Presiones de la industria de los ultraprocesados a medios, investigadores y divulgadores

En los márgenes del debate público sobre la alimentación, se libra una batalla desigual entre los defensores de la salud y las grandes corporaciones del sector alimentario. Una lucha que rara vez protagoniza titulares, pero que se cobra silenciosamente su cuota de desgaste emocional, profesional e incluso económico. Lo documenta con precisión el dietista-nutricionista Juan Revenga en un revelador artículo en El País, donde denuncia con hechos el modus operandi de la industria de los productos ultraprocesados cuando alguien osa cuestionar sus intereses.

Las cifras del negocio no admiten dudas: en 2022, los ingresos mundiales de gigantes como Nestlé (106.000 millones de dólares), Coca-Cola (43.000 millones) o Danone (30.000 millones) explican por sí solos el celo con el que estas corporaciones protegen su reputación. Hay marcas cuya reputación se construye no tanto sobre el valor nutricional de sus productos como sobre la eficacia de su marketing. Porque, como señala la periodista Laura Caorsi, lo que algunas empresas venden no son alimentos, sino relatos, emociones y estilos de vida. Y su blindaje comunicativo está diseñado con la precisión de una agencia de inteligencia.

No es casual que los sectores más poderosos del consumo –tabaco, alcohol y ultraprocesados– compartan tácticas de presión similares cuando perciben una amenaza para sus cuentas. Así lo pone de manifiesto una revisión científica citada por Juan Revenga, que detalla mecanismos de coerción que van desde el descrédito público y la cooptación hasta el espionaje y la amenaza legal.

Los ejemplos no faltan. La médica colombiana Esperanza Cerón, tras liderar una campaña contra las bebidas azucaradas en su país, sufrió persecuciones, amenazas explícitas y un veto para hablar públicamente del azúcar. El anuncio fue retirado y, con él, se apagó momentáneamente una voz incómoda. Refrescos 1 – Salud Pública 0.

Campañas de desprestigio

El arsenal de la industria es amplio y sofisticado. Desde campañas de desprestigio que acusan a los nutricionistas críticos de ser fundamentalistas o poco profesionales, hasta invitaciones con todos los gastos pagados a congresos, pasando por el envío de productos promocionales, regalos o contratos generosamente remunerados a influencers. El objetivo es claro: convertir la crítica en complicidad o, al menos, en silencio.

La cooptación, lo que Revenga llama la plata, es a menudo la primera puerta. Si no funciona, llega el plomo: amenazas de retirar publicidad, presiones para despedir a colaboradores incómodos o directamente la vigilancia y el acoso. Él mismo, desde su experiencia personal, relata cómo una conocida multinacional de refrescos exigió su salida de un medio con el que colaboraba, bajo la amenaza de retirar su inversión publicitaria. También denuncia intentos de inhabilitación profesional promovidos por empresas a través de presiones a los colegios profesionales.

Lo más grave de todo es que esta presión no siempre necesita materializarse. La autocensura, muchas veces, es más eficaz que cualquier amenaza. Lo explica con claridad Beatriz Robles, también dietista-nutricionista: en España hubo hace una década una masa crítica de voces que alertaban sobre los riesgos de los ultraprocesados. Hoy, muchas de esas voces se han apagado. Algunas por agotamiento, otras por haber sido absorbidas por la maquinaria de cooptación. Y otras simplemente han desaparecido entre el ruido ensordecedor de las redes, sin que hayan surgido nuevos perfiles con la misma fuerza, continuidad y respaldo.

Una disputa entre branding y eslóganes

Es este desequilibrio lo que preocupa. Porque mientras los defensores de la salud pública se enfrentan, solos y sin apenas protección, a corporaciones con departamentos legales, gabinetes de crisis y millones en juego, el debate sobre lo que comemos se reduce, cada vez más, a una disputa entre branding y eslóganes. Entre promesas de vida saludable en envases coloridos y datos científicos que apenas logran abrirse paso.

No se trata de demonizar la industria alimentaria, sino de recordar que el interés general debe prevalecer sobre el interés corporativo. Y que la libertad de expresión y el pensamiento crítico en torno a lo que comemos son piezas clave de la salud pública. El silencio, ya sea inducido o autoprovocado, sale demasiado caro. Y en esta partida, lo que está en juego no es solo quién gana el relato, sino cuántos perdemos la salud por el camino. @mundiario