¿Cumplirá Sánchez su promesa de traer a Puigdemont, pero no como se esperaba?

Hay tres libros que les convendría leer a los que vienen predicando cómo se debe configurar lo que Franco llama el Estado español y otros preferimos llamar simplemente España, como recomendaba el comunista catalán y ponente constitucional Jordi Solé Tura. A saber: “España como nación”, de la Real Academia de la Historia (escrito por diversos historiadores desde José Alcalá-Zamora a Carlos Seco, con epílogo de Pedro Laín Entralgo); “España. Evolución de la identidad española”, de Juan Pablo Fusi, y “Entre la Segunda y la Tercera República” de Alejandro Nieto. Quizá, especialmente los políticos y los avaladores diversos de sus teorías, hablarían con propiedad cuando aluden a eso de “La España plurinacional” “El federalismo asimétrico” y la enorme variedad de términos con que bautizan lo que no es otra cosa que la dinamitar el Estado que ampara y crea la Constitución de 1978, verbo “el Régimen del 78” como gustan decir los consocios del doctor Pedro Sánchez. Dinamitar con disimulo.

Antes de entrar en materia, me quiero referir a algunos de los acontecimientos que vivimos estos días y hacerme algunas preguntas sobre la marcha. La primera es cómo va a conocer el jefe del Estado la disposición de los partidos independentistas a conformar una mayoría (“de progreso”, por supuesto), si éstos renuncian al comparecer (descortesía aparte) para confirmar, como se presume, que Pedro Sánchez va a contar con ellos cuando presente su candidatura. Por cierto, que hay que agradecer tanto a Rufián de ERC como a Otegui de Bildu que nos aclaren los de los pactos con el actual presidente en funciones, especialmente el primero, cuando dice que los indultos a los condenados por sedición le fueron impuestos a Pedro Sánchez, con el añadido en perspectiva que al PSOE hay que “obligarlo o imponerle hacer las cosas”. Atentos, pues, en la perspