El pluralismo en riesgo, si un partido y afines ocupan todos los resortes del Estado

Un clásico del pensamiento político define con precisión la diferencia entre un partido democrático y otros que no lo son y que radica en que el primero aspira a conquistar el Gobierno, en tanto para el segundo el objetivo es la conquista del Estado. Pretender el poder absoluto se parece mucho a lo segundo, sobre todo si se trata de ocupar todas las estancias del Estado, todos sus órganos y derivados. Es la herramienta del pleno dominio. Hay muchos modos de lograrlo. Cuando un partido coloca a sus afines o militantes en todos los órganos del Estado logra ese objetivo, de suerte que toda la sociedad queda sometida. Es decir, si aparte del consejo de ministros, el parlamento (con las adecuadas alianzas si no se tiene la mayoría natural, aunque sea contra natura, con los mismos que pretenden la voladura de ese Estado), la judicatura, los órganos de control constitucional, estos al servicio de la permanente interpretación, conforme al Gobierno o el partido que lo controle, de forma que lo esencial de la democracia se ve alterado seriamente. El círculo se cierra cuando el control es absoluto en los medios públicos de mayor efecto en las masas. Es curioso recordar que hace unos años, Pedro Sánchez, dijera que precisamente el pluralismo político debía reflejarse en el conjunto de todas las instituciones, órganos, estancias, elementos, servicios y aspectos de la vida pública y la sociedad civil.

¿Y qué entendemos por pluralismo? Pues como el sistema que acepta y tolera las diferencias de pensamientos. Concepto que tiene presencia en muchos ámbitos de la vida de los seres humanos como la política, la religión, la filosofía, entre otros y que además se encuentra íntimamente ligado a cuestiones como la pluralidad y la armónica convivencia de personas muy diferentes entre sí, porque, el pluralismo es un sistema que acepta, tolera y reconoce las diferentes posiciones o pensamientos que puedan surgir en la discusión sobre algún tópico en particular y en las diversas materias y contextos mencionados. En un sistema pluralista conviven sin problemas posturas diferentes y contrapuestas porque se acepta, se reconoce y se tolera que haya otros que no piensen de la misma manera. El pluralismo es un estado de cosas ideal y al cual todos deberíamos contribuir y aspirar a construir en la comunidad en la cual vivimos.

 No es menos cierto, como dijo Duverger que, en la contienda política, en el propio marco de la democracia, el objetivo, el premio de esa contienda es el poder y que “el poder se reparte entre y con los amigos o los afines”. ¿Pero en qué medida, o se debe dejar un espacio a ese pluralismo? Pero como dice el profesor Juan Carlos Miguel de Bustos, de la Universidad del Pais Vasco, “El pluralismo es un valor social y políticamente aceptado que busca que los medios de comunicación reflejen la diversidad de situaciones que caracteriza la realidad social y política”. A lo que añade que el pluralismo y pluralidad son comúnmente utilizados como sinónimos y su importancia radica en que son considerados como una condición necesaria para nuestras democracias. “Unos medios pluralistas satisfacen la demanda de una democracia mediante la provisión a los ciudadanos de un amplio abanico de informaciones y de opiniones. y la representación de la minorías, ofreciéndoles la oportunidad de mantener una existencia autónoma en una sociedad más amplia y reducir la aparición de conflictos sociales a través del aumento de la comprensión entre grupos con intereses contrapuestos y  contribuir a la variedad cultural .v promover el cambio cultural y social, particularmente cuando facilita el acceso a los grupos más débiles y marginados”. En principio, el pluralismo hace referencia a la multiplicidad de opiniones, de grupos, de puntos de vista, de actitudes políticas, religiosas, éticas e incluso geográficas.

El plualismo en los medios públicos

¿Se respeta el pluralismo cuando se ocupa sólo con afines los medios públicos y todas las demás instituciones? Las entidades estatales manifiestan su actividad y su voluntad a través de sus órganos; el concepto de órgano sirve, pues, para imputar a la entidad de que el órgano forma parte el hecho, la omisión o la manifestación de voluntad de que se trate. El órgano es un conjunto de competencias que será ejercido por una persona física, --el funcionario público, agente o “personal” del Estado— que, al actuar dentro de las atribuciones o funciones que le han sido conferidas, produce tal imputación. En este concepto se distingue entre el “órgano jurídico” —el conjunto de competencias— y el “órgano físico,” o sea, la persona llamada a ejercer esas competencias.

Y ahí radica la cuestión. Por ejemplo, hoy en día resulta escandalosa la manipulación que hace TVE de toda información y hecho que afecte al Gobierno (bastante común en os medios públicos de las comunidades autónomas, por cierto) y a Sánchez, de modo tan descarado como acabamos de ver al silenciar las pitadas al presidente del Gobierno en el día de la Fiesta Nacional.  La regla moral y la decencia profesional, obligan a la persona que desempeña una determinada función en un órgano público, incluso cuando pertenece al mismo partido del que Gobierna, pero para curarse en salud, por eso se coloca donde interesa a las personas adecuadas.

Hay una evidencia desoladora en ese sentido de lo que ocurre en España con respecto al enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial, en cuyo escenario se ha colocado como si estuviera por encima, en su propio espacio, de este último. El informe sobre el Estado de derecho publicado en julio fue muy explícito. Por segundo año consecutivo, la Comisión Europea expresó su “preocupación» por la «presión indebida” de cargos políticos sobre los jueces y alertó del riesgo de que las declaraciones vertidas desde el Ejecutivo afecten a la confianza que la opinión pública tiene en la independencia judicial.  España es uno de los tres países citados en este caso, aparte de Italia y Eslovaquia, donde las tensiones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el mundo judicial han sido una constante en la legislatura. Y va a peor. Y basta ver las reacciones ante la decisión sin precedentes del Tribunal Supremo de encausar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la querella de Sánchez contra el juez que investiga a su esposa, Begoña Gómez, ambas medidas tomadas por unanimidad que han vuelto a disparar las críticas del Gobierno a los tribunales con graves acusaciones repetidas. @mundiario