El retorno de la corrupción de siempre
La impunidad y las bajas sanciones comparadas con los posibles beneficios incentivan las conductas deshonestas en la Administración.
En pocas semanas se han amontonado diversos escándalos de corrupción, en distintos lugares y afectando a varios partidos políticos e instituciones sociales, una coincidencia temporal que indica la generalización, una vez más, de conductas impropias e ilegales.
El episodio del diputado canario, conocido como caso Mediador, reúne todos los ingredientes de sordidez y vulgaridad que lo hacen tan atractivo mediáticamente. Una trama con ramificaciones en el Gobierno de las islas y en la Guardia Civil, dos asuntos hasta ahora escasamente divulgados por el secreto de la instrucción, pero donde los indicios son ya muy preocupantes. Otra derivación, las reuniones con diputados, parece tener menos recorrido aunque pone en cuestión las normas de conducta de la Cámara ante favores o regalos.
En otro lugar, el Gobierno de Cantabria, se descubre una trama de adjudicaciones irregulares en las obras públicas. En Valencia prosiguen los juicios de Gurtel mientras surge el sumario Azud. La expresidenta del Parlamento catalán acaba de ser juzgada por irregularidades en la concesión de subvenciones. Sin salir de Cataluña, prosiguen las diligencias contra un elevado número de altos cargos de la Generalitat implicados en la desviación de fondos públicos para el intento de secesión. Sin olvidar la presunta corrupción de los árbitros durante siete años con fondos del Fútbol Club Barcelona, o las investigaciones en el Ministerio de Fomento sobre contratos ferroviarios. Además, otra investigación paralela revela prácticas indebidas en la contratación de obras en la Guardia Civil. No se agota aquí la lista de escándalos.
Entre los afectados, PP, PSOE, Regionalistas de Cantabria y JxCat, es decir los que gobiernan o gobernaron, pues como es obvio la corrupción florece en los aledaños del poder. Como ha sido norma histórica, los casos citados no han provocado ni asunción de responsabilidades de los distintos partidos ni medidas para evitar que se repitan. Al contrario, han sido utilizados desde el primer momento como munición electoral frente al rival.
Corrupción inevitable y recurrente
Solo hay una forma de afrontar la corrupción en los poderes públicos y es mediante la reducción de su discrecionalidad y la profesionalización de la Administración como eficaz contrapeso. Mientras el cambio de Gobierno afecte en España a 400.000 personas según las estimaciones, la corrupción será inevitable y recurrente. Así se explica que el ranking de Transparencia Internacional sitúe a España en el nivel de Cabo Verde y Botswana, por detrás de todos los países desarrollados de la Unión Europea y de la OCDE. Por detrás solo figuran los países mediterráneos y los que formaban parte del bloque comunista europeo. A título de comparación, Países Bajos ocupa la octava posición mundial en el ranking de transparencia, treinta lugares por delante de España. De esto no se ha hablado cuando una empresa española ha decidido trasladar su sede allí. Muchos se han rasgado las vestiduras, pero casi nadie se ha preguntado por lo que hace atractivo aquel país.
Incluso los nuevos partidos que en su día hicieron bandera de la regeneración de la vida pública, han sucumbido ante los beneficios del poder, renunciando a impulsar cambios ambiciosos mientras se apuntan al ruido mediático selectivo contra sus enemigos.
La sociedad apenas se sorprende. La historia democrática reciente está llena de episodios similares que han extendido la impresión de que la corrupción es inherente a la política, sin distinciones posibles entre unos y otros. Un pensamiento que hunde sus raíces en la cultura española de la picaresca. Se trata de una percepción negativa de la vida pública que debería ser corregida, pues la opinión pública puede ser también impulsora de una cultura de la integridad institucional.
En realidad, la situación se ha deteriorado durante los últimos años. Adolfo Suárez, disponiendo de mayoría suficiente en las Cortes para imponer a uno de los suyos, facilitó que el primer Presidente del Tribunal Constitucional fuese Manuel García Pelayo, catedrático de prestigio, pero también capitán en el Ejército republicano y preso al terminar la Guerra Civil, es decir, un símbolo en sí mismo de la tolerancia y la reconciliación. Felipe González, también con mayoría sobrada, eligió para el mismo cargo al independiente Francisco Tomás y Valiente asimismo catedrático de prestigio. En las épocas más recientes los Gobiernos han situado al frente del organismo a personas de su propio ámbito ideológico. De ahí para abajo el fenómeno del clientelismo se ha generalizado incluso en los organismos de control o en los medios públicos de comunicación, en detrimento de la profesionalidad de funcionarios y expertos.
El diputado canario, su socio, su sobrino y otros figurantes no son más que la hojarasca vistosa de un fenómeno amplio, que crece ante la desidia de quienes deberían ser los más interesados en limpiar y airear el funcionamiento de las instituciones. En lugar de ello su único argumento es “Y tú, más”. Pues sí, habrá más corrupción, no solo en el fútbol. @mundiario
