¿Qué hacemos con el espacio público?

Lo más concreto que se juega en unas elecciones municipales y autonómicas es el trato que, en el transcurso de cuatro años, se impondrá a los espacios públicos, un recurso limitado como todos, cuya distribución y limitación, privatización o ampliación, empobrecimiento o enriquecimiento, harán los elegidos en las urnas. En la más inmediata cercanía a los electores, la cantidad y calidad del espacio público que haya dentro de cuatro años, dependerá de  la ejecución de las promesas que estos días se pasean por los medios y redes sociales.

Lo público es político

Se trata del espacio que los griegos llamaban la POLIS, al que las decisiones  afectaban de tal modo que, en la versión de Aristóteles, ser ciudadano –o “político”- era tener la facultad de deliberar  y gestionar el espacio de todos; un privilegio en la Atenas del siglo IV a.C. En la España de hoy, el voto es un derecho universal, que plantea dudas, derivadas en gran medida de situaciones culturales y educativas dispares en conocimiento y hábitos sociales, causantes de las variadas interpretaciones de la libertad con la papeleta de voto o la abstención. Hay tendencia, por ello, a hablar de buenos y malos votantes, listos e ignorantes, constitucionalistas e inconstitucionalistas. Pero por este camino de los calificativos pronto se acaba la libertad que tanto trabajo costó conseguir; e  igual sucede si los votantes se guían por emociones que prescinden de la gestión de lo público que hayan hecho los candidatos, pues traduce indiferencia ante abusos que hayan podido hacer para alimentar intereses privados.

De las áreas más propicias para el dislate y la corrupción, urbanismo es la que tiene más devotos. En las administraciones de muchos Ayuntamientos y Comunidades hay múltiples fraudes que las hemerotecas guardan para los buscadores de pintorescas artimañas que la igualdad de la ley no controla; a veces, porque la penitencia que impone al defraudador no le disuade, y muchas otras porque los sintagmas legislativos admiten elasticidades semánticas que los más espabilados  aprovechan. Algunos reúnen, incluso, las dos condiciones porque desde la Administración se facilita el ecosistema propicio para vendarle los ojos a la Justicia en cuestiones del espacio público.

Mimando a los selectos

En víspera electorales, el recuerdo de estos asuntos no tan raros suele topar con el olvido que algunos políticos fomentan para colar mejor sus remodelaciones de la realidad. Dos casos recientes en un mismo barrio de Madrid, Chamberí, son bien ilustrativos de cómo las encuestas no detectan que el uso o abuso de lo público afecte a la intención de voto. La autorización de un hospitalillo del siglo XIX, bien cultural por derecho propio por su arquitectura, y bien social por el servicio que podría hacer a un barrio escaso en dotaciones públicas, es uno de los últimos usos privatizadores que han saltado a los medios. Que lo sea para un “colegio de lujo”, para hijos de familias que puedan alardear ante sus pares de que se educan como niños bien, segregados de los demás, es un atropello de una ley que debiera presidir  la convivencia democrática. En cierto sentido, es un insulto al resto de ciudadanos, como lo es el favor a los colegios con licencia para segregar a chicos y chicas; pero no parece importar a gran número de votantes. También es de gran interés documental la trayectoria de un parque instalado sobre un área del Canal de Isabel II, en buena medida privatizado por gobiernos del mismo color político que el actual, para campo de golf. Tras la pelea victoriosa de los vecinos, ha sido reabierto el pasado domingo para uso público, y se vende ahora como “nuevo pulmón verde” justo antes de unas elecciones.

Pues bien, en lo que atañe a las políticas educativas, -que en Madrid lleva tantos años rigiendo, y más desde aquel “Tamayazo” de 2003- esta práctica no es un caso aislado, sino sistemático en una Comunidad que incluso tiene una Subdirección general dedicada a atender con presteza a los colegios privados y concertados; hace años, hacía el mismo ejercicio desde los despachos de Ayudas y Becas. Y para que quede bien documentada su preferencia, puede seguirse la trayectoria de los últimos años, donde a la chita callando –y muchas veces en contra de las reclamaciones de asociaciones de madres y padres-, desde el año 2000, se han privatizado 80 solares públicos para colegios particulares. Se da la casualidad de que, en algunos de los barrios afectados por la sustracción de estas parcelas públicas, no hay ningún centro público que pueda garantizar a los chicos y chicas, de familias con menor capacidad de renta, el acceso a  una enseñanza digna. La desigualdad es manifiesta y, para colmo, los clientes de esos colegios tendrán posibilidad de becas, ayudas y desgravaciones, con tal que los niveles familiares de renta no sobrepasen los 180.000 euros. Esta gestión de lo público maltrata, de rebote, a la educación pública y desacredita a sus profesionales; al no facilitarles los medios y discriminarles con la selección del alumnado que han de atender y con unas condiciones laborales peores, mima un poco más a los selectos con esta propaganda indirecta de la educación como bien de consumo. A cerca de un 50% de clientes de los centros privatizados o beneficiados, les encanta.

El realismo brutalista

Los desajustes de unas y otras Comunidades en el uso de los recursos públicos en Educación no son cuestión de opinión. Con estas políticas, sólo ganan los que más recursos tienen: sumando los impuestos que no pagan y el apoyo explícito a sus intereses, resultan privilegiados respecto al resto de ciudadanos. Los indicadores del informe SoCIEducación 2023, que este lunes día 22 se presentó en Madrid sólo muestran los efectos que esta política excluyente arrastra consigo. Sus datos están tomados de informes oficiales sobre: gasto público total en educación, gasto público anual por alumnado no universitario de centros educativos públicos, alumnado no universitario de régimen general escolarizado en centros educativos públicos, ratio de alumnado no universitario por docente en centros educativos públicos, ratio de alumnado por unidad en centros públicos  (en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria), tasa de idoneidad en el alumnado a los 15 años de edad, tasa bruta de graduación en Educación Secundaria Obligatoria, y abandono temprano. Este rico material estadístico, fácil de leer, permite a cualquier posible votante comprobar que este particular uso de lo público no mejora la educación ni la convivencia. La tendencia resultante del conjunto, mediocre en la mayoría de los parámetros, hace difícil cumplir los objetivos de la Prospectiva España 2050. Entre las Comunidades que lo tendrán más difícil, Madrid -campeona en privatizaciones, colegios privados y subvencionados- queda penúltima en el ránking de cumplimiento; sólo le gana Murcia en este dudoso mérito. @mundiario