La importancia de la universalidad de la sanidad pública
La protección de la salud se reconoce como un derecho inherente a cada ser humano. El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho fundamental de toda persona. La sanidad universal es el derecho de las personas al acceso en condiciones de equidad y sin impedimentos al Sistema Nacional de Salud para recibir la atención sanitaria necesaria independientemente de su situación administrativa, geográfica o socioeconómica. Esto es fundamental. Y aunque resulta obvio, no siempre ha sido así en España.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) se creó con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que fue impulsada por un Gobierno socialista, estableciendo dicha norma los principios de carácter público y la universalidad del sistema. El SNS ha permanecido y se ha ido desarrollando bajo diferentes gobiernos, tanto centrales como autonómicos. Hasta que en 2012 la contrarreforma sanitaria del Gobierno de Rajoy supuso el retroceso de muchos de los avances conseguidos como es el derecho a la atención sanitaria a toda la ciudadanía al anular su vocación universal y al eliminar la titularidad del derecho que establecía la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad.
En 2012, bajo un Gobierno del PP con la excusa de la crisis económica para el retroceso en derechos y de manera unilateral , entró en vigor el RD-ley 16/2012 que quebró la universalidad, equidad y calidad que se habían establecido con la Ley General de Sanidad de 1986, con la Ley de Cohesión y Calidad de 2003 y con la Ley General de Salud Pública de 2011. Es decir, personificó la ruptura del consenso que establecían estas tres normas básicas en materia de sanidad. Significó una involución en la universalidad en el acceso al derecho a la salud, que reconocía la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública del Gobierno socialista de Zapatero, dejando sin asistencia sanitaria a las personas más vulnerables como la población migrante en situación administrativa irregular.
Excluir el colectivo de personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España del derecho de protección a la salud y a la atención sanitaria es contrario a los antecedentes normativos de España y a los compromisos internacionales, además de poco inteligente sanitariamente hablando.
En 2018, el Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez daba un golpe de timón para asegurar la universalidad al aprobar el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, con el objeto de garantizar dicha entrada de forma general, incluyendo a los colectivos en situación de vulnerabilidad, en especial a la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España. La hoja de ruta de esta norma reconoce el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español. Se inspira en la idea de garantizar la universalidad de la asistencia para que todas las personas puedan tener acceso a los servicios públicos de salud, con la finalidad de asegurar el desarrollo y bienestar de toda la ciudadanía en situación de una especial vulnerabilidad, son los colectivos amenazados por la exclusión social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España.
La universalidad es uno de los mayores logros conseguidos en el pasado siglo. Hoy en día es necesario continuar protegiendo a aquellos colectivos más vulnerables impulsando cambios inspirados en políticas socialdemócratas para continuar en el avance, la ampliación y el refuerzo de la sanidad pública en España y así asegurar el derecho a una sanidad universal, pública, accesible, cohesionada, equitativa, de excelencia y de calidad, para toda la ciudadanía.
La universalidad de la sanidad significa solidaridad y humanidad, protege a la comunidad, es esencial para prevenir y controlar enfermedades, reduce la propagación de enfermedades infecciosas y es fundamental para abordar la cronicidad. Contribuye a reducir las desigualdades en salud, en especial para grupos vulnerables como las personas con escasos recursos económicos o la población migrante, ya que evita la discriminación y mejora la equidad en el acceso junto a la calidad de la atención. Conlleva beneficios económicos, puesto que la inversión en sanidad universal reduce los costes asociados a enfermedades y posibles recidivas o complicaciones.
Una población sana contribuye al desarrollo socioeconómico de un país. Alcanzar y mantener el mayor nivel de salud posible para el conjunto de la sociedad es un trabajo compartido y solidario que pasa indiscutiblemente por la garantía del acceso universal a la sanidad pública, en España y en el mundo. @mundiario