Que los incendios no nos impidan mirar al futuro del bosque

Vaya por delante el reconocimiento de que no soy un experto, y que me conformo con aplicar para el análisis la lógica y un intento de objetividad. Pero vaya también por delante que antes de ponerme a escribir, he contrastado mis propuestas con expertos conocedores de la tierra, de los temas forestales, agrícolas y ganaderos, de protección civil y de fuegos.

No quisiera entrar en la falsa polémica del “no nos proporcionan medios”, y de descargar, sin solicitar formalmente, la responsabilidad en el Estado central; pero los planteamientos que hemos visto estos días por parte de presidentes y presidentas de Comunidades Autónomas, y de Feijoo y la dirigencia del Partido Popular, nos obliga a intentar poner las cosas en su sitio. Nuestra ordenación constitucional y legal establece claramente que la competencia y responsabilidad en materia de prevención y extinción de incendios es de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Por tanto, el problema es de gestión. Las informaciones abundantes demuestran que la labor subsidiaria del Estado central se ha desarrollado con la aportación de los medios demandados, y con la aportación de los apoyos reclamados y llegados de Europa.

Y la gestión -a cuya competencia se han aferrado presidentas y presidentes del PP, mientras culpaban de sus propios errores e insuficiencias al Gobierno- se va poniendo de manifiesto que ha sido y está siendo anárquica, torpe y contradictoria, tanto en la prevención como en la organización de la lucha contra el fuego como en la prevención y cuidado de los montes.

No podía dejar de entrar en esos temas, ya que veo que los dirigentes del PP están empeñados en convertir una catástrofe en anécdotas y polémica engañosa y partidista. Mientras no se ha dado la importancia adecuada a quienes han pagado con sus vidas las consecuencias del fuego; a quienes se han dejado la piel y la salud luchando contra la devastación, y a los miles de personas damnificadas de una manera o de otra, que ahora van a tener que rehacer sus vidas desde la desolación.

Lo que pretendo es ocuparme de reflexionar sobre qué hacer ya en el futuro inmediato, y poner el foco en cómo darle un contenido eficaz y estratégico a la propuesta del presidente del Gobierno sobre un pacto de Estado: algo que implica analizar cómo construir de manera correcta el futuro sobre las cenizas.

Como quien dice, pasado mañana, cuando los miles de habitantes desplazados de las zonas afectadas regresen a sus hogares o a lo que quede de ellos; o cuando los no desplazados vuelvan a poder ocuparse de su vida cotidiana, se van a encontrar condenados a habitar en medio de una nada, improductiva y arrasada. Y desde el primer día los poderes públicos en todos sus niveles, contando por supuesto con los vecinos y propietarios del suelo quemado, tienen que afrontar la pregunta clave: ¿qué hacer?

Es, por tanto, el momento para una reflexión, no por urgente menos sosegada, en la que se analicen, por una parte, los desequilibrios territoriales y de distribución y usos del suelo, que han dificultado la vida del rural, y que incluso pueden haber estado en el fondo de las causas del abandono y la despoblación; y por otra parte, en qué puede haber contribuido la distribución de los usos del suelo y su gestión (tipo de plantaciones, formas de explotación o de abandono, falta de laboreo y pastoreo, minifundios o disfunciones de la propiedad, y hasta las propias normas de funcionamiento de las sociedades de montes comunales) en el favorecimiento de la propagación del fuego.

A la hora de afrontar el futuro hay varias consideraciones que es imprescindible tener en cuenta:

Lo primero es abordarla conservación de los suelos, utilizando las técnicas precisas para que las cenizas y restos acumulados no se dispersen con las escorrentías y el viento, de manera que terminen contaminando regatos, arroyos y ríos y transportando el problema hasta el mar.

Aunque haya una participación vecinal imprescindible en todo el proceso, ha de ser un procedimiento en el que la participación de los poderes públicos, y la intervención de los expertos en diferentes facetas relacionadas -forestales, agrícolas, ganaderos, medioambientales, técnicos en prevención, entendidos en extinción, antropólogos, educadores sociales, juristas…- que compaginen todos los aspectos a tener en cuenta, para contribuir a que se construya un modelo de reconstrucción eficiente; que pueda marcar incluso las pautas para la corrección de nuestros bosques y de nuestra política forestal, porque lo que no ha ardido este año puede estar ardiendo el año próximo.

