La incompatibilidad de un espionaje sin control
El reciente conocimiento de diversos episodios relacionados con el espionaje practicado a distintas personas del movimiento independentista catalán y al propio presidente del Gobierno del Estado (y también a la ministra de Defensa y al ministro del Interior) colocó en el centro de la atención pública el viejo problema de la actuación de los distintos organismos públicos encargados de la seguridad del Estado.
Un sistema democrático no puede admitir que la labor de esos organismos quede al margen del control de las instituciones emanadas de la voluntad popular (parlamentos y gobiernos) y de las correspondientes instancias judiciales.
El fin invocado –la seguridad del Estado– no puede justificar el uso de cualquiera medio para conseguirlo.
De lo que se pudo constatar en los diversos trámites y debates registrados en el Congreso durante las últimas semanas, cabe establecer algunas conclusiones provisionales:
1) El CNI solo reconoció el control de las comunicaciones realizado a 18 independentistas catalanes y no se pronunció sobre lo sucedido con las restantes personas que aparecieron computadas en el informe de Citizen Lab (laboratorio de la Universidad de Toronto). La directora del Centro, recientemente cesada, no aclaró si fueron investigadas sin autorización judicial o por otros organismos estatales.
2) Lo que trascendió sobre el contenido del informe emitido por el juez competente del Tribunal Supremo no permite asegurar la pertinencia y la proporcionalidad del permiso concedido a los agentes del CNI teniendo presente, además, que fue utilizada una herramienta tecnológica – “ Pegasus” - que facilita un control total sobre las capacidades comunicativas de la persona investigada.
3) El CNI admitió la existencia de la infección de los dispositivos telefónicos de Pedro Sánchez, Margarita Robles y Fernando Grande- Marlasca pero no fue capaz de aportar una explicación sobre las razones de la importante demora registrada en su descubrimiento ni sobre el origen de la misma. La hipótesis de que la autoría estuviera residenciada en las autoridades de Marruecos abriría una crisis de dimensiones imprevisibles en la dinámica de las relaciones internacionales del Estado español.
4) Ante la demanda formulada por diversas formaciones políticas en favor de que se proceda a una desclasificación de los documentos exhibidos en la comisión parlamentaria para poder evaluar la consistencia de las actuaciones practicadas, no hay una respuesta positiva por parte del sector socialista del gobierno y tampoco se perciben eventuales decisiones judiciales que posibiliten semejante acto de transparencia.
La reconocida utilización de Pegasus suscita una interrogante básica: ¿resulta compatible este dispositivo técnico con los parámetros de cumplimiento de los derechos básicos de la ciudadanía exigibles en un sistema democrático de calidad? Recientes manifestaciones de algunos responsables de la UE encargados de asegurar la vigencia del derecho a la privacidad cuestionan el uso de este dispositivo y hablan de una posible prohibición futura del mismo en el ámbito comunitario. La circunstancia de que tenga su origen en un Estado – Israel – que acredita prácticas continuadas de incumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre Palestina, proporciona motivos adicionales para cuestionar su credibilidad democrática.
Llueve sobre mojado en este asunto del espionaje del CNI. Durante el mandato de Felipe González tuvo que dimitir Narcís Serra porque el CESID – antecedente del organismo actual – había realizado escuchas ilegales. Más recientemente, con Rajoy en la Moncloa, apareció la llamada “policía patriótica” y el ínclito comisario Villarejo para certificar la presencia de mafias policiales en el seno de los propios aparatos del Estado. Por no hablar de la historia de los GAL y la “guerra sucia” contra ETA. La trayectoria de la democracia española está llena de página oscuras que no permiten disculpar las actitudes indolentes y negacionistas exhibidas por diversos portavoces de la derecha, de la extrema derecha y también del Partido Socialista.
La calidad democrática no está asegurada por mucho que se invoque, ritualmente, la vigencia de los textos legales. Es preciso modificar las normas que quedaron obsoletas o que demostraron su incapacidad para alcanzar los objetivos proclamados. Y tampoco se pueden dar espectáculos tan poco presentables como el que está dando el PPdG con el nombramiento de Feijóo y Tellado como senadores en representación del Parlamento gallego. La legalidad de este acto no es suficiente para ocultar la perversión que contiene: poner las necesidades – políticas y financieras – del partido por encima de la satisfacción del interés general que se quiso acreditar con esa facultad de designación establecida para las cámaras legislativas de las comunidades autónomas. @mundiario
