El pacto del PSC-ERC, ¿un programa pautado para la independencia de Cataluña?
La lectura detenida del pacto firmado por el PSC (que suponemos es la organización territorial que representa al PSOE en Cataluña, cuyos principios y objetivos se supone que son los mismos que el partido todo) y ERC produce, tras una lectura detenida, estupor por la formas, justificaciones y metas del acuerdo. No en vano se cuidaron de no difundirlo en castellano previamente, sino en la propia versión original en catalán que emitió ERC.
Lo pactado va mucho más del pacto fiscal: dota a Cataluña de una serie de competencias, sobre todo en el ámbito internacional y el funcionamiento ordinario propios de un Estado independiente en todos los sentidos, desde el mantenimiento y refuerzo de sus embajadas y las competencias y representación independiente del Estado en organizaciones internacionales y hasta en el ámbito deportivo internacional donde sus selecciones tendrán espacio frente a las de España. Tiene razón Bolaños que asistimos al nacimiento de una Cataluña nueva, como nación independiente claro. El PSOE de Sánchez ignora el propio contenido de un documento esencial: La Declaración de Granada que define su programa federal para las autonomías, sin privilegios.
Para empezar, nos enteramos de que el PSC se considera heredero del “catalanismo popular” y ya no de lo que dicen los principios del PSOE, del que creíamos que formaba parte, y que se define todavía de este otro modo: “El Partido Socialista Obrero Español, con más de 125 años de historia, es una organización política de la clase trabajadora y de los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de explotación, aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos. Sus objetivos y programas son los fijados en su declaración de principios y en las resoluciones de sus Congresos. La unidad del Partido descansa esencialmente en la unidad de pensamiento fundamental que se contiene en su Programa Máximo, en las Resoluciones de los Congresos y en la unidad de acción de sus militantes cara a la sociedad”.
En cambio, el PSC afirma con ERC: “Las formaciones abajo firmantes nos reclamamos herederas del catalanismo popular, que tiene como principios esenciales el reconocimiento de Cataluña como nación y la voluntad colectiva de hacer avanzar el país y construir un futuro mejor en base a la voluntad de la ciudadanía expresada democráticamente”. Y como ya se hiciera en la justificación de la Ley de Amnistía se vuelve a mentir descaradamente con respecto al Estatut de 2006 y se ataca al Tribunal Constitucional. Aquel estatuto no fue fundado por el conjunto de la sociedad catalana, sino que no acudió a votarlo ni el 50 por ciento del censo, si bien lo apoyaron 3 de cada cuatro votantes. Era en cierto modo una verdadera constitución extensa, que hasta usurpaba competencias del Estado que no fueran cedidas nunca.
Hacia el Estado independiente, previo un referéndum
El PSC comparte la meta de que Cataluña avance hacia su objetivo de convertirse en un Estado independiente del resto de España. Y mientras Sánchez afirmaba que con sus cesiones el conflicto catalán quedaba resuelto, el PSC dice con ERC que no es cierto, pese a que “a pesar de los adelantos incuestionables que han significado las diferentes iniciativas para poner fin a la judicialización —los indultos, la reforma del Código Penal y, especialmente, la aprobación de la ley de amnistía—, las amenazas contra la voluntad mayoritaria de desescalar el conflicto se mantienen, las razones de fondos del conflicto político entre Cataluña y el Estado están pendientes de resolver”. ¿En qué quedamos?
Y para ello se acuerda “Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos, con el objetivo de dotar las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la Cataluña de los 8 millones de habitantes (al margen de las del conjunto del resto de los españoles), reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña, especialmente el modelo de escuela catalana, el fomento del uso social del catalán, y la acción exterior de la Generalitat.
Esta es la parte magra del acuerdo. Y como Cataluña se gobernará sola, se pagarán los servicios que de modo residual le preste el Estado, con el mismo propósito de irlos reduciendo, con medidas concretas como dotarse de medios adecuados para sustituirlo en todos los ámbitos, con el incremento del número y funciones de los mossos d´Escuadra. Sorprende que se hayan olvidado de que se ceda el símbolo de la opresión del Estado, la comisaría de villa Layetana de Barcelona.
