Problema del foro de presidentes: ministros candidatos
La Conferencia de Presidentes es una institución que puede ser muy adecuada para trazar unas líneas generales de la política necesaria en un Estado de las autonomías. Pero existen muchos condicionantes que son auténticos impedimentos para la eficacia.
Uno de los obstáculos es la dependencia del Gobierno de dos comunidades autónomas concretas, donde los nacionalistas y los socialistas se necesitan mutuamente. El PNV necesita al PSOE para gobernar en el País Vasco y el PSOE necesita el PNV para gobernar en España. ERC es necesario para que el socialista Illa pueda gobernar en Cataluña y Junts también es necesario para mantener el Gobierno central. Todo lo que quiera llevar a cabo Pedro Sánchez en política nacional y autonómica deber contar con el visto bueno de estos partidos. Todas las exigencias autonómicas de los nacionalistas deben satisfechas por el Gobierno. Posteriormente, algunas de esas peticiones se elevan al conjunto de las autonomías y se pretende que sus presidentes las aprueben, con el fin de camuflarlas como iniciativas de política general. Añagaza difícil de colar.
Por ejemplo, estos partidos exigen que en la conferencia se puedan expresar en las lenguas cooficiales y se utilice la traducción simultánea, única manera de que se entiendan políticos que tienen una lengua común. El presidente no tiene más remedio que aceptarlo y la camufla de normalidad: “Eso es la prueba de un proyecto de país que integra y no excluye, que reconoce como activo lo que es la diversidad territorial de un gran país como es España”. Palabras y conceptos huecos.
Otro condicionante para la eficacia de la conferencia de presidentes es la anomalía administrativa y de buena gobernanza que representa la existencia de ministros del Gobierno candidatos a presidir comunidades autónomas. Producen una distorsión dentro de las relaciones que deben existir entre el Gobierno central y los autonómicos. No pueden tomar decisiones a favor de las administraciones autonómicas cuando deben hacer oposición política al mismo tiempo a quien gobierna en esos territorios. Es una alteración del normal orden de relaciones administrativas.
Esto se ha podido comprobar la pasada semana, los ministros candidatos se han portado más como fogosos aspirantes en batalla que como responsables administradores. Han difundido bulos, mentiras y fango a diestra y siniestra. Acusaron a un miembro de la UCO de que intentar poner una bomba lapa al coche del presidente del Gobierno. A pesar de saber que todo era mentira, ellos siguieron con la difusión del bulo.
Ese ha sido el caso de Oscar López, ministro candidato a Madrid, que acusa de todo tipo de conspiraciones a la presidenta Díaz Ayuso. Lo mismo sucedió con María Jesús Montero, ministra candidata a Andalucía, que acusa de todo tipo de desgobierno al presidente andaluz, Moreno Bonilla. Es el caso de Diana Morant, ministra y candidata a Valencia, cuyo principal objetivo es acusar a Mazón de las muertes producidas por las riadas en aquella comunidad. Más grave es la actitud de Pilar Alegría, ministra candidata a Aragón. Su agravante es que actúa igual en un mitin que en la mesa de portavoz oficial del Gobierno. Es siempre oposición al Partido Popular
Este panorama, junto a los casos judiciales en los que está inmerso en Gobierno y otras personas próximas, no parece el clima más propicio para que sea eficaz, efectiva o útil ninguna Conferencia de Presidentes autonómicos. @mundiario