Los derechos sociales son un problema, la política no

Tenemos un problema con los derechos sociales. La derecha tradicionalmente nos los toca por temor a la izquierda. Los zurdos de la política los toca cuando no saben hacer otra clase de política porque saben que la derecha no sabe contestar. Así es que casi siempre cuando se abordan, en nombre de una respetable minoría oprimida, agitan las alas, se sacuden la caspa y esputan por la boca toda clase de fragancias con halitosis naturalizando el insulto a conveniencia para tapar otras deficiencias estructurales que afectan a una gran mayoría.

Pero quién en el fondo tiene un problema muy serio es España. Parece que hay tiempo para tocar derechos sociales, pero nunca alcanza una legislatura o dos para hacer política con mayúscula, es decir para  acometer todas esos deberes de casa que arrastramos en forma de  reformas estructurales y que el país demanda desde hace tiempo. Y cuando se aborda, como cuando se atreve la derecha con mayoría absoluta, lo hace tan tímidamente que no se llega al fondo del asunto. 

Así tenemos una Constitución imperfecta porque nadie tiene coraje de actualizarla, como tampoco la ley electoral que tanto daño está generando por depender de partidos minoritarios nacionalistas, o el Senado, la financiación de partidos y sindicatos, la reforma de la justicia, la lucha contra la corrupción, una sanidad como dios manda, una educación que dure como duraba antes y sin contener mamarrachadas sectarias que nos incapacita intelectual y profesionalmente, ahondando por contra todas esas carencias  en la desigualdad más dilatada en la historia por mucha cartera ministerial que presuma de lo contrario. 

Por no hablar de la reforma de las Universidades, del suelo, del despilfarro público, de las pensiones y dependencia, de la España vaciada, la falta de natalidad, la migración, la neutralidad de las instituciones públicas, las televisiones políticas, la consolidación fiscal, la baja productividad y capacitación profesional, el paro en especial el juvenil y el de larga duración, un  imán en economía que repele las continuadas crisis, la duplicidad de competencias entre las administraciones, la España de las Autonomías o los okupas por mencionar solo unas cuantas que me vienen a la memoria.

No hemos abordado todas esas transformaciones sociales desde los buenos años de la Democracia y queremos meterle mano ahora (es un decir) a la revolución digital y la descarbonización de la economía sin un plan. El único plan es “esperar” a que el tiempo lo agrave  todo o a que  las instituciones europeas marquen el paso para esquivar en España el insulto contagioso, de la derecha y la izquierda política, mediática y judicial.

Son muy loables todas esas leyes de derechos sociales y de memoria porque defienden y dan voz a las minorías al reponer ciertas injusticias del pasado. Pero actuar como si nos fuera la vida en ello, no cuando la economía de guerra roza la quiebra y el paro es estrepitoso. Porque más loables y urgentes  serían para la totalidad de la estabilidad del país atender aquellas otras antes referidas que grita España desde hace generaciones como forma de  afianzar la democracia, garantizar la máxima transparencia y honestidad políticas, ganar en justicia social, competitividad internacional y ganar voz propia en política exterior. 

La mejor política social es la creación de empleo por mucho que se disfrace de parches, cheques puntuales para ciertos colectivos y cambios en las estadísticas. Y aquí fracasamos estrepitosamente desde por lo menos el cambio de milenio. A cualquier resfriado en la economía global nos llega un gripazo de parados que somos incapaces de contener.

La mayor injusticia social por mucho que se diga lo contrario está en ese joven nini que no puede formarse para el día de mañana, en el padre que a cierta edad ya padece “obsolescencia programada” anticipada y capitan el talento por ser de cierta edad, mientras padecemos las consecuencias de  una sociedad sin relevo generacional, familias sin acceso a la vivienda y aniquilamos la clase media.

Todo parecen excusas. Nunca es el momento de abordar a fondo  la política para los que nos votan y no lo hacen. Ni siquiera cuando se tiene mayorías, porque o bien peligran las coaliciones y matrimonios interesados o bien porque  arriesgan la reelección. Así soban los programas que nunca se cumplen, se desdicen  de las promesas aclamadas, mienten unos y otros sin consecuencias éticas  ni políticas y tapan las vergüenzas recurriendo a las fake news y la manipulación ideológica acompañada de la mediática. Como  buenos católicos en vez de buscar el bien colectivo nos dedicamos a “guerrear”  como llevamos haciendo desde la expulsión de los judíos y moriscos.

El consenso y el arte de la negociación persuasiva no me digan que no sería una bonita asignatura en las escuelas para formar a los futuros cuadros españoles. Aquel profesional de la política que no aporte  esas competencias mínimas debería tener vetado su acceso a la “res-pública” por no reunir las bases para garantizar la estabilidad institucional que anhelamos, de la misma forma que los maestros sin méritos pedagógicos puedan dedicarse a la educación de nuestros hijos o los cirujanos enfunden sus batas blancas sin manejar el arsenal quirúrgico.

En España cobra la impresión que no se hace política de Estado desde hace mucho tiempo para las mayorías sino para quienes les votan. Véase en Cataluña o en el Estado español. La defensa de ciertos derechos sociales impregnados de apresto partidista en unos casos o de desconexión con el país son excusa perfecta para encubrir los intereses  de las mayorías y reforzar las incompetencias partidistas.

A diferencia de Alemania y otros países a los que hemos tomado como referentes democráticos, nos caracterizamos por practicar el modelo fanático de: “primero el partido y luego España” aunque se diga lo contrario. ¿Alguien cree que una selección nacional puede ganar el Mundial de Fútbol de Qatar con sólo los seis suplentes reglamentarios en el campo prescindiendo de los jugadores restantes y del cuerpo técnico? @mundiario