El Ejército, entre la democracia y el golpismo

La revuelta del domingo día 8 de enero contra los tres poderes del Estado brasileño de Derecho partió de las puertas del Cuartel General del Ejército. Es lo mismo que si los asaltantes del Capitolio hace dos años procedieran del ámbito del Pentágono. Y allí regresaron, a seguir ocupando el campamento que desde hace semanas lleva reclamando una intervención militar contra la Democracia. Y el regreso -según decían algunos de los acampados- lo hacían porque allí se sentían “más protegidos”. Algo que deja flotando sospechas sobre el nivel de simpatía que en las Fuerzas Armadas pueda haber con los bolsonaristas amotinados.

Los militares brasileños, entre cuyos componentes hubo una abundancia de miembros en el Gobierno de Bolsonaro, se ven ahora cuestionados directamente. No pueden mirar hacia otro lado, como si el tema no fuera con ellos. En primer lugar, porque los revoltosos los señalan públicamente como cómplices o protectores. En segundo lugar, porque el magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre Moraes, que ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad, tanto del Distrito de Brasilia como a las Federales, que disuelvan los campamentos ante todos los cuarteles; y ha extendido la instrucción al jefe del Cuartel General del Ejército para que colabore activamente con la orden emitida. Por ahora, parece que ha habido un cumplimiento de la orden judicial, pero nos queda la duda acerca de la consistencia de su lealtad constitucional.

Aunque en la práctica han alimentado el monstruo, y las propias escenas de la barbarie de los amotinados han generado en la inmensa mayoría de la población brasileña tal rechazo, que lo mejor que pueden hacer los militares brasileños es desmarcarse de tales excesos y olvidarse de cualquier tentación golpista.

Por desgracia, cada cierto tiempo es necesario recordar, a tirios y troyanos, que el Ejército de un país democrático no es un poder del Estado. Que es una fuerza armada que, además, no está constituida para intervenir en los asuntos internos del Estado -a no ser que el poder civil legítimo se lo pida justificadamente-, sino para defender su integridad e independencia ante enemigos exteriores. Y siempre bajo la dirección del poder civil.

En el caso brasileño, y tras el contubernio intencionado que generó Bolsonaro, su Ejército necesita una cura de desintoxicación, para la que el momento presente puede ser el desencadenante ideal. Quedaremos todos observantes de cómo avanza esa desintoxicación. Y es bueno que los miembros (mandos y subordinados) del Ejército brasileño sean conscientes de que el mundo va a estar mirándolos. Y ellos saben que en ese mundo están los Estados Unidos, que suele ser un referente para ese tipo de público. Tenemos la seguridad de que a Biden no le interesan en este momento extrañas maniobras que lo que harían sería dar alas al trumpismo que sigue operando, como una tenaz garrapata adherida al sistema del Estado y a muchos de sus sectores políticos y sociales.

Es cierto que -dados los precedentes históricos- la primera mirada la vamos a poner siempre sobre el Ejército, que además es el depositario del armamento que nuestros impuestos les han entregado como herramienta. Pero nuestra reflexión tiene que contemplar otros escenarios. Porque por encima de los Bolsonaro de turno va a haber siempre otros poderes superiores, que también han aprendido que un golpe militar es demasiado burdo, por lo cual -sin renunciar a mantener viva esa espada de Damocles, como una especie de recurso en la reserva- van ensayando otros mecanismos, que abarcan desde los nacionalismos y populismos de extrema derecha hasta la alimentación de otros ejércitos civiles, basados en sectarismos religiosos, raciales y de ideologías basadas en nostalgias del pasado. Toda esa amalgama que ha andado manejando Bannon durante más de una década, y que ha ido dejando su poso en la forma de creer, en la forma de actuar, o en la forma de rechazar el funcionamiento del sistema democrático.

Pero esa corriente pretende ir mucho más allá. Frente a una democracia amplia, plenamente representativa y soberana, que tiene como un referente importante el Estado del Bienestar, esos poderes superiores pretenden ir dando pasos hacia una democracia tutelada, que sirva a sus más que variados y ansiosos intereses; una democracia castrada, que se olvide de cualquier identificación con el progreso, y que finalmente termine implantando en los sistemas de comunicación social un estilo “tik-tok”, o un formato de 140 caracteres, más cercanos a la consigna que a la reflexión. Y mover a los Bannon del mundo para la agitación y propaganda, como han hecho ahora con Brasil.

Una democracia que intente hacerse con los poderes del Estado. Y que, si no alcanza suficiente mayoría para controlar el Legislativo y el Ejecutivo, retenga en la medida de lo posible el Judicial, a la vez que se vaya incrustando en otros aparatos del Estado, que en teoría deberían estar al servicio de la Democracia.

Es una vieja aspiración, que en España hemos vivido duramente en estos últimos cuatro años. A ella se circunscribe el secuestro del Poder Judicial que sigue ejerciendo el Partido Popular, por el sencillo método de incumplir la Constitución y la ley. Y algunos sospechamos que con ciertas ramificaciones en la propia Comisión Europea: yo andaría muy vigilante con el comisario de Justicia y su equipo, que han demostrado cierta obsesión con el sistema de elección de los jueces para el CGPJ español, mientras han pasado ampliamente sobre el cumplimiento de la Constitución y de la ley, precisamente en la renovación del Consejo. Y en ella se inscribe también la muy grave rebelión contra la ley de nueve magistrados del caducado Consejo General del Poder Judicial. Dos asuntos muy espinosos, y que suponen sendos hachazos contra la integridad de nuestra Democracia.

Y en cuanto a aparatos del Estado, ya hemos vivido la miserable impunidad de la llamada policía política, el no procesamiento de determinada hasta hace poco destacada responsable política, como Cospedal, claramente implicada en ese delito. O el reciente desayuno en Génova, donde el jefe de la oposición acuerda con “sindicatos” policiales movilizaciones contra el Ejecutivo.

En ese contexto podríamos decir que Feijóo acampa a las puertas del poder judicial, o a las puertas de dudosos sectores de la policía. Y tendríamos que preguntarnos a qué puertas (o a qué esperanzas) acampaba el tuit de la señora Gamarra cuando, en lugar de condenar la revuelta bolsonarista trataba -con argumentos falsos- de ajustar cuentas con el Gobierno de España y con la mayoría parlamentaria, mientras Feijóo callaba y hasta una hora más tarde no sacó su condena al intento de golpe brasileño: cuando estaba ya muy claro que el Ejército no se sumaba a la rebelión.

Si no queremos una democracia puramente formal y tutelada, con mutilación de derechos, estemos muy atentos a todos esos frentes: en buena medida los hemos vivido bajo el Gobierno de Rajoy. Y prestemos mucha atención a las clases populares, para que no las absorban por medio de sectarismos religiosos, o de bulos racistas, o para que no las neutralicen con consignas de “tik-tok”, a las que alguna presidenta de Comunidad es muy aficionada. @mundiario