Pretenden que el Gobierno flexibilice lo del certificado penal de los extranjeros

Aparte de que como era fácil de prever, la policía ya ha advertido la llegada a España de inmigrantes en situación irregular en otros países de Europa, aprovechando la coyuntura, estos días en redes sociales y otros espacios se está produciendo un despliegue publicitario de despachos de abogados y otras agencias ofreciéndose para tramitar los antecedentes penales y el resto de las gestiones para legalizar la situación en España de cientos de miles de personas que pueden beneficiarse de la regulación anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Podemos lanza un mensaje complementario, subrayando que lo del certificado de penales no debe ser obstáculo insalvable para quien no lo consiga dentro del plazo, con independencia de cualquier otra circunstancia, ya que al final bastará con una mera declaración personal.

Y como también cabía esperar, desde determinadas organizaciones y los propios colectivos de inmigrantes, no han tardado en surgir las críticas a la Ley de Extranjería, y en consecuencia, a la propia exigencia, de que disponer de certificado de penales limpio sea un obstáculo en orden a la regularización. Los promotores de la iniciativa popular ante la que el Gobierno de Pedro Sánchez se acomoda no se conforman y exigen que se levanten todos obstáculos que retarden o perturben la regulación total, sin limitaciones, incluyendo a quienes incluso han tenido en sus países o aquí, conductas penal o administrativamente generadoras de sanción o restricción alguna, como si nunca se hubieran producido. Por lo tanto, nadie debe quedar al margen. Nadie.

Loueila Sid Ahmed Ndiaye, abogada experta en extranjería, entiende que, pese a todo, el Gobierno de España es particularmente severo al exigir no tener antecedentes penales, tanto en España como en los países de previa residencia en los cinco años anteriores a la entrada en el país. Denuncia lo que califica de “la dureza de la normativa para los que cometan cualquier hecho delictivo”, al considerar hechos desfavorables los antecedentes penales y policiales en los países de origen o en España. Para esta experta, que el Gobierno español mantenga tales previsiones responde no a un problema con la delincuencia, sino que es una “narrativa supremacista que permita que estas personas vivas asfixiadas”.

Alternativa a los antecedentes penales

¿Cuál es la alternativa para quienes tengan antecedentes penales o estén a la espera de juicio por delitos comunes? ¿Acaso una forma de amnistía especial? Dice Loueila Sid Ahmed Ndiaye que, en la práctica, explica, cualquier condena penal excluye del proceso: “Quienes tengan antecedentes penales no van a poder acceder a esta regularización y tendrán que esperar a que se cancelen conforme al Código Penal. Incluso faltas comunes podrán impedir durante años la obtención de una autorización de residencia” y en consecuencia reclama una normativa de extranjería flexible, accesible desde el minuto uno. Y se acusa al Gobierno de conducta xenófoba al distinguir entre “inmigrantes buenos y malos”, según Paco Solans, portavoz de “Extranjeristas en red”.

Pero es evidente que existe una gradación en los delitos según su naturaleza. Y entre el colectivo de inmigrantes hay, sobre todo en algunas comunidades, delincuentes con graves delitos y una elevada reincidencia. Curiosamente, Soláns considera que los patronos de patera en ocasiones han sido condenados con pruebas débiles. Y para que, pese a los antecedentes, todos puedan ser regularizados, propugnan que se modifique y suavice a la medida la Ley de Extranjería. El Estado tiene que ser benevolente en todo caso, como con aquellos que han cometido robos para sobrevivir. En esta línea se va tan lejos como considerar injustos los propios antecedentes, conforme a los criterios ordinarios de la legislación penal en vigor. Y se propone una excepcionalidad con alternativas específicas, o sea ¿al margen de las previsiones ordinarias para los españoles que delinquen? O sea, si es extranjero pendiente de ser regulado, no se le debe aplicar la norma común.

El debate se centra ahora en el propio concepto de “antecedentes penales relevantes”; es decir, derivados de los delitos cometidos y sus repercusiones. Hasta la reforma del Código Penal de 2015, algunos delitos leves, como pequeños hurtos, no generaban antecedentes; pero ahora, teóricamente, hay delitos menores que generan antecedentes tras la condena firme: hurtos de menos de 400 euros, coacciones sin violencia, lesiones. Aunque anteriormente los delitos leves (como algunas injurias o hurtos de escasa cuantía) podían no generar antecedentes, desde la reforma del Código Penal de 2015, muchos de ellos se consideran delitos menores y generan antecedentes si la condena es firme. En otro escalón están los delitos contra la salud pública, lesiones, amenazas, robos con fuerza o intimidación, abuso sexual y otros. A veces la pena se sustituye por trabajo social, pero sí deja huellas en la conducta del condenado. Incluso, si se suspende la pena, los antecedentes permanecen. Pero no son permanente: se pueden cancelar dentro de determinados plazos.

La delincuencia extranjera según el Observatorio Demográfico del CEU

Según los datos del INE y del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, contenidos en el estudio de noviembre de 2025, Demografía de la Delincuencia en España (Informe_21_ObsDem_CEFAS_digital.indd): “Los extranjeros, y en particular los africanos (más del 70%, marroquíes) y americanos (más del 90%, hispanos), tienen tasas de delincuencia por 100.000 adultos muy superiores a las de los españoles, y en particular en delitos especialmente graves como los homicidios, las violaciones o los robos. También en la okupación de viviendas. Aunque los inmigrantes (y sobre todo los africanos y americanos), los hombres y los jóvenes tienen mucha más propensión a delinquir, la inmensa mayoría de los integrantes de estos tres colectivos no lo hacen. Por ello, es injusto e inaceptable criminalizarlos en bloque, al tiempo que es contrario a la evidencia negar su mayor propensión estadística al delito”, dice el estudio.

Añade el informe que: “Las tasas de criminalidad tienen mucha variación geográfica. Cataluña es la zona de España más azotada por la delincuencia contra las personas, y en algunos delitos como violaciones o robos, de forma muy destacada. Pero no supera en población africana a Murcia, Almería o La Rioja, o en población americana a Madrid y otras regiones con menos delincuencia. La incidencia de la delincuencia contra las personas varía considerablemente según la zona geográfica. Factores como el grado de urbanización, la presencia de menores extranjeros no acompañados (MENAs) o el mayor o menor temor de los posibles delincuentes a ser detenidos y encarcelados influyen de forma decisiva en esa diferencia”, se señala.

Revela el informe que “La propensión delictiva entre los inmigrantes no responde a un patrón uniforme, sino que depende en gran medida de las condiciones locales. En cualquier caso, existe una correlación evidente entre inmigración –especialmente de origen africano y americano– y delitos graves contra las personas, aunque dicha relación no se manifiesta con igual intensidad en todos los lugares. En consonancia con sus mucho mayores tasas de criminalidad, los extranjeros están sobrerrepresentados en las cárceles españolas, y en particular los magrebíes. También se señala en dicho informe que “Las bandas latinas son otro preocupante tipo de “criminalidad importada”, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid”. @Mundiario