El modelo sanitario del PP y el papel de Quirón: ¿qué está en juego?
El debate sobre el futuro de la sanidad pública en España ha adquirido una arista política particularmente nítida en los últimos días. El presidente Pedro Sánchez ha centrado parte de su discurso de este miércoles en denunciar lo que considera un modelo de gestión basado en la privatización y el negocio de lo público en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Entre los blancos de sus críticas destaca el grupo Quirónsalud, al que vincula con una gestión que, a su juicio, prioriza el lucro privado sobre el interés público.
Según sus declaraciones, algunas comunidades –como Madrid o Andalucía– habrían utilizado los recursos adicionales del Gobierno central para favorecer a la sanidad privada, en lugar de reforzar el sistema público: “Han convertido Madrid en un casino donde Quirón siempre gana y los ciudadanos siempre pierden”, sostuvo Sánchez. Además, advirtió de que “recortar servicios públicos o privatizarlos a cambio de determinados favores también es corrupción”, ampliando el concepto más allá de lo estrictamente ilegal.
Estas acusaciones no se quedan en una crítica genérica. El presidente aludió específicamente a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, señalando que parte del dinero que el Estado ha transferido a la región “no ha ido a parar a los servicios públicos madrileños (…) porque la Comunidad ha bajado los impuestos a la clase alta y ha destinado elevadas sumas a conciertos con clínicas privadas”.
Por su parte, los defensores del modelo popular señalan que la colaboración público-privada puede ser un instrumento válido y necesario en un sistema sanitario cada vez más exigente, con gasto creciente, envejecimiento poblacional y nuevos retos tecnológicos. Y es cierto que la gestión privada, bien regulada, no es en sí un oxímoron. Lo que el debate pone sobre la mesa es la transparencia, la proporcionalidad y el diseño institucional que acompaña esas decisiones.
La sanidad, centro de la controversia
En este punto, los datos no son triviales. Un informe publicado en marzo de 2025 recoge que la deuda de la Comunidad de Madrid con los cuatro hospitales gestionados por Quirónsalud se redujo de 1.004 millones de euros al cierre de 2019 a 455 millones en 2024. Esa cifra podría interpretarse como un logro de control de gasto; sin embargo, el Gobierno central plantea que ese resultado no debe ocultar que el sistema público tenga que competir con conciertos y derivaciones que merman su capacidad.
El asunto se agrava en clave de equidad: si recursos que podrían fortalecer la atención primaria o reducir las listas de espera se destinan a conciertos con la privada, la pregunta es legítima: ¿se está reforzando el sistema público o se está compartimentando en dos mundos paralelos, uno general y otro para quienes pueden permitirse seguros o derivaciones privadas?
El PP responde aduciendo que es necesario flexibilizar la gestión, atraer inversión y permitir la elección por parte de los usuarios. Pero el Ejecutivo lo ve como un riesgo: que la universalidad y gratuidad, ejes del Estado del bienestar, queden en entredicho.
Desde una mirada equilibrada, conviene reconocer que los hospitales concertados y las empresas privadas no son automáticamente un problema; pueden aportar innovación y eficiencia. Pero el énfasis debe ponerse en cómo se integran en el sistema, con qué controles, con qué impacto sobre la estructura pública, con qué efecto sobre la equidad territorial y con qué transparencia de datos. Si esos instrumentos quedan opacos, la queja del Gobierno —y la acusación de que “este dinero público se emplea para hacer negocios, quizá legales pero inmorales”— cobra fuerza.
La cuestión entonces no es si privatizar o no, sino cómo y para qué: ¿para complementar un sistema debilitado o para sustituirlo progresivamente? ¿Para garantizar que todas las personas tengan acceso en iguales condiciones o para convertir la atención sanitaria en una nicho de mercado? ¿Para que lo público mejore o para que lo privado crezca?
En definitiva, la polémica entre Sánchez y el PP sobre Quirón es mucho más que una batalla partidista: es una encrucijada del sistema sanitario y un termómetro de la salud democrática de las instituciones. Porque cuando lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en la atención médica pública, la transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser meros complementos optativos: deben ser la base. Y de ello depende que este modelo de bienestar sobreviva al siglo XXI con integridad. @mundiario