Una situación económica complicada

Ciertamente, la situación a nivel económico es complicada. Entre los principales problemas a los que nos enfrentamos situamos a la inflación –ya venía creciendo desde antes de la guerra de Ucrania–, la escalada de la deuda pública, la incertidumbre e inestabilidad internacional, la escasez de materias primas, el precio del gas, del petróleo y de la energía, la subida de los tipos de interés, el absentismo laboral o la dificultad para la cobertura de vacantes laborales, cuestiones que sin duda condicionarán el devenir del corto y medio plazo.

• Inflación

La inflación es un mal endémico en todo el mundo, pero no castiga por igual a todos los territorios. Si España está peor que la media europea por el precio de la energía, la situación es más grave todavía en Galicia, donde el IPC interanual rompió la barrera del 11 % en junio, concretamente con un 11,1 %, lo que supone nueve décimas más que en el conjunto del país y el tercer peor dato de todas las autonomías.

• Pacto de rentas

El IPC pasó de tasas negativas en el año de la pandemia a iniciar una senda alcista que ha llevado a la inflación en España hasta el 10,2% en junio, circunstancia que hace imprescindible el incidir en el control de los elementos que puedan alimentarla aún más, constituyendo una necesidad imperiosa el incidir en la moderación salarial.

Un pacto de rentas debe impedir nuevos efectos de la inflación y evitar lo que se llama un efecto de segunda ronda. De no controlar los elementos que la alimentan, entraríamos en una espiral inflacionista de la que costaría mucho tiempo salir y cuyos efectos aún son impredecibles. Ello tendría consecuencias negativas tanto en la competitividad de las empresas como en el poder adquisitivo de los ciudadanos y en el suministro de productos y servicios. De ahí la relevancia y necesidad de llegar a un consenso sobre el Pacto de rentas. Desde CEG abogamos, como CEOE, porque el pacto de rentas sea «un pacto de país», liderado por el Gobierno y acompañado por los partidos políticos y los agentes sociales; un pacto de rentas entre trabajadores, empresarios, funcionarios y pensionistas.

Es necesario abordar la situación en conjunto:

- Salarios de los trabajadores. Es preciso actualizarlos, pero no indexarlos a la inflación porque se volvería a la de segunda ronda, se convertiría en estructural y repercutiría en la competitividad de las empresas.

- Salarios de los funcionarios.

- Pensiones. Es necesario abordarlo para garantizar que sean sostenibles. “Todos queremos que los pensionistas cobren y que los salarios suban, pero no queremos que quiebre el sistema”.

- Reducción de cargas administrativas y eficiencia en las administraciones públicas.

• Contratos públicos. Revisión de precios

Nuestras empresas también están sufriendo notablemente para hacer frente a los contratos suscritos con las administraciones públicas por los últimos acontecimientos. Así, desde mediados de 2021 han venido soportando un incremento extraordinario de los precios y la escasez de materias primas y materiales, lo cual ha condicionado el coste de las obras y servicios contratados con las administraciones y su ejecución y ha generado un alto riesgo a nuestras empresas a la hora de presentar ofertas y suscribir los respectivos contratos.

Esta falta de estabilidad y las subidas observadas en los precios –han supuesto para una empresa del sector de la construcción en seis meses el equivalente a los trece años anteriores–, requería medidas urgentes que contribuyesen a equilibrar los contratos y que permitiesen su cumplimiento. En este sentido, el pasado mes de marzo, se publicó el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, modificado por el real Decreto-ley 6/2022, que incorpora medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras del Sector Público Estatal.

Pero las medidas recogidas en esas normas adolecen de un carácter ciertamente limitado que, de no ampliarse, no darán una salida real y suficiente a la situación y así lo venimos reclamando desde hace meses. En este sentido, consideramos fundamental la aprobación de un nuevo decreto Ley que modifique a los anteriores y haga realmente eficaz el sistema. Las modificaciones más importantes deberían recaer sobre las siguientes cuestiones:

•     Incorporación del coste de la energía, que puede suponer alrededor del 30% de los costes en algunas obras y del coste de los hidrocarburos, con un impacto muy importante en el uso de la maquinaria empleada por la industria constructiva.

