España se rompió: violencia y sabotaje contra la República (I)

La Segunda República fue un proyecto de modernización democrática boicoteado violentamente. La Guerra Civil no se presenta como un destino inevitable, sino como el resultado de ese boicot. Esa idea tiene una base importante en la historiografía actual, pero también simplifica un proceso mucho más complejo, atravesado por tensiones sociales, culturales y políticas de larga duración.

La Segunda República nace en 1931 como respuesta a la crisis del sistema de la Restauración y al descrédito de la monarquía, en un contexto europeo donde muchas sociedades buscaban fórmulas nuevas de organización política. Desde el primer momento se concibe a sí misma como un régimen democrático y reformista: Constitución avanzada, ampliación de derechos, sufragio femenino, laicidad del Estado, impulso a la educación pública, reconocimiento de autonomías, reforma agraria, intento de someter al ejército al poder civil.

Todo esto encaja bastante bien con la idea de situar a España a la vanguardia de las democracias occidentales, al menos en el plano de los principios y de los textos legales. El proyecto republicano, en su fase inicial, se alinea con corrientes de modernización política y social que también se dan en otros países europeos.

Ahora bien, ese esfuerzo de modernización se topa desde el principio con resistencias muy fuertes. La Iglesia, buena parte del ejército, sectores de la oligarquía agraria y financiera, así como la derecha monárquica y luego la derecha católica organizada, perciben muchas de esas reformas como una amenaza directa a su posición social, a su poder y a su visión del orden.

Hay conspiraciones, campañas de deslegitimación, intentos de frenar o revertir las reformas, y episodios de violencia política. En ese sentido, hablar de “boicot” no es exagerado: hubo una oposición que no se limitó al juego parlamentario, sino que recurrió a la presión insurreccional, al golpe de fuerza y a la búsqueda de apoyos militares para derribar el régimen. El golpe de Sanjurjo en 1932, las conspiraciones que se intensifican a partir de 1934 y, finalmente, el golpe de julio de 1936 son la culminación de esa lógica.

Sin embargo, si solo hablamos de “boicot violento” desde un lado, corremos el riesgo de convertir la República en un sujeto pasivo y homogéneo, y de borrar otras dinámicas que también contribuyeron a la desestabilización. La República no fue un bloque compacto ni un proyecto lineal: estuvo atravesada por divisiones internas, cambios de mayoría, errores de cálculo y radicalizaciones recíprocas.

El bienio reformista (1931‑1933) impulsó reformas muy ambiciosas en muy poco tiempo, generando expectativas enormes y también frustraciones, tanto entre quienes las consideraban insuficientes como entre quienes las veían excesivas.

El bienio radical‑cedista (1933‑1935) supuso un giro conservador que intentó frenar o revisar parte de esas reformas, lo que alimentó la sensación, en la izquierda, de que el proyecto republicano estaba siendo traicionado desde dentro.

La revolución de octubre de 1934, con su componente insurreccional en Asturias y Cataluña, muestra que también hubo sectores de la izquierda dispuestos a recurrir a la violencia para forzar un cambio de rumbo. Todo esto indica que la crisis del régimen no fue solo el resultado de un boicot externo, sino también de una dinámica de polarización en la que distintos actores, de uno y otro signo, apostaron por la confrontación.

Nada en historia es inevitable: lo que sí hubo fue una acumulación de decisiones, miedos, odios y apuestas estratégicas que fueron cerrando las salidas pactadas. La República se desarrolló en un contexto internacional muy adverso: crisis económica, ascenso de fascismos y autoritarismos, descrédito de las democracias parlamentarias, radicalización de los movimientos obreros y de las derechas contrarrevolucionarias.

En ese clima, las élites conservadoras españolas, en lugar de aceptar el juego democrático y negociar su lugar en el nuevo régimen, optaron en buena medida por la vía del golpe. Pero también es cierto que, dentro del campo republicano y obrero, hubo sectores que desconfiaron profundamente de la democracia liberal y que vieron la República más como un tránsito hacia una revolución social que como un marco estable de convivencia. Esa tensión entre “República democrática” y “República como antesala de algo más” contribuyó a erosionar el consenso.

La República fue, en su núcleo, un intento serio de transformar un país atrasado, desigual y dominado por poderes tradicionales. La reforma agraria, la expansión de la escuela pública, la secularización, la ampliación de derechos de ciudadanía, la apertura cultural, la presencia de las mujeres en la vida política, todo ello supuso una ruptura con el viejo orden.

Tampoco la Guerra Civil fue una especie de castigo inevitable por esas reformas, sino la consecuencia de la decisión de una parte de las élites y de una parte del ejército de impedir por la fuerza que ese proyecto siguiera adelante. El golpe de 1936 no fue una reacción espontánea a un caos incontrolable, sino una conspiración largamente preparada, que aprovechó la tensión social y política para presentarse como “restauración del orden”.

Pero para recuperar de verdad el rigor histórico conviene matizar dos cosas. Primero, que la República no fue un modelo perfecto de democracia occidental plenamente consolidada: sus instituciones eran frágiles, la cultura política de muchos actores seguía siendo poco democrática, y la violencia política estuvo presente desde el principio, tanto en forma de represión estatal como de acción directa de grupos radicales.

Segundo, que la responsabilidad del fracaso no recae solo en quienes conspiraron contra ella, aunque estos tengan una responsabilidad decisiva al desencadenar la guerra. @mundiario