Muchos muertos y una peligrosa desidia fiscal y judicial
Estamos viviendo unos tiempos en los que jueces y fiscales están demostrando un interés que podríamos llamar desmedido por determinados asuntos, mientras los vemos muy inactivos y desinteresados de otros. Con una pequeña pero significativa diferencia: aquellos asuntos en los que muestran un celo casi militante, no son de los que forman parte del interés o la preocupación social de nuestros ciudadanos (al menos, según constatan las encuestas y determinan la gravedad de las consecuencias que acarrean), mientras que hay otros sobre los que o han pasado de puntillas, o ni siquiera se han molestado en investigar, ni siquiera a instancia de parte, cuando han sido asuntos que, sin embargo, han acarreado fallecimiento de ciudadanos, y un interés y una clara preocupación social.
En efecto: llevamos varios años viendo muy militantes a determinados jueces, especialmente pertenecientes a la cúpula de la carrera judicial, e incluso a fiscales que ocupan lugares clave o destacados en determinados puestos. Hemos visto a jueces de la cúpula del poder judicial librar batallas frente a su propia renovación -a pesar de estar ocupando unos puestos caducados desde hacía varios años-, o librar batallas ni pedidas ni debidas contra iniciativas del poder legislativo (representante legítimo de la soberanía popular), por ejemplo, emitiendo informes no pedidos, y sobre los que no tenían no sólo obligación, sino ni siquiera competencias para emitir, como sobre la ley de amnistía cuando aún no estaba ni aprobada. También les hemos visto, en la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo, realizando interpretaciones que contradicen la letra y el espíritu de la misma ley de amnistía, una vez aprobada y, por tanto, de obligado cumplimiento; y negándose precisamente a cumplirla.
Estamos contemplando el espectáculo de un juez que acepta un caso basado en los bulos de un puñado de recortes de prensa sin fundamento sólido (en contra de la directriz general del Tribunal Supremo), a partir de denuncias de supuestos grupos de dudosa legitimidad, y todos ellos pertenecientes a sectores ultraderechistas, y reconocidamente antisistema. Un juez que acababa de ver prorrogada por dos años su carrera, cuando había llegado la hora de su jubilación, casi como si alguien le hubiera dado ese tiempo -equivalente a los años centrales de la presente legislatura- para que desafiara el peligro máximo que podía correr (el de una condena por prevaricación), a sabiendas de que la pena máxima por tal delito se limita a unos años de inhabilitación para ejercer su cargo: con una relación coste/beneficio irrelevante en caso de salirle mal la apuesta: una apuesta que aceptaba realizar con red, según se ha visto en las querellas por prevaricación.
Es el mismo juez que, en el mencionado caso, prescinde de los informes de la policía judicial, que contradicen las tesis de los querellantes; el mismo que cita como testigos a personas que no sabemos qué tienen que ver con las querellas, para convertirlas después en imputadas; o que es capaz de tergiversar y falsear el testimonio de una testigo, para acusar a otra a partir de la declaración falseada. El mismo que nadie en esta sociedad del imperio, más de los jueces que de la ley, sabe muy bien de que acusa a su investigada; el mismo que en el colmo de su celo friki (está en el diccionario) ahora anda pasando lista a todos los empleados del palacio de La Moncloa…
Y vemos a la sala segunda del Supremo muy afanada en buscar y rebuscar entre las herramientas de trabajo del fiscal general del Estado -después de cometer la imprudencia de imputarlo- para ver si por un milagro divino encuentran la aguja en el pajar para demostrar, sí o sí, que fue el fiscal en persona el que filtró una noticia que a nadie importa. Pero es que la justicia española, se dice, es muy garantista, y se ve imperiosamente impelida a resolver el trascendental misterio de si la noticia de una nota aclaratoria de la fiscalía, en la que se desmentía el bulo tergiversado por gente del ámbito íntimo de un delincuente confeso fue o no filtrado; y de paso, intentando hacer que les caiga la suerte de que la filtración (¡oh gran delito donde los haya!) hace “bingo” justo en el único número por el que tan alta sala ha apostado de manera preconcebida. Y dedican los fondos públicos a diseccionar el dedo, mientras se olvidan de la luna a la que éste señala: una luna que tiene tras de sí dos fraudes fiscales, y una red de falsificación de facturas en cadena, sobre los que, de paso, logra que nadie ocupe su atención.
Por desgracia hay muchos más casos semejantes, que demuestran que existen jueces que no están dispuestos a que la justicia en España sea igual para todos. Y por desgracia, también hay fiscales en parecidas situaciones: por ejemplo, cuando hace seis meses cuatro fiscales (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno) se negaron a cumplir la orden del fiscal general del Estado de acatar la ley de Amnistía. Pero necesitamos espacio para analizar el contraste con al menos dos casos que resultan lacerantes.
Durante lo peor de la pandemia de covid, el gobierno de la Comunidad de Madrid adoptó un “protocolo”, llamado ‘de la vergüenza’, por el que se prohibía que ningún anciano residente en residencias públicas pertenecientes a la Comunidad de Madrid y enfermo de covid, - y que no tuviera un seguro privado, fuera trasladado a ningún hospital para su tratamiento. Protocolo del que hay testimonios abundantemente probados de que se cumplió a rajatabla, y que vienen acompañados de los informes del espectáculo macabro que encontraron en una buena parte de las residencias públicas de Madrid los miembros de la UME y de los servicios de emergencias cuando lograron acceder a ellas. El balance ya supone un número que se ha convertido en icónico: 7.291 fallecidos, de los que la presidenta de la Comunidad de Madrid intentó zanjar su caso con una afirmación en la Asamblea de Madrid, carente de fundamento científico, y nunca demostrado por la autora de la despectiva frase: “de todas formas habrían muerto”, se atrevió a decir de esas 7.291 personas, con un desdén burocrático e inhumano que reafirmaba la existencia -aún impune- de tan aberrante e injustificado protocolo.
