El fugitivo Puigdemont decide el Gobierno de España

Las elecciones del domingo han arrojado un resultado preocupante, dando lugar a la situación parlamentaria más complicada de la democracia, pues ni el ganador real, Núñez Feijóo, puede formar una mayoría estable ni quien ha perdido, Pedro Sánchez, puede hacerlo sin pagar un precio todavía por determinar, pero que se augura inaceptable. Una situación que aboca a la inestabilidad y seguramente a una legislatura corta cuando no directamente a la repetición de elecciones.

Es la consecuencia de una política de los dos grandes partidos que dura ya veinte años. La negativa a pactar nada, ni siquiera lo que es imprescindible para asegurar el buen funcionamiento de las instituciones, unida a la voluntad indisimulada no solo de ganar, sino de aniquilar al rival por cualquier medio no penal (bulos, mentiras, distorsiones, descalificaciones, denuncias judiciales sin contenido, etc.) ha conducido al peor escenario posible. Quienes defienden abiertamente la ruptura de la convivencia, tienen la llave para formar Gobierno. Lógicamente, incrementan sus demandas cuanto más necesario es su concurso.

¿Tiene sentido que un prófugo de la justicia como es Puigdemont mediatice el Gobierno de España? ¿Es admisible políticamente que sus ocho diputados puedan imponer condiciones que no comparte la mayoría electoral? ¿Es conveniente que las minorías radicales a derecha 30 diputados y en el nacionalismo 20, marquen la agenda y se impongan a los otros 300 diputados? Son las preguntas del momento, incómodas pero pertinentes.

Feijóo puede pedir la abstención de unos u otros grupos, pero en el estado de polarización de la política española y con la compañía de Vox, es inviable. Sánchez puede hacerlo con más facilidad, pero necesita el voto favorable de quienes quieren imponer mecanismos de secesión o de agravio comparativo. Estos no tienen ningún incentivo para dar su apoyo incondicional. Recordemos que el año próximo habrá elecciones en el País Vasco y muy probablemente en Cataluña de modo que la rivalidad PNV-Bildu en el caso vasco y ERC-Junts en el catalán, enrarecen cualquier planteamiento de alianza estatal.

En el momento actual es necesario ganar tiempo para que maduren las opciones más constructivas y si no es posible llamar a elecciones, bien en enero o bien unos meses más tarde cuando las encuestas indiquen un cambio en la relación de fuerzas. El PSOE tendría que resistir las presiones en sentido contrario de Sumar, partidarios de un referéndum pactado en Cataluña y poco favorables a unas nuevas elecciones después de perder la quinta parte de sus escaños. Es evidente que unas nuevas elecciones pueden deparar resultados similares a los actuales, pero el desgaste de la situación podría acabar conduciendo a pequeños pactos que estabilizasen al Gobierno con la base parlamentaria más amplia.

Feijóo ha defendido muchas veces que debe gobernar la lista más votada aunque cuando de él ha dependido no lo ha aplicado. Pero mientras no se regule una segunda vuelta electoral como en Francia, gobernar en un régimen parlamentario implica disponer de mayoría suficiente y estable en las Cortes, lo que no es su caso. Encabezar el Ejecutivo careciendo de mayoría para aprobar leyes y evitar una moción de censura, es un dislate. Ahora bien, está obligado a presentarse a la investidura salvo que renuncie desde ahora al liderazgo. Será un proceso abocado al fracaso, pero necesario democráticamente para no dejar huérfanos de posición política a quienes le han votado.

Existe una solución al embrollo actual, sencilla a la par que revolucionaria. Favorecer el único Gobierno posible con la condición de que evite cualquier demanda rupturista de Bildu, ERC o Junts, garantizando al mismo tiempo que no se dará apoyo a las propuestas de Vox que persigan recortar derechos o libertades. Si a los unos hay que exigirles respeto a la integridad del Estado y a la igualdad de los españoles, a los otros es necesario impedirles la ruptura de la convivencia en torno a asuntos asumidos socialmente.

Feijóo demostraría altura de estadista si rompiese la dinámica de los últimos años y facilitase un Gobierno bajo dichas premisas. No es necesario pactar nada más. El día a día político puede ser tan áspero como hasta ahora, pero los límites deberían de estar claros para los dos grandes partidos. Si además consiguiesen que sus portavoces y Ministros hablasen con contenidos e ideas evitando argumentarios que violan el sentido común de los ciudadanos, habríamos dado pasos gigantescos hacia una democracia más sólida y menos superficial.

Sustraerse al veredicto de las urnas no es posible. Al PP le corresponde definir desde la oposición un nuevo marco donde no dependa del radicalismo vocinglero de Vox, sino de sus propias capacidades. @mundiario