Por qué el Estado debería haber tomado las riendas de la catástrofe desde su inicio

Muchos políticos españoles han usado a lo largo de la historia (Sagasta, Primo de Rivera y otros) la frase “sálvense los principios y piérdanse las colonias”. Es inevitable recordarlo cuando, sobre todo desde el Gobierno y el partido principal que lo forma, en defensa de su presidente, se justifican por no haber decretado la emergencia nacional, sino que se respetó la disposición que regula las competencias de las comunidades autónomas y el formulario ordinario de actuación en Valencia. Y a eso hay que añadir que al frente de la comunidad se hallaba un incompetente si capacidad de asumir lo que se le vino encima que, en todo caso, es una desgracia de alcance nacional. De ahí que entendamos que el Gobierno tenía que intervenir ante la propia dimensión de la DANA, los recursos totales que dirige y la evolución de la desgracia y sus efectos.

El preámbulo de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil señala: “La vulnerabilidad de las personas en nuestra sociedad ante las múltiples y complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas es menor que hace treinta años, por la influencia de las políticas públicas que se han aplicado desde entonces, basadas en esencia en un gran desarrollo de los sistemas de alerta, la planificación de las respuestas y la dotación de medios de intervención”. Este caso y sus antecedentes no lo confirman, pese a que se afirme que “aun así, la envergadura de este tipo de riesgos es tal que pueden llegar a afectar a la seguridad nacional, como lo reconocen las dos Estrategias de Seguridad Nacional aprobadas hasta el momento”. Ahora mismo se ha disparado el número de víctimas, cuando si se hubieran tomado las medidas adecuadas para evitar los efectos del desbordamiento de los ríos, como se tomaron en el pasado, no se hubiera producido la misma catástrofe.

Por lo tanto, la realidad contradice el optimismo del preámbulo de la Ley, cuando se afirma que “El descenso del número de víctimas a consecuencia de las catástrofes es una realidad”.  Si bien es cierto que las catástrofes “generan consecuencias destructivas de bienes o perturbadoras de comunicaciones y transportes o dañosas para el medio ambiente se han ido incrementado sin cesar por la influencia de factores potenciadores de las amenazas, especialmente el cambio climático y la propia actividad humana, que genera riesgos inseparables de ella, muchas veces por el legítimo afán de progreso”.

Las demandas de las políticas publicas.

O sea, que es un asunto de la seguridad nacional, o sea, la de todo el Estado, por lo que es evidente a quién corresponde la responsabilidad de actuar a esa escala. Y eso demanda “políticas públicas para desarrollar instrumentos normativos, organizativos y medios que les permiten ejercer sus respectivas responsabilidades en esta materia y mejorarlas continuamente. Integrada en la seguridad pública, la protección civil alcanza hoy en todas partes una importancia de primer orden entre las diferentes políticas públicas y se ha configurado como uno de los espacios públicos genuinos y legitimadores del Estado. En España ha experimentado un notable desarrollo en los últimos treinta años, no exento de ineficiencias causadas principalmente por las dificultades de coordinación de un sistema abierto, flexible y con múltiples actores y niveles de actuación y, en consecuencia, de reconocida complejidad”.

Y como se trata de salvar la responsabilidad de Sánchez, insisto, vista la propia incompetencia de Mazón, a quien le viene grande y desborda la dimensión de la catástrofe, hay que esconderse detrás de la burocracia administrativa, sin suplir desde el Gobierno, directamente, la incompetencia del presidente de la Generalitat. La Ley de protección civil y en el decreto que la desarrolla, establece tres niveles de emergencia: situación operativa 1 (cuando la entidad responsable puede afrontarla con recursos propios), situación operativa 2 (cuando sigue liderando la autoridad autonómica, pero recibe asistencia de otras zonas o recursos estatales, como está pasando ahora mismo en Valencia) y situación operativa 3 o emergencia de interés nacional, de la que estamos hablando estos días. Y esta es la cuestión. ¿Cómo pueden salvarse la responsabilidad de Sánchez diciendo que vista la evolución de los acontecimientos no lo reclamaban, sino como mero colaborador para “aportar lo que pidan”? Porque la situación de emergencia era evidente para coordinar administraciones diversas y recursos más allá de una comunidad autónoma; especialmente “por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional”. Y ese nivel lo tiene que declarar el ministro del Interior, bien por iniciativa propia (pero informando a la comunidad autónoma), bien a petición de la comunidad autónoma afectada o la delegación del Gobierno de la zona. O sea, que era Fernando Grande-Marlaska quien pasaría a dirigir las labores de rescate y ayuda y el presidente valenciano, Carlos Mazón, dejaría de liderar el operativo. Ante un caso como éste.

Y esa declaración se debe activar en los casos paralización de servicios públicos esenciales, desabastecimiento de productos de primera necesidad, terremotos, incendios y, también, inundaciones. Y se puede declarar en todo el país o solo en una parte. Y aunque ese Estado requiere un determinado procedimiento que empieza en el Consejo de Ministros, la reacción inmediata no puede esperar y se deben activar sin más todos los medios de emergencia. En cada estado de alarma hay una autoridad competente superior, que puede ser el propio presidente del Gobierno que suple al de la comunidad autónoma. Y en casos como éste, mientras no se declaren ninguno de los estados estatales previstos (alarma o emergencia de interés nacional), el presidente de la Generalitat podrá declarar “situación de emergencia catastrófica” y asumir la coordinación, pero al verse desbordado no basta pedir medios al Estado, sino ceder la dirección que el Estado debe asumir.

Y ahora viene el después.Si se permitió edificar, al borde los cauces como se ve, en las zonas inundables, habrá que corregirlo como se hizo en los años cincuenta con el desbordamiento del Turia, Por eso hay otros resposables, del pasado y del presente, por lo que acaba de suceder y puede retornas en cualquier momento. Porque lo único seguro es que va a seguir lloviendo. @mundiario