La llamada Comisión de la Verdad, que trabajó durante días analizando, de una manera independiente, los casos de estas personas fallecidas víctimas del covid, y del abandono sufrido, acabó determinando, a partir de los informes de diversos expertos, que es rotundamente falso que todas las personas habrían fallecido necesariamente en caso de haber sido atendidos en los hospitales públicos, entre otras cosas porque diferentes pacientes que sí fueron llevados a los hospitales privados, no perdieron la vida.. Algo que nos hace utilizar la lógica para determinar que ha habido una continuada y arbitraria serie de decisiones de gran calado y de graves planteamientos y consecuencias:
En primer lugar, el hecho de que el llamado “protocolo de la vergüenza” supone lo que podríamos llamar una denegación de auxilio preconcebida y programada, impuesta además por una orden emitida desde los poderes públicos madrileños. En segundo lugar, porque dicha orden entraña una discriminación deliberada y consciente entre las personas que tenían seguros privados y quienes se acogían a la Sanidad Pública, que eran la mayoría de los afectados, como lo es la mayoría de nuestra Sociedad. Lo que nos lleva a una tercera consideración que agrava, si cabe, las dos primeras: la prohibición de un derecho que garantiza el artículo 43, 1 y 2 de nuestra Constitución: el derecho a la salud de los ciudadanos y la competencia y obligación de los poderes públicos de tutelar dicho derecho con la prestación de los servicios preventivos y con la articulación de los medios necesarios.
Sin embargo, han pasado muchos meses sin que hayamos visto a nuestra justicia preocuparse por estos graves extremos; han pasado por los juzgados variadas y numerosas denuncias, individuales y colectivas, y choca mucho el contraste de ver cómo no ha habido ni admisiones a trámite de unos hechos pública y debidamente documentados, ni la más mínima investigación judicial ni fiscal sobre unos actos que se han cobrado la vida de varios miles de nuestros conciudadanos. Tanto celo para unos recortes de prensa sin pruebas, y tan poco para unos hechos lúgubremente documentados, y con testimonios oficiales que señalan claramente que los famosos “protocolos” existieron y se hicieron cumplir.
Más recientemente hemos sufrido los efectos de una emergencia meteorológica anunciada. Muy especialmente en la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana. Emergencia anunciada con tres días de adelanto, que hicieron que algunas instituciones públicas (véase la Universidad, o una buena parte de los Ayuntamientos afectados) suprimieran las clases, bien el día anterior, bien el mismo día de la tormenta anunciada. Sin embargo, la Institución competente en la protección civil y en la gestión de emergencias, no sólo no reúne el Comité de Emergencias, ni el día anterior ni el día de la riada, cuando en torno a las 7:30 de la mañana de ese día había recibido dos avisos alerta máxima, emitidas por la institución pública del Estado AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) encargada de hacerlo.
Por el contrario, la Generalitat no reúne el Comité de Emergencias hasta las cinco de la tarde, sin adoptar medida alguna hasta las ocho y diez; su presidente pasa el día haciendo vida como si no existiera el anuncio de una emergencia cierta y de alto nivel; a las 12:30 anuncia que a partir de las seis y pico de la tarde la tormenta abandonará la Comunidad Valenciana, y continúa con su vida rutinaria, que se convierte a partir de las dos de la tarde en una misteriosa desaparición sobre la que se discute si su comida la pagó la Generalitat o la pagó el Partido Popular: “grave” diatriba que contrasta con el hecho irrefutable y contundente de 230 muertos. Y no aparece (Carlos Mazón se llama, por cierto) hasta pasadas las siete de la tarde, cuando ya había muchos conciudadanos debatiéndose con las aguas desbordadas y tratando impotentes de luchar contra la muerte. De tal forma que cuando se da la señal de alerta a la población, pasadas las ocho de la tarde, ya podemos decir que había varias decenas de los 230 fallecidos en esa catástrofe anunciada y, en sus consecuencias más funestas, perfectamente evitable en gran medida.
Tenemos, pues, dos responsables públicos, con plenas competencias que negaron u omitieron el deber de auxilio, incumpliendo -o aplicando arteramente- las competencias que tenían atribuidas, e incumpliendo los compromisos con sus obligaciones que habían jurado ante la Constitución cuando tomaron posesión de sus cargos.
Y sin embargo no tenemos ninguna actuación fiscal que vele por el obligado cumplimiento de la legalidad, ni judicial que haya mostrado ni la centésima parte de celo que en los casos de ínfimo y hasta de ridículo calado a los que nos hemos referido en la primera parte de este artículo.
Lo que hemos podido experimentar en ambos casos es la falta de sensibilidad, la falta de compromiso con el cumplimiento de la ley, y la falta demostrada de que sea cierto que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, que han demostrado los ámbitos judiciales y fiscales afectados por los hechos que hemos narrado.
Una conclusión que nos lleva a muchas y muy graves consideraciones sobre la necesaria reforma a fondo de nuestra Justicia; respecto a la auténtica neutralidad judicial; respecto a la universalidad del amparo judicial. Y respecto a las consecuencias que termina acarreando la innegable politización de la Justicia: un hecho que contradice por completo el claro mandato de nuestra Constitución. Y, por supuesto, la imprescindible investigación de responsabilidades, tanto en el caso de los actos de los responsables institucionales mencionados como en los ámbitos judiciales que deberían haberse interesado por tan graves actuaciones. @mundiario