En suma, lo que realmente importa ahora es poner en marcha el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucionalmente y jurídicamente este reconocimiento, tras una serie de pasos previos. Y de forma sutil esos acuerdos deben confirmarse con un referéndum que es el paso siguiente tras todos los logros logrado. Lo dicen bien claro: “La necesidad que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean referendats por la ciudadanía, y favorezcan la creación de un amplio consenso sobre el futuro de Cataluña”. No engañan: Hay que abrir “el debat sobre el reconeixement nacional de Catalunya i la forma de vehicular institucionalment i jurídicament aquest reconeixement. Y “la necessitat que els acords fruit del diàleg i la negociació siguin referendats per la ciutadania, i afavoreixin la creació d’un ampli consens sobre el futur de Catalunya”. O sea, “dar voz a la ciudadanía para conocer sus preferencias sobre la organización territorial y acomodar, de manera legítima y viable, estas preferencias”. Y para caminar sobre seguro, los firmantes se comprometen a impulsar, en el primer pleno del Parlamento posterior a la constitución del nuevo Gobierno de la Generalitat, una convención nacional por la resolución del conflicto político y hacer un seguimiento y monitorización de la aplicación de la ley de amnistía.
La dotación de la agencia tributaria propia y sus efectos
Dentro del acuerdo, la hacienda catalana tiene que instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña por medio del ejercicio de las potestades y funciones administrativas de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos, con el uso, cuando corresponda, de los mecanismos previstos por la ley. La asunción de estas competencias requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos. O sea, que producirá una serie de efectos en cadena.
Y sobre todo, el acuerdo afirma que "Cataluña es una nación construida a partir de una visión inequívocamente inclusiva, propia de un país plural y diverso. Una nación donde el catalán ha actuado y tiene que seguir actuando como la lengua común y de progreso del conjunto de la sociedad y donde la vocación europeísta y mediterránea tiene que continuar guiando la proyección internacional del país. Partiendo de este planteamiento, la XV legislatura tiene que comportar un fortalecimiento del conjunto de políticas encaminadas a potenciar el uso social de la lengua catalana como mejor forma de asegurar la cohesión de la sociedad catalana y, a la vez, seguir reforzando la acción exterior de la Generalitat ante un mundo cada vez más global”.
Y atención a este aspecto de política exterior propia de un Estado pleno. Aunque se evita el uso de la palabra embajadas, ¿de qué estamos hablando?: Se mantendrá el Departamento de Acción Exterior y UE, así como el Programa de apoyo al cuerpo consular establecido en Cataluña. Implementación de sus funcionarios y funcionarias en todos los departamentos. Se consolidará y ampliará la red de delegaciones actual, con especial atención en la América Latina y en la Asia y se reforzará la acción exterior al continente africano. Con cuyo objeto, también se mantendrá el Programa para la mejora de la gobernanza de las delegaciones del Gobierno al exterior”.
Presencia internacional propia de un Estado independiente
En consecuencia, Cataluña seguirá avanzando en el ejercicio de competencias de un Estado soberano al margen del Reino de España, con medidas tan concretas como reforzar la presencia de en los Consejos de la Unión Europea donde las instituciones catalanas tengan competencias o intereses específicos. Así mismo, se promoverá la participación de la Generalitat de Cataluña en organismos y agencias internacionales donde se traten cuestiones que afecten sus competencias (ONU, UNESCO, OMS, EUROPOL, ONU Mujeres, ONU Habitado, UNRWA, FAO, OCDE, OCHA, UNDP, UPM…). De manera prioritaria: Se desarrollarán los mecanismos para facilitar la participación de Cataluña a la UNESCO, tal como hacen otras realidades nacionales como Flandes o Quebec
Y sin descuidar ámbito alguno de lo que son competencias nacionales, se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, de acuerdo con la voluntad y trabajo conjunto con las Federaciones. A estos efectos, se constituirá una Oficina del Gobierno, adscrita al Consejo Catalán del Deporte, que promoverá las selecciones deportivas catalanas que, se entiende podrán competir con las de España. Y todo esto lo controlará una comisión paritaria de seguimiento de este Acuerdo integrada por tres representantes de cada una de las partes que se reunirá con carácter semestral, o cuando sea necesario una de las partes o pida, y podrá prever la creación de grupos de trabajo paritarios por ámbitos sectoriales concretos. Esta comisión elaborará, con carácter semestral, un informe de cumplimiento pacto.
El acuerdo firmado es tan minucioso que en el capítulo de feminismo señala: “Mantener el programa de acceso universal a productos menstruales reutilizables para acabar con la pobreza menstrual que sufren 1 de cada 4 mujeres en Cataluña”. @mundiario