¿Próxima parada, el referéndum de independencia? ¿Caben dudas dada la experiencia?

No creo que haya imágenes más abyectas en la historia política española que la que se desprende de las declaraciones públicas de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Illa y Marlaska explicando enfáticamente por que la amnistía era inconcebible en nuestro Estado de Derecho porque no era constitucional. Era 2023. Poco después, sin ninguna otra explicación ya lo era. ¿Por qué nos coge por sorpresa? ¿es que acaso no escarmentamos y otorgamos alguna credibilidad a ese sujeto que dijera que no dormiría teniendo a Podemos en el Gobierno, que por sus principios nunca podría pactar –o sea, ceder ante sus imposiciones—con el independentismo para llegar a la Moncloa, o aquello del “no es no y nunca es nunca, si quiere se lo repito cien veces”, en cuanto acomodarse con los herederos de ETA. ¡Y cuando decía que lo de Cataluña fuera un acto de rebelión, y luego anula el delito de sedición y rebaja el de malversación, no sin antes haber dicho que era contrario de que un político indultara a otra! Es un verdadero creador de Derecho reversible e ingeniería moral.

Ahora, con el Constitucional en su mano, lo tiene más fácil. Es curioso, pero a Sánchez le ha venido bien el asunto de lo de la OTAN, porque ha venido a distraer a la sociedad española sobre el enredo que envuelve a su partido en las mallas de dos de sus hombres de máxima confianza y ex secretarios de organización del PSOE, y al asistente de uno de ellos, de la misma confianza, como guardián de las actas –vaya usted a saber—que colocaron a Sánchez en la cima del partido. De todas las manifestaciones ponderadas contra la sentencia de los cuatro magistrados que la firmaron, destaca la del discrepante César Tolosa, que ha emitido un duro voto particular contra la norma del olvido penal y contra la sentencia que validaron sus compañeros progresistas por mayoría (seis a cuatro). Considera que el hecho de que el TC haya concluido que la amnistía encaja en la Constitución abre la puerta a futuros procesos de independencia y a usar una nueva amnistía como herramienta de negociación en el futuro. Y hacia ese camino vamos

Dentro de la lógica euforia de los vencedores, que no han cedido en nada en cuanto a la plena impunidad de sus actos, sus objetivos y sus metas, con total claridad, Junts y ERP proclaman, como su hubiera dudas, la amnistía no es puerto de llegada, sino estación intermedia de lanzamiento hacia la otra e irrenunciable meta, el referéndum de independencia. Y para eso ya tienen apoyos. No dudan en tergiversar el contenido del artículo 92 de la Constitución, donde entienden que se puede encajar el referéndum consultivo que es como llaman ahora al de la independencia. El artículo 92.1 CE que dice que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados”.

El referéndum debe convocar a todos los ciudadanos, pero ya se verá

Dice “todos”, y todos es todos. Pero como son malabaristas del lenguaje, ya vemos que cuando Sánchez dice una cosa se puede interpretar que quiere decir lo contrario, podrían sacarse de la manga que, aunque “todos” no quiere decir sólo los de una parte, pueden ahora (ya que la Constitución se reforma sobre la marcha como conviene) limitar la consulta a a quienes, insisto en ello, tengan vecindad civil en determinadas parcelas del territorio nacional. Como señala Oliver Araujo (Cfr.Oliver Araujo, Juan: “El Referéndum en el sistema constitucional español” en Cuadernos de la Facultad de Derecho, 15 (Palma de Mallorca, 1986), págs. 95-148): “El referéndum consultivo es figura interesante, tanto por sí misma como, sobre todo, por lo que significa de nuevo intento de incorporar a una Constitución eminentemente representativa algunas fórmulas de democracia directa”.

Y pese a la claridad del artículo citado, los socios de Sánchez que lo sostienen en la Moncloa entienden que el Gobierno pudiera celebrar un referéndum limitado a la población de Cataluña (y luego del País Vasco) Me pregunto si, salvo ejercicio de física recreativa, alguien puede sostener razonadamente que el 16 por ciento de la población española pueda decidir si es preciso proponer, exigir o imponer, que es el término más adecuado, la reforma de la Constitución, para desmontar el Estado tal y como lo configura la de 1978 y proceder a habilitar lo que, en todo caso, tampoco sería unánime criterio de los ciudadanos con domicilio en Cataluña que forman parte de ese 16 por ciento de la población. Pero jugando a su gusto con nuestra Carta Magna, ya vemos que algunos la proponen y amparan la celebración de un referéndum (disimuladamente deliberativo), cuando es obvio que los referenda (que es como se debe decir en plural) se hacen para algo, para que tengan consecuencias y efectos en su aplicación y no un mero ejercicio de consulta sin consecuencias. La consecuencia de lo que se proponen es una medida, cuyos efectos alcanzarían al otro 84 por ciento de los españoles, espectadores ajenos de lo que decidieran ese otro 16 por ciento por si solos.

En su día, y me extraña que ahora no lo saquen a relucir, el propio Rajoy, llegara a decir que estaba dispuesto llegado el caso a convocar un referéndum sobre el encaje de Cataluña en España, en el que votaran todos los españoles. Señala Oliver que el aspecto más importante y a su vez más problemático que plantea el referéndum sobre decisiones políticas del artículo 92 es el de precisar el alcance y significado del término “consultivo”. O sea, que esa es la cuestión y donde aparece el sentido común. Parece absurdo, por decirlo de modo templado, que el futuro del Estado y la modificación de la Constitución que lo define y sostiene lo decidan los avecindados en una parte del territorio, la trampa subsiguiente es la pregunta. ¿Cómo se puede sostener una pregunta como la que se propone para que no “todos” los ciudadanos se pronuncien sobre algo que afecta al conjunto, y que en todo caso deberían ser consultados? De la pregunta ya circulan varios modelos, pero todos llevan al mismo sitio: el modo de que Cataluña deje de ser parte de España. Y a ello van. Además, vista la exposición de motivos de la Ley de Amnistía, y la de la sentencia del Constitucional sobre el recurso a la misma, podemos esperar lo que sea. Porque si, de momento, Sánchez quiere seguir sin convocar elecciones, no tiene otro camino que seguir lo que le impongan Puigdemont y el resto. Y sobre todo, el elemento esencial que es el ex terrorista chileno Gonzalo Boye, que insulta impunemente a nuestro Tribunal Supremo. Y que dejen de decir que Cataluña está mejor cuando el propio Illa ha asumido, menos el referéndum por ahora, todas las metas de los independentistas: creciente número de embajadas, Hacienda propia, extensión del idioma incumpliendo la ley sobre el uso del castellano, representación genuina como un Estado distinto de España en organismos internacionales, control de fronteras y del espacio marítimo, etc. @mundiario