•     Ampliación de los materiales recogidos en el Real Decreto, limitado a cuatro y que deja fuera otros muchos que tienen una incidencia importantísima en muchas obras (plásticos, madera, cerámicos…).

•     Ampliación de la revisión para otro tipo de contratos públicos, como los de servicios para la conservación de las infraestructuras, vitales para el mantenimiento de las mismas (así los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras o de edificios públicos) que no estarían amparados por la norma.

•     Aplicación de la revisión extraordinaria a obras de menos de 12 meses y obras iniciadas después del 1 de enero de 2021.

•     Vinculación de las entidades locales de cada Comunidad Autónoma una vez que éstas hayan decidido su aplicación, ya que las licitaciones de las Entidades Locales suponen la mayor parte de las obras de menor importe.

•     Agilidad en las decisiones y silencio administrativo positivo una vez que la empresa solicite acogerse a esta revisión extraordinaria.

En todo caso, la CEG apremia al Ejecutivo a que adopte las medidas oportunas para el establecimiento de un sistema que permita considerar las variaciones que puedan poner en riesgo la ejecución de cualquier contrato público -con independencia de su naturaleza o de la administración responsable del mismo-; que tenga en cuenta el precio de todos los factores que influyen en la configuración de los costes; y que no deje fuera insumos tan importantes como la energía o los combustibles.

Dar cumplimiento a la premisa anterior pasa, por la modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, recuperando el sistema de cláusulas de revisión de precios con carácter general; y por la derogación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía.

En este sentido, queremos poner sobre la mesa en este apartado una problemática concreta, como es la de cuando no se han previsto en las licitaciones los incrementos salariales derivados de la negociación colectiva y del SMI, y los correspondientes a las cotizaciones sociales, y no se pueden trasladar a la Administración.

Esta situación, muy particular de sectores intensivos en mano de obra, combinada con la coyuntura adversa actual, ha obligado a las empresas a mantenerse en el cumplimiento de los contratos incluso a pérdidas. Esta circunstancia es aplicable a sectores como el de los servicios de ayuda a domicilio, cuyos costes se componen fundamentalmente de personal.

El año 2021 ha finalizado con una subida del IPC del 6,5%, la tasa más alta desde mayo de 1992, lo que se traduce en unas tablas salariales para 2022 muy difíciles de asumir para el sector y las perspectivas no son nada halagüeñas de cara al futuro.

La inmensa mayoría de los servicios de ayuda a domicilio, en torno al 90%, que se prestan por las empresas del sector, se llevan a cabo a través de contratos administrativos con los ayuntamientos. Urge por lo tanto que se adopten medidas que permitan la continuidad en la prestación de un servicio que es esencial para la población, pues de lo contrario se provocará el cierre de empresas al tener que incurrir estas en importantes pérdidas.

Contratos privados. Ampliación de plazos de licencias

Pero la escalada de precios ha condenado también la ejecución de muchas obras y proyectos de iniciativa privada cuya ejecución ha devenido imposible al menos temporalmente.

Las Administraciones Públicas competentes deberían contemplar con urgencia la posibilidad de ampliar los plazos de las licencias afectadas por esta situación causada por un alza de costes generada por la situación extraordinaria que vivimos. Con ello, evitaríamos la caducidad de la licencias y que cuando sea viable el proyecto haya que iniciar de nuevo el interminable proceso burocrático.

• Precio de la energía. Transición energética

Nuestro mercado energético atraviesa tiempos convulsos, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania. Debemos actuar con rapidez si queremos asegurar el suministro para el próximo invierno y mitigar la presión que la escalada de los precios de la energía está ejerciendo sobre nuestras empresas y hogares.

