Ha llegado la hora de suprimir el Consejo General del Poder Judicial

La estabilidad en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha durado apenas un año desde su renovación en julio de 2024 por acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular. La crisis, que muchos veían venir, ha estallado con la renuncia de uno de los vocales más destacados elegidos a propuesta del PSOE, tras un tenso pleno celebrado ayer para decidir el reparto y composición de las comisiones internas del órgano.

El CGPJ nació con una intención noble: sustraer al Ejecutivo el control del poder judicial y reforzar la independencia de jueces y magistrados. Está integrado por el presidente del Tribunal Supremo —que lo preside— y veinte vocales nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De ellos, doce deben ser jueces o magistrados “de todas las categorías judiciales”, según el artículo 122 de la Constitución, “en los términos que establezca la ley orgánica”.

Su diseño inicial, hace más de cuarenta años, respondía a un modelo corporativo, pero pronto se introdujo la intervención parlamentaria como forma de legitimar democráticamente su composición. Así, las Cortes Generales pasaron a elegir los 20 vocales —ocho juristas de reconocido prestigio y doce miembros de la carrera judicial— mediante una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras. La intención era equilibrar independencia y control democrático. El resultado, sin embargo, ha sido un progresivo secuestro partidista.

La experiencia reciente lo demuestra con claridad. El último Consejo permaneció cinco años en funciones, bloqueado por la incapacidad del Congreso y el Senado para acordar su renovación. Finalmente, en 2024 se alcanzó un pacto entre los dos grandes partidos que permitió recomponerlo. Un respiro efímero: la nueva crisis interna ha vuelto a poner de relieve las grietas de un sistema disfuncional.

El síntoma de un deterioro más profundo

La renuncia del vocal progresista no es un hecho aislado, sino el síntoma de un deterioro más profundo. La ruptura entre el grupo de vocales progresistas y la presidenta —que en principio formaba parte de ese mismo sector— evidencia que el CGPJ ha dejado de ser un órgano de gobierno para convertirse en un campo de batalla ideológica y personal.

Ante este panorama, quizá haya llegado la hora de tomarse en serio una idea que hasta hace poco sonaba iconoclasta: suprimir el CGPJ y transferir sus competencias a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. No sería una operación sencilla desde el punto de vista constitucional, pero sí coherente con la necesidad de restaurar el principio de responsabilidad institucional y evitar el espectáculo degradante al que venimos asistiendo.

Porque lo que ocurre en la madrileña calle de Marqués de la Ensenada, sede del Consejo, ha dejado de ser un problema técnico o jurídico para convertirse en una vergüenza política. Un órgano diseñado para garantizar la independencia judicial se ha transformado en el escenario del “juego político más chusco”, protagonizado por actores que parecen incapaces de cumplir las funciones que justifican su existencia.

Suprimir el CGPJ no sería un gesto antipolítico, sino una forma de rescatar la dignidad del poder judicial de las manos de quienes lo han convertido en un tablero de negociación permanente. Tal vez haya llegado la hora de cerrar este capítulo institucional y poner fin, de una vez por todas, a una farsa que erosiona la confianza ciudadana en la justicia. @mundiario