¿Se puede indemnizar por la pederastia sin baremos?

La firma del protocolo entre el Gobierno y la Iglesia católica para indemnizar a las víctimas de pederastia constituye uno de los pasos más relevantes en la gestión de una de las crisis más profundas que ha atravesado la institución eclesial en España. No se trata solo de un acuerdo administrativo o jurídico: es, sobre todo, un reconocimiento tardío de una realidad que durante años fue negada o minimizada y que hoy exige respuestas institucionales sostenidas en el tiempo.

El documento firmado ahora desarrolla el pacto alcanzado el pasado 8 de enero y establece un procedimiento concreto que permitirá a las víctimas presentar solicitudes a partir del 15 de abril. Ese calendario marca el inicio de una etapa nueva, en la que el reconocimiento y la reparación se convierten en una responsabilidad compartida entre el Estado y la Iglesia, con la intervención del Defensor del Pueblo como garante de la imparcialidad del proceso.

La arquitectura del sistema busca corregir una de las críticas más persistentes formuladas por las asociaciones de víctimas: que la Iglesia no sea juez y parte en la evaluación de los casos. El papel central del Defensor del Pueblo pretende precisamente evitar esa situación. Será este organismo independiente el encargado de analizar cada solicitud, escuchar a las partes y formular una propuesta de reparación en un plazo máximo de tres meses, antes de trasladarla a las instancias eclesiales correspondientes.

Iglesia y Gobierno acuerdan indemnizar a las víctimas de pederastia sin baremos: un paso histórico con luces y sombras

Sin embargo, el aspecto más controvertido del acuerdo es también el que define su singularidad: la exclusión expresa de baremos o cantidades económicas predefinidas. La decisión de no fijar cuantías mínimas o máximas responde a la voluntad de estudiar cada caso de forma individualizada, atendiendo a circunstancias como la edad de la víctima, la violencia sufrida, la duración de los abusos o la relación con el agresor. Es una opción que pretende priorizar la singularidad de cada historia frente a la rigidez de un sistema estándar.

Pero esa misma ausencia de referencias económicas plantea interrogantes legítimos. Durante las negociaciones, muchas víctimas reclamaron la existencia de criterios económicos transparentes que garantizaran la equidad entre casos similares. La experiencia de otros países europeos, donde sí se establecieron rangos indemnizatorios, había servido como referencia para quienes reclamaban un modelo más homogéneo. El temor, expresado en distintos foros, es que la discrecionalidad pueda generar percepciones de desigualdad o inseguridad jurídica.

Responsabilidades que durante décadas se eludieron

El contexto histórico en el que se produce este acuerdo resulta igualmente significativo. Han pasado más de siete años desde que comenzaron a aflorar de forma sistemática los casos de abusos en el ámbito eclesial en España. Durante ese tiempo, la presión mediática, el trabajo de investigación periodística de medios como El País y la creciente conciencia social obligaron a las instituciones a asumir responsabilidades que durante décadas habían sido eludidas. El informe del Defensor del Pueblo, que estimó que una parte significativa de la población había sufrido abusos en entornos religiosos, supuso un punto de inflexión en la percepción pública del problema.

El nuevo mecanismo pretende también ofrecer una vía de reparación para aquellos casos en los que la justicia ordinaria ya no puede actuar debido a la prescripción de los delitos. Esa realidad —la imposibilidad legal de perseguir judicialmente muchos abusos ocurridos hace décadas— explica la necesidad de soluciones alternativas que, sin sustituir al proceso penal, permitan reconocer el daño causado y ofrecer algún tipo de reparación.

Otro elemento relevante del protocolo es su carácter colaborativo. La intervención de distintas instancias —el Ministerio de Justicia, el Defensor del Pueblo y las estructuras de la Iglesia— refleja la complejidad de abordar una cuestión que afecta a ámbitos jurídicos, sociales y morales. El procedimiento contempla incluso la creación de una comisión mixta en caso de desacuerdo entre las partes, un mecanismo pensado para evitar bloqueos y garantizar que las resoluciones se lleven a término.

Desde la perspectiva institucional, la firma del protocolo también supone un cambio de actitud por parte de la Iglesia española. Durante años, el reconocimiento de la magnitud del problema fue parcial y, en ocasiones, reticente. El hecho de que ahora se asuma la responsabilidad de financiar las reparaciones y de aceptar la supervisión de un organismo independiente indica un desplazamiento significativo en la cultura institucional.

El énfasis puesto en el carácter humano y personalizado del procedimiento constituye una señal relevante, aunque su concreción real solo podrá evaluarse con el tiempo

Pero el verdadero alcance del acuerdo no podrá medirse únicamente por su diseño formal, sino por su aplicación práctica. La eficacia del sistema dependerá de su capacidad para atender a las víctimas con sensibilidad, rapidez y respeto, evitando la revictimización que tantas veces han denunciado quienes han tenido que relatar su experiencia en múltiples instancias. En ese sentido, el énfasis puesto en el carácter humano y personalizado del procedimiento constituye una señal relevante, aunque su concreción real solo podrá evaluarse con el tiempo.

También resulta imprescindible observar cómo evoluciona la percepción social de este mecanismo. Para algunas víctimas, la ausencia de baremos puede interpretarse como un reconocimiento de la singularidad del daño sufrido; para otras, puede ser vista como una falta de garantías objetivas. Esa tensión entre individualización y transparencia constituye, probablemente, el principal desafío del nuevo modelo.

En última instancia, el acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia representa un intento de responder a una deuda histórica con miles de personas que han sufrido abusos en entornos donde deberían haber encontrado protección. No resuelve todos los problemas ni elimina las heridas, pero abre un camino institucional que hasta ahora no existía.

En un asunto tan delicado, los avances suelen ser graduales y complejos. Este protocolo, con sus fortalezas y sus incertidumbres, simboliza un reconocimiento que llega tarde, pero que resulta necesario. La verdadera prueba comenzará ahora, cuando las víctimas empiecen a presentar sus solicitudes y el sistema tenga que demostrar que está a la altura de la promesa que hoy se anuncia. @mundiario