Ante situaciones extraordinarias medidas excepcionales. Es por ello por lo que debemos poner todos los recursos a nuestro alcance para no comprometer la actividad económica ni el consumo. Volver a reactivar la central de As Pontes como se está planteando es una de las posibles soluciones que aseguren el abastecimiento durante un tiempo determinado. Pero el restablecimiento de la actividad parcial de la térmica de Endesa no debe interferir ni retrasar las iniciativas industriales de futuro que están previstas en la comarca. Y tampoco debemos perder de vista la hoja de ruta marcada por la Unión Europea, que no es otra que la transformación de nuestro sistema energético y la apuesta decidida por la transición hacia las energías renovables en un espacio de tiempo lo más corto posible. Esto requiere una planificación responsable y gradual que responda a esa ansiada conversión, al margen de decisiones precipitadas que comprometan al abastecimiento y la disponibilidad energética a lo largo del proceso.

En estos momentos, y de forma concreta, nos encontramos preocupados por la posible reactivación en el Congreso del Proyecto de Ley de Detracción de Ingresos por el CO2 no emitido, que quedó paralizado hace ahora casi un año entre otras razones por la avalancha de cartas de enérgica protesta de las organizaciones empresariales de toda España. Debemos evitar que se consume ahora el grave error de penalizar a las tecnologías limpias de generación eléctrica, introduciendo nuevos costes en el precio de la electricidad con perniciosos efectos en la competitividad de las empresas por la inseguridad regulatoria y jurídica que generan, el aumento de los costes energéticos, la distorsión de los mercados y la penalización de las inversiones., 

Cogeneración

Por otro lado, es necesario adoptar medidas urgentes que permitan cubrir los costes a las empresas que utilizan la cogeneración, que en este momento están abocadas muchas de ellas a la paralización debido a que no pueden cubrir dichos costes.  El mecanismo de tope de gas aprobado por la UE para España ha discriminado a las empresas que utilizan la cogeneración y ha obligado a cerrar la producción a la mitad de ellas. Así que es necesario revisar con urgencia el sistema.

• Precio del combustible

Más allá de la medida de la prórroga de la bonificación de los 20 céntimos por litro de gasolina, el Gobierno no ha puesto en marcha ningún otro tipo de propuesta que alivie el coste del combustible para familias y empresas, y la previsión es que los precios sigan subiendo en los próximos meses.  La situación es difícil para el sector del transporte en general y para el del transporte sanitario en particular, y el compromiso adquirido por la Xunta de Galicia el pasado mes de marzo de hacer efectivas ayudas para este sector concreto sigue sin hacerse efectivo.

Pedimos pues a la Administración autonómica que lo haga efectivo a la mayor brevedad facilitando que el sector pueda acceder, como ya lo han hecho otros, a ayudas o medidas que contribuyan a sobrellevar la situación actual.

• Subida de los tipos de interés

Otra de las grandes preocupaciones de las empresas españolas y gallegas es la subida de los tipos de interés, que podría hacer que compañías y particulares en situación más vulnerable experimenten mayores dificultades para hacer frente al pago de las deudas y, como resultado, ver limitados sus niveles de gasto.

• Cobertura de vacantes laborales

Ocurre a nivel nacional, pero también es extrapolable a Galicia. Se trata de la gran paradoja en el ámbito laboral de que 141.000 parados convivan con 15.000 puestos de trabajo disponibles.  El desafío demográfico y el descuadre entre la oferta formativa y la demanda del mundo laboral explican parte del problema.

Desde la CEG, en colaboración con la Consellería de Educación, estamos trabajando en distintas líneas de actuación para revertir esta situación. Entre otras, en el diseño de una oferta de FP que adecúe el sistema educativo a las necesidades que marca el mercado laboral, así como en impulsar la acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.

También y para tratar de que fructifique el casamiento entre oferta académica y demanda laboral la CEG se acaba de adherir a la nueva herramienta tecnológica del Servizo Público de Emprego de Galicia que contribuirá a que las empresas encuentren trabajadores con las competencias que precisen en cada momento y se optimicen los índices de colocación en el mercado laboral. Para ello debemos contar con la colaboración ineludible de nuestro tejido empresarial, y desde aquí les pido a nuestras empresas que cooperen.

