo financiero. Los autores advierten que la fragmentación de la Agencia Tributaria, que podría comenzar con la gestión del IRPF por parte de Cataluña a partir de 2026, tendría consecuencias devastadoras: duplicidades administrativas, mayor coste de recaudación, incremento del fraude fiscal y debilitamiento del control sobre la corrupción. No hay un solo sistema tributario eficaz que funcione sin una administración centralizada y robusta. El sistema vale lo que vale su agencia tributaria; trocearla equivale a dinamitar su eficacia.

Además, como recuerda De la Torre, el Estado apenas dispone de partidas de gasto propias con margen de ajuste. Si se concede más a Cataluña, no quedará más remedio que recortar en el resto de comunidades o subir impuestos. Y la principal partida de gasto del Estado son las pensiones. Es decir, el privilegio fiscal de unos podría terminar comprometiendo el futuro de todos.

Conclusión: más ciudadanía, menos privilegios

El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat legitima una aspiración histórica del nacionalismo catalán: blindar su soberanía fiscal y romper los mecanismos de solidaridad interterritorial. El coste no será solo económico, sino también político y social. Si se consolida este modelo, ¿qué impedirá que Madrid, Baleares o Valencia exijan lo mismo? ¿Cómo sostener el principio de igualdad entre ciudadanos si unos retienen sus impuestos y otros deben compartirlos?

Esta “financiación singular” no sería un ejercicio de justicia fiscal, sino una concesión política revestida de eufemismo técnico. Como bien explican Fernández-Villaverde y De la Torre, extender el cupo vasco a Cataluña no solo es injusto, sino inviable. No hay sistema federal viable sin equidad. Y no hay equidad cuando se multiplican los privilegios a costa del bien común.

España necesita una reforma del sistema de financiación, sí. Pero necesita una reforma que fortalezca la ciudadanía común, no que fragmente el Estado y alimente la desafección. La única singularidad válida es la de una solidaridad compartida. Todo lo demás es insolidaridad con pretensiones técnicas. @mundiario

Qué dice el libro sobre la deriva feudal de la financiación autonómica catalana

El libro La factura del cupo catalán, de Francisco de la Torre y Jesús Fernández-Villaverde, constituye una advertencia seria y fundamentada sobre los riesgos políticos, económicos y sociales que entraña el acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para implantar un sistema de financiación "singular" en Cataluña. Bajo ese eufemismo, los autores denuncian lo que consideran una amenaza estructural: el abandono del principio de igualdad ciudadana frente a privilegios territoriales cada vez más profundos.

Publicado por La Esfera de los Libros, el ensayo —de tono pedagógico pero sin concesiones— se sitúa en el centro de una de las batallas más relevantes del presente político español: la pugna entre el ideal democrático de ciudadanía común y el avance de una lógica confederal asimétrica basada en acuerdos bilaterales entre el Estado y algunas comunidades autónomas. Según sus autores, el precio de esta cesión no es meramente fiscal: “puede ser incalculable y va más allá de la economía”.

Una investidura como punto de inflexión

El punto de partida de esta obra es el pacto de investidura alcanzado en 2024 entre el PSC y ERC, con el respaldo del PSOE de Pedro Sánchez, que permitió a Salvador Illa convertirse en presidente de la Generalitat. A cambio, se acordó impulsar un sistema de financiación singular que, según el texto del acuerdo, “avance hacia la plena soberanía fiscal” para Cataluña.

Para De la Torre y Fernández-Villaverde, este compromiso no es simplemente una cesión táctica, sino la apertura de una vía que pone en cuestión la viabilidad del modelo autonómico y del propio Estado de derecho. En lugar de una España federal, lo que se perfila —sostienen— es una “confederación asimétrica”, donde unas comunidades gestionan sus recursos con autonomía plena mientras otras siguen sujetas a un sistema común sin los mismos márgenes de decisión.

Privilegios territoriales frente a equidad

La crítica central del libro se articula en torno a la injusticia redistributiva que supone replicar en Cataluña el modelo fiscal del País Vasco y Navarra. Estas dos comunidades, recuerdan los autores, no solo no aportan a la solidaridad interterritorial, sino que, en términos netos, reciben más de lo que les correspondería, pese a ser dos de las comunidades más ricas del país.

Extender este modelo a Cataluña —otra comunidad con renta per cápita por encima de la media— significaría blindar privilegios a costa del conjunto, agravando las desigualdades entre regiones y erosionando el principio constitucional de que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos con independencia del territorio en que residan. Para los autores, lo que está en juego no es solo la suficiencia financiera del Estado, sino la legitimidad del sistema democrático.

Un retroceso hacia lo premoderno

Más allá de los aspectos fiscales, el libro denuncia una deriva ideológica que define como “feudalizante”. La financiación singular —afirman— no solo supone una cesión de recursos, sino también un cambio en la concepción misma de la ciudadanía. En lugar de individuos iguales ante la ley, lo que se impone es una lógica de privilegios construidos sobre identidades territoriales, muchas veces basadas en argumentos de tradición, historia o excepcionalidad cultural.

De la Torre y Fernández-Villaverde sitúan esta estrategia en la tradición del carlismo decimonónico, una visión antiliberal que entiende el poder político como una red de jurisdicciones estamentales más que como un espacio compartido por ciudadanos con iguales derechos. Esta concepción rompe con la modernidad política y debilita, según los autores, la estructura común del Estado.

Reformar el sistema, no trocearlo

A diferencia de otros ensayos meramente críticos, el libro La factura del cupo catalán también ofrece alternativas. Los autores proponen una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómica que, sin abandonar la descentralización, refuerce los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y solidaridad. Denuncian la opacidad y complejidad del modelo actual, que facilita acuerdos discrecionales, y proponen mecanismos de control más claros y reglas de reparto estables y auditables.

Su visión parte de un diagnóstico claro: el problema no es que el sistema actual sea perfecto, sino que la solución propuesta —el “cupo catalán”— no lo mejora, sino que lo desmantela. Frente a la inercia de una oposición política que consideran paralizada y la aceleración de los cambios promovidos desde el poder, los autores apelan a una reacción cívica y técnica en defensa de la igualdad entre ciudadanos.

Una advertencia a tiempo

En un momento de elevada tensión territorial y desgaste institucional, este libro aporta claridad conceptual, datos contrastados y un enfoque riguroso que rebasa el ámbito económico. La factura del cupo catalán es, sobre todo, una llamada a no ceder ante los atajos políticos que privilegian lo particular sobre lo común.

De la Torre y Fernández-Villaverde recuerdan que el Estado no puede funcionar sobre la base de acuerdos coyunturales que consagran excepciones permanentes. En democracia, el poder no debe construirse sobre privilegios territoriales, sino sobre derechos individuales. Y cuando se olvida esto, concluyen, el precio puede ser mucho más alto de lo que imaginamos. @mundiario