Lo simultáneamente bueno, bonito y barato no existe

Los noticias que en los últimas semanas deparan asquerosas escenas de misoginia y acoso sexual, especialmente lamentables en partidos políticos. Unidas al tiempo que hacen perder las relativas a procesos y sentencias judiciales extrañas, ocasionan enredos tramposos  y, en el rifirrafe de las confrontaciones,  decisiones políticas que debieran tener altura de miras no cesan en mostrar que los telediarios que queden a esta legislatura no propician el optimismo.

Entre tanto disparate, es llamativo que, ante un asunto como las directrices del CEO del Hospital Universitario de Torrejón, en vez de disculparse de lo no hecho o mal hecho, la responsable de Sanidad en la Comunidad de Madrid, echándose flores, alegue estándares de calidad que no cesan de ser cuestionados. Haber trabajado para una empresa sanitaria durante 17 años, la lleva a encomendar fallos  propios a una supuesta desidia del Gobierno central y a quedarse, en exclusiva, con que ha crecido el presupuesto. Esta explicación, que denigra como “política”  cualquier crítica, sobreentiende como “apolítico” y, por  bueno, bonito y barato -sin nada cuestionable, ni mejorable- cuanto hace y dice.

Este juego de la gallina ciega, haciendo que los televidentes se queden colgados de contradicciones de este tipo no atiende a que, después de 50 años de democracia constitucional, en la gestión de  los asuntos de todos han quedado operativos quiebros tendentes a revertir cuanto haya acontecido en torno al Estado de Bienestar.

Sabiendo o sin saber, siguen la estrategia neocolonial de Trump pretendiendo que, en Europa, no avance el desarrollo de los derechos de todos, sino que se reviertan los que, desde el Plan Beveridge, generaron Bienestar social después de la IIGM, dando por no acontecida la larga pelea obrera hasta que, en la Alemania de Bimarck, echó a andar en 1883 el seguro de enfermedad), en 1884 el de accidentes y, en 1889, el de vejez.

En España, hace tiempo que muchos políticos han olvidado que, después de la primera ley social sobre accidentes en 1900, la implantación de las demás fue muy lenta; desde que nació el INP (Instituto Nacional de Previsión) en 1908, el “retiro obrero” no empezó a existir hasta 1919, y el seguro de maternidad tardó diez años más. Lo raro es que olviden, además, que el sistema de salud universal y de pensiones no se logró alcanzar hasta la Ley 26/ 1985, de 31 de julio, y su fortaleza siempre ha tenido detractores. 

Si la tardanza de acceso de los españoles a unas condiciones de vida dignas, es palmaria, no lo es menos la desmemoria de lo mucho que costó que este sustrato legal de bienestar tuviera consistencia. Es relevante recordarlo cuando hay tanta gente común –y tantos políticos- ocupados en revertir la limitación que esta institucionalidad organizativa supuso a  la propiedad privada; si las ganancias y condiciones del ámbito laboral vuelven a ser controladas sólo por los propietarios del capital y los medios de producción, el orden social vuelve enseguida al ser el de cuando Víctor Hugo escribió Los miserables en 1862. Nadie debiera debiera olvidar que, desde la crisis del petróleo en 1973, la caída del muro de Berlín y, sobre todo, la era Thatcher-Reagan, el bienestar común europeo se mediatizó. 

Entendería mejor que el actual impulso trumpista, unido al capitalismo ciberespacial,  trate de dar el último empujón al debilitamiento que ya tienen los servicios sociales. También facilitaría a los votantes españoles caer en la cuenta de que, en la secuencia de elecciones que se acaba de abrir en Extremadura, las políticas de lo público deciden maneras muy distintas de distribuir sus recursos en los presupuestos. Modos de hacer pasar por públicos objetivos privados siempre han existido, pero ha crecido su fuerza, sin que las crisis económicas de 2008, o la del Covid-19, los hayan frenado.

Desmemoria y segregación 

En el campo educacional, el periplo es idéntico. Desde que, en 1812, la Constitución de Cádiz planteó la necesidad de una Instrucción pública general, hubo que esperar a 1989 para que la educación común alcanzara  a todo el alumnado menor de catorce años de edad. Pues bien, en esta centenaria historia de dejaciones, incluso después de la CE78 prosigue una amplia gama desigualdades. Al margen de logros relevantes, las series estadísticas lo constatan, y cualquiera puede verlo si recuerda las peleas y desencuentros que ha habido en estos 47 años últimos. Para que el sistema fuera menos discriminatorio, huelgas, manifestaciones, plataformas reivindicativas, demandas sindicales, reclamaciones de APAS y estudiantes, dan cuenta de qué ha venido cojeando la educación de que habla el artc. 27.

Libros que lo cuentan hay muchos, como uno en que José Luis Pazos proclamaba en 2018: ¡No nos callarán!, o  uno de Ediciones Morata, del mismo año, en que enumeraba un largo Cuaderno de quejas sobre el Artc. 27. Es decir, que el sistema educativo español, como espacio en que concertar la universalidad y la libertad,  acumula, desde 1978, gran conflictividad con las políticas que han desarrollado ese artículo constitucional. Las cuestiones a que se refiere siempre hablan de una desigualdad, no exenta a veces de racismo,  y también dicen que los segregados siguen siendo los mismos de siempre. Pertenecen eminentemente a sectores de poco peso socioeconómico y cultural, pero el efecto multiplicador perjudica a toda la ciudadanía, al rebajar la calidad de la convivencia. 

En el 14º Congreso de FECCOO, en mayo de 2025, el lema fue: “Acabar con las desigualdades y ganar nuevos derechos”. Las leyes estatales y autonómicas, alimentadas por tendencias que no priorizaron la red pública-pública de centros, postergan la pluralidad laica de la ciudadanía, alimentan la segregación y mercantilizan  una educación que, indiferente a la justicia social, no se ocupa de si genera individuos abandonados a su suerte. España se sitúa de este modo como uno de los países europeos de más desigualdad.

Save the Children decía en septiembre de 2024 que  uno de cada tres niños vivía en riesgo de exclusión y, en diciembre, un informe de Bruselas la situó a la cola de la UE “por su riesgo de pobreza, paro y abandono escolar”. CCOO ha vuelto a confirmar en un nuevo informe el pasado día 11.12.2025, que la segregación escolar, es un problema de justicia social sin resolver.

Sería desatino olvidar a tantos docentes y organizaciones que han peleado por que esta limitación principal de la actual educación común no sea mayor. Más lo será no hacerlo cuando poderosas fuerzas políticas y económicas han acordado que el derecho a una educación digna vuelva a la situación anterior a que, en 1948, fuera reconocido entre los Derechos Humanos (artc. 26). @mundiario