• Transferencia de competencias sobre el litoral

Al igual que otras comunidades autónomas que tienen transferida la gestión del dominio público marítimo-terrestre -el mar en Galicia forma parte de nuestra identidad social y se configura como uno de los motores de nuestra economía-, es imprescindible que Galicia cuente con las competencias sobre su litoral. Consideramos capital dicha transferencia.

• El absentismo laboral y la Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC)

Reducir la duración media y prevalencia de los procesos de incapacidad temporal por contingencia común (ITCC) en nuestras empresas deviene en un elemento imprescindible no solo para la mejora de su productividad y competitividad, sino también para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.

Resulta necesaria la adopción de determinadas actuaciones dirigidas especialmente a la mejora de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, habida cuenta de su mala evolución en los últimos años, y agravada aún más por los efectos provocados por la pandemia. Y es vital que se establezcan medidas que permitan aliviar las cuentas de la Seguridad Social, permitiendo igualmente que con estas medidas se minimicen los costes derivados para las empresas, lógicamente, sin menoscabo de los derechos de los trabajadores.

• Fiscalidad

La reforma fiscal que necesitamos debe articular un modelo que implique bajadas en los impuestos (pero una bajada para todos, generalizada, porque los empresarios que tienen más patrimonio, que crean riqueza y empleo, son a su vez los que también pagan más impuestos; por lo que hay que agradecerle a ese sector privado que con su trabajo contribuya al mantenimiento del sistema público); e incentivos para atraer inversión y talento y evitar su marcha.

Consideramos que se hace necesario, máxime en estos momentos, actuar en un sistema fiscal mucho más simplificado, modificando e incluso eliminando del sistema tributario español alguno de los impuestos que afectan directamente a la continuidad de muchas empresas, especialmente las empresas familiares, como son el Impuesto de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones. Necesitamos ganar competitividad fiscal; en este momento España está un 12,8% por encima de la media de la Unión Europea en términos de presión fiscal normativa.

Galicia debe optimizar las posibilidades que el marco estatal ofrezca para minorar la presión fiscal sobre el tejido empresarial; contar con un marco fiscal claro y transparente que ofrezca a las empresas seguridad jurídica y evitar situaciones que pongan en riesgo la viabilidad e incluso la supervivencia de las empresas establecidas.

Impuestos a las entidades financieras y a las compañías energéticas

En cuanto a los nuevos impuestos a las compañías energéticas y a las entidades financieras anunciados hace dos semanas por el Gobierno, consideramos que estos “tributos a la carta” generan incertidumbre y no ofrecen confianza, más bien generan inseguridad jurídica, lo que hace al país menos atractivo para la inversión y la actividad económica.

• Fondos Europeos

Los Fondos Europeos son instrumento clave para la recuperación y para asumir los retos futuros de nuestras empresas, recursos imprescindibles para acometer los cambios e inversiones necesarias que apuntalen nuestra competitividad, y desde la CEG se insta al Gobierno a que acelere su ejecución. Así, el Ejecutivo debe trabajar conjuntamente con las comunidades para agilizar el reparto y la ejecución de los fondos europeos de recuperación.

Asimismo, la normativa reguladora de las ayudas también debería ser revisada, según el caso, a nivel comunitario o a nivel estatal en cuestiones como: umbrales de intensidad; condiciones de intensidad, de gestión y ejecución; y criterios y requisitos exigibles a los proyectos o a los solicitantes que limitan el acceso o condicionan los proyectos. Por último, decir que es necesario poner en valor a la empresa y al emprendedor

Vivimos en un escenario en el que el empresario no es valorado ni visualizado socialmente como lo que es: un generador de riqueza y empleo. Es necesario cambiar esta visión y favorecer el marco de juego adecuado para que las empresas inviertan en nuestro territorio. Para ello es necesario: un marco jurídico favorable y una administración moderna y ágil que limite la carga burocrática y los tiempos de respuesta a las empresas que quieran iniciar o ampliar una actividad; un marco fiscal favorable y racional que no disuada a los que quieran venir o provoque la marcha de los que están en Galicia, y como decía, una gestión eficaz y oportuna de los fondos de la Unión Europea. @mundiario