A partir de esas bases hay que afrontar una reordenación del territorio, con el máximo respeto al derecho de propiedad, aunque con el sometimiento a su “Función Social”, y a “las Exigencias de la Economía General”, como marcan los artículos 33.2 y 38 de nuestra Constitución.

En esa reordenación debería contemplarse lo que aconsejan los expertos, de compaginar el bosque (y con qué tipo de especies repoblar cada bosque) con la existencia de pastizales, con cultivos, con plantación de frutales y de espacios de huerta donde se den las condiciones; con la recuperación y acondicionamiento de caminos… De manera que esa combinación armoniosa contribuya a dificultar la velocidad de propagación del fuego y facilite la lucha contra el mismo.

Como hablamos de planificación, habría que buscar la manera de incentivar la ganadería extensiva, que facilite la limpieza del bosque y pastizales. Estudiando también los cauces para dar salida a la comercialización de los productos de esas explotaciones. Lo mismo que de los productos frutales y agrícolas. Fomentando el emprendimiento y generando el estímulo para que una buena parte de la mano de obra que pueda acudir a trabajar en las tareas de reforestación encuentre motivos para quedarse en el territorio, con medios de vida que favorezcan su repoblación.

Diseñar e incentivar un modelo de cuidado y mantenimiento del medio rural, que es el mejor mecanismo de prevención de incendios. Estudiando muy bien la fórmula para gastar, tanto en los apoyos para activar las diversas explotaciones de los territorios como el cuidado y prevención, lo que -estoy seguro de que en mayor volumen- se suele gastar en las catástrofes de los incendios como los que estamos sufriendo en la actualidad. Siempre será un dinero más útil e inteligentemente gastado el que se invierte en proteger y revivir la vida que el que se gasta en tratar de salvarla.

Contemplar la reposición de flora y fauna, de manera, en el segundo caso, que también contribuya a la limpieza del monte.

Establecer unos planes continuos de apoyos e incentivos a los habitantes del rural, con mejora de servicios y acceso a la cultura y al ocio. Rompiendo el círculo vicioso establecido en la actualidad: se recortan los servicios y las facilidades porque “se dimensionan en relación con los habitantes existentes”, pero esos recortes lo que fomentan es precisamente que acudan menos habitantes, o que se vayan los que van quedando, por la falta de servicios y de facilidades para vivir. De hecho, en la actualidad los habitantes del rural están sufriendo una injusticia fiscal grave: porque proporcionalmente están contribuyendo a los presupuestos públicos igual que los más ricos de las ciudades y, sin embargo, reciben servicios y facilidades en una proporción escandalosamente inferior que quienes vivimos en las áreas urbanas y periurbanas.

Y devolver a los habitantes del rural unas facultades que tradicionalmente ejercieron: tienen que dejar de ser unos espectadores pasivos de sus catástrofes, para convertirse en agentes activos que puedan colaborar con los expertos que realizan en situaciones límite las labores de extinción. Para ello hay que organizar actividades periódicas de formación y entrenamiento, que pueden ser dirigidas durante el año precisamente por los bomberos profesionales y los técnicos de protección civil, para que puedan realizar acciones de protección, o evacuación, de sus propios vecinos, y tareas de prevención y de apoyo a las brigadas especializadas en los momentos de catástrofe.

Es clave que los Ayuntamientos asuman un papel de coordinación en la red de mantenimiento y prevención, que se les dote de maquinaria adecuada estable, y que se constituyan en cabecera de la célula territorial de su propio municipio y población, asumiendo la dirección de las acciones de sus vecinos.

Son unas modestas sugerencias para realizar una reflexión y un debate que lleve al terreno de lo concreto la reconstrucción, y hasta la generación de normativa, para que éstas se construyan y planifiquen no con la filosofía del “despacho” o el “escaño”, sino con el conocimiento concreto de la realidad.

Cuando el presidente del Gobierno lanza el plan de un Pacto de Estado, en definitiva, se está refiriendo a toda esta problemática, que no tiene ni partido ni ideología, sino lógica, intervención de expertos y de usuarios, que conocen, y que cada día viven y sufren las inclemencias de la anarquía improvisadora, que en estos días ha llegado a su máximo exponente en la pésima gestión y en la falta de previsión de quienes cobran del erario público para evitarlas, para prevenirlas y para solucionarlas. Y no para dar excusas. Burlarse de una propuesta semejante es una frivolidad, una falta de conciencia y una demostración de que, quienes lo hacen, carecen del más mínimo interés por nuestros territorios y por nuestros conciudadanos del rural. Que, por cierto, son quienes nos están dando de comer. @mundiario