Invertir menos en seguridad siempre acaba costando vidas

Una vez más, hoy me duele España. Como me duele cada vez que una tragedia sacude a nuestro país. Vaya por delante mi abrazo sincero a las familias de las víctimas mortales y mi deseo de pronta recuperación de todos los heridos en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, un episodio que ha vuelto a remover la conciencia colectiva, igual que hace una década ocurrió con la tragedia de Angrois.

Tragedias así obligan a detenernos y reflexionar sobre algo más profundo que el suceso en sí: el modelo de desarrollo que hemos construido, el destino de los recursos públicos y las prioridades que deberían guiar a un país que aspira a moverse más, a hacerlo mejor y a hacerlo con seguridad.

En los últimos años, la movilidad se ha intensificado, y con ella el desgaste de las infraestructuras que la hacen posible. Ese crecimiento exige inversiones constantes en mantenimiento y seguridad operacional. No es una opinión; es una ley económica básica: cuanto más se usa algo, más cuesta mantenerlo y más imprescindible resulta hacerlo bien.

Surge entonces una pregunta incómoda: ¿están las administraciones públicas orientando los recursos a lo que verdaderamente importa? Seguridad, sanidad, educación, vivienda y empleo deberían ser el corazón de esa ecuación. Sin embargo, la realidad demuestra que el aumento de la presión fiscal no ha ido acompañado de una mejora sustancial en estos ámbitos. Según Eurostat, la presión fiscal en España ha pasado del 33,7% del PIB en 2010 al 38,8% en 2023, mientras que la inversión pública en infraestructuras acumula una caída cercana al 40% desde 2009, la mayor en cuatro décadas (FIEC, BEI). La consecuencia es obvia: se recauda más, pero se invierte menos en lo que garantiza la cohesión y la seguridad de un país.

Y no es solo un problema económico: es un problema de cultura política. Cada dana, cada incendio forestal y cada accidente ferroviario nos recuerdan una verdad simple e irrebatible: la previsión siempre es más barata que la reparación, y proteger vidas humanas es la inversión más rentable de todas.

A esta reflexión se suma otra no menos relevante: la de los sectores estratégicos y su titularidad. España ha sido, quizá, el país europeo más entusiasta en liberalizar infraestructuras críticas, pero lo ha hecho sin exigir reciprocidad. Mientras Trenitalia, una empresa pública del Estado italiano, opera en la red española a través de Iryo, Renfe sigue encontrando obstáculos para operar en Italia en igualdad de condiciones. Ningún país serio entrega alegremente a operadores públicos extranjeros el control comercial de sectores que afectan a la competitividad, la soberanía logística y la seguridad de las personas. La apertura sin reciprocidad no es competencia: es ingenuidad.

No se trata de señalar culpables ni de vincular tragedias a decisiones regulatorias. Sería injusto y frívolo. Se trata de aprender algo de cada golpe de realidad y de entender que no existe progreso sin responsabilidad ni soberanía sin control estratégico de las infraestructuras que sostienen la vida económica y territorial de un país.

España debe defender un principio que no es proteccionista, sino plenamente europeo: la competencia sí, pero con reglas simétricas; la liberalización sí, pero con garantías; la apertura sí, pero con reciprocidad. Porque lo contrario no fortalece a Europa, sino que la debilita.

El suceso de Adamuz debería servir para algo más que para alimentar la conmoción mediática. Debería recordarnos que invertir en seguridad y mantenimiento es invertir en vidas humanas, y que las grandes naciones se construyen asegurando aquello que no puede fallar. @mundiario