Garamendi no es la excepción sino la regla, pero este no es el problema

La CEOE ha contratado a Garamendi tras cuatro años a prueba como autónomo, con un sueldo que roza los 400.000 euros. ¡Qué escándalo!, algunos han descubierto que aquí se juega, simulando al Capitán Reanault en el Café Americaine de Rick. ¡Pues claro que se juega! El nuevo asalariado y cotizante al régimen general de la Seguridad Social elevará el dato salarial medio en España, que no llega a 28.000 euros brutos anuales, mientras el salario mínimo, uno de cada cinco trabajadores, acaricia los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. El pacto de rentas, por cierto, no está ni se le espera, se ha quedado en un mero eslogan, tras el intento fallido de Nadia Calviño de recabar un acuerdo entre las tres partes.

Los últimos tres años, con pandemia y guerra de por medio, han revelado un comportamiento del empleo contracíclico, diferente al que habitualmente exhibe la economía española, mucho más suave. La explicación se encuentra en la aplicación del mecanismo de los ERTE, que permitió a tres millones de trabajadores conservar su empleo y mantener su renta, sin un proceso de reinserción laboral posterior, que hubiera hecho más lenta la recuperación. De este modo, el comportamiento cíclico del peso de las rentas del trabajo sobre PIB ha sido menos abrupto de lo habitual y ha permitido su reparto entre toda la sociedad, de modo que la desigualdad  haya conseguido recuperar el nivel precrisis mucho antes que en la Gran Depresión .

Pese a todo, los niveles de desigualdad crecen y la pauperizada clase media baja sigue descendiendo hacia el lado pobre, lo que tendrá consecuencias inmediatas en lo micro pero también a medio plazo en lo macro, si no se le pone freno. Estas diferencias sociales que impactan en el crecimiento de la economía fueron, precisamente, las que trataron de evitarse tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo la extensión del Estado de bienestar.

Beatrice Webb, la madre del Estado de bienestar, dijo que “la democracia no consiste en que se multipliquen las opiniones ignorantes, sino en hacer de lo imposible algo creíble, revolucionario y reformista”. Con esta consigna, la economista y socióloga logró impulsar junto con Sidney Webb, su marido, una nueva forma de gobierno capaz de garantizar a toda la ciudadanía un nivel estándar de condiciones de vida.  La idea del house-keeping state -o Estado que administra los recursos- dejó de percibirse como un disparate para convertirse en el anhelo de las sociedades más avanzadas. Se alcanzó un gran consenso: las carencias de las personas que sufren las consecuencias de estar en los estratos más bajos de la sociedad no pueden mitigarse desde la caridad, sino a través de una estructura estatal que las garantice.

Con esta premisa comenzó a redefinirse en Europa un nuevo papel de la economía y la sociedad, bajo unos criterios de reparto justo que instauraron las otrora bases teóricas de la socialdemocracia. Varias décadas de mutación y crecimiento del Estado protector llegaron a su fin y echaron el freno tras la alianza entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, a principios de los ochenta. Un giro neoliberal que puso tope al crecimiento del Estado en la economía.

España llegó más tarde a esta ola, como a casi todas las demás, y no fue hasta el gobierno de Felipe González y la entrada en la entonces denominada Comunidad Económica Europea cuando se modernizó. Se expandió el Estado de bienestar al mismo tiempo que la creación de las autonomías, siendo éstas las artífices de la educación, la sanidad y los servicios sociales que conocemos hoy, a un nivel semejante, aunque inferior y equivalente al nivel de renta del país, a la media europea.

Hoy  este modelo está en crisis, en España y en Europa, precisa de grandes reformas de calado que le permitan seguir avanzando, así como también de grandes pactos de Estado.

Como reconoció el expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, “Europa debe reformar su economía y modernizar su sistema de protección social para alcanzar un sistema eficaz que ayude a las personas que se encuentran en situación de necesidad, pues esto no es un obstáculo para la prosperidad, sino un elemento indispensable para ella. De hecho, los países europeos que tienen sistemas de protección social más desarrollados son las economías más prósperas y competitivas del mundo”. 

En este afán compartido, no pueden perder de vista los cambios económicos, pero sobre todo demográficos y sociales que se proyectan, que serán claves en el mantenimiento del bienestar colectivo. La Gran Depresión y las políticas de recuperación inherentes llevaron a que España sacrificase los servicios y la inversión pública con el fin de cuadrar las cuentas. Una tasa de reposición cero que arrastró a los servicios públicos a una situación de precariedad, un andamiaje tributario obsoleto que clama una reforma que no llega y un sistema productivo que no acaba de mutar para aportar mayores recursos, son tres causas que socavan el nivel de prestaciones públicas que la ciudadanía demanda.

La sanidad, en el punto central del debate, arrastra un déficit estructural que se ha sumado a la tensión coyuntural desatada por la covid-19. El Gobierno central y las comunidades autónomas eran conocedoras de que el pilar del sistema sanitario se tambalea, aún así sigue pendiente de una catarsis que no parece que vaya a llegar.

 Es evidente ninguno de estos problemas se arregla con la búsqueda del mejor relato sino con reformas estructurales, más allá de las medidas coyunturales necesarias para salir del paso, y una transformación radical las prestaciones públicas. Una sociedad adulta debe tratarse como tal,  puede (y debe) afrontar los problemas que le afectan de cara, sin paños calientes ni demagogias carentes de sentido. O esto o nos cargamos definitivamente el tan ansiado Estado de Bienestar, el resultado será peor para todas las personas. @mundiario