La estrategia de exilio y restitución del president Puigdemont ha sido exitosa

Una pancarta con la imagen de Carles Puigdemont en una manifestación independentista. / Pixabay
Una pancarta con la imagen de Carles Puigdemont en una manifestación independentista. / Pixabay
Ha generado victorias ante las jurisdicciones belga, alemana y europea y ha mantenido una legitimidad en el exilio que ahora va a ser objeto de validación o rechazo electoral. 
La estrategia de exilio y restitución del president Puigdemont ha sido exitosa

Es común en la opinión pública madrileña, omnipresente en los medios de derechas y repetida también en los de izquierdas, apodar al presidente Puigdemont de “fugado” o “rebelde”. Evidentemente, con la ley en la mano no existe tal situación. El lunes 30 de octubre de 2017, 48 horas después de su destitución por el 155 aprobado en el Senado por el PP de Rajoy y el PSOE de Pedro Sánchez, Puigdemont mantenía una ronda de prensa en Bruselas con la amplia mayoría de consellers y conselleres de su Govern. En ese momento no había aún acusación alguna en su contra.

Muy pocos días después, el domingo 5 de noviembre de 2017, Puigdemont se enfrentó a una euroorden del Tribunal Supremo por el delito de rebelión que solicitaba su detención y extradición de la justicia belga. Antes de que llegase formalmente esa euroorden a Bruselas, Puigdemont se presentó ante el órgano judicial competente. Y fue liberado, sin ninguna clase de medidas cautelares, junto a los demás consellers y conselleres reclamados.

Se empezaba entonces a definir el primero de los grandes aciertos estratégicos de Puigdemont: la apuesta por el mantenimiento de la legitimidad de su presencia en el exilio. Entiéndaseme bien, aquellas personas que decidieron quedarse en su país -o volver a Catalunya- tenían motivos personales e incluso políticos muy potentes. Pero nadie puede negar ahora, casi seis años y medio después, que mantener en Waterloo esa Presidencia de Catalunya ilegítimamente revocada y removida por Rajoy fue un acierto de primer orden, pues: i) arrestado por los jueces alemanes, Puigdemont consiguió su libertad por sentencia del Tribunal Superior de Schleswig Hollstein al considerar que el delito por el que era perseguido en el Estado español no tenía correspondencia en la República Federal alemana, ii) el President y sus consellers y consellera, Clara Ponsatí, obtuvieron pronunciamientos análogos de la justicia belga y escocesa, iii) Puigdemont obtuvo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una sentencia, el 31.01.2023, que en la práctica hizo inviable cualquier nueva euroorden contra él y contra cualquier persona exiliada de su Govern, pues reconocía que cualquier juez europeo podía rechazar una euroorden si existían dudas racionales de la existencia de deficiencias en la administración de justicia del Estado requirente a respecto de personas afectadas por su pertenencia a un grupo objetivamente identificable. Miren qué casualidad que esta misma doctrina sea la que fundamenta la proposición de ley de amnistía aprobada hace algunas semanas en el Congreso, y iv) el Abogado General de la UE acaba de referir que tenía razón Puigdemont: no era necesario que fuese a Madrid a prometer la Constitución para ser legalmente eurodiputado.

Esta batalla desde el exilio mantuvo viva la lucha por la restitución de aquél Parlament y Govern de 2017, cesados por una autoritaria y centralista interpretación del 155.

Los otros dos aciertos estratégicos son muy recientes. El primero es desechar cualquier consideración personal, rechazar la muy cómoda garantía de inmunidad como eurodiputado durante otro quinquenio (2024-29), rechazando presentarse a las europeas del 9 de junio y, en su lugar, afrontar la candidatura a la Presidencia de la Generalitat. El segundo fue mostrar limpiamente su juego (muy en consonancia con la política europea más avanzada) y anunciar que se va a retirar de la política si no es Presidente después de las elecciones del 12 de mayo.

Puigdemont tiene el derecho y la obligación de comunicar cual va a ser el uso que le dará a los votos que reciba. Pero la ciudadanía catalana, después de casi siete años de exilio,, tiene el perfecto derecho de pensar que su muy potente propuesta de restitución y negociación de nación a nación con el Estado español llega tarde o ya no vale. Así, será solo la ciudadanía catalana quien defina el futuro político de Puigdemont. Mientras, él afrontará los peligros del lawfare (posibles, pero no probables autos de prisión preventiva, incluso después de la vigencia de la ley de amnistía). E incluso otros riesgos personales indirectos que surgen de su simple estancia en el territorio del Estado y que creo que no soy la única persona que tiene en mente,..

Desde fuera de Catalunya y, por ello, mis limitaciones de análisis, no puedo decir que Puigdemont opte por lo cómodo, por lo fácil, ni por su conveniencia personal y familiar. Su relato en estos más de seis años es claro. Será, por tanto, la decisión soberana del pueblo catalán el 12-M asumirlo o rechazarlo. @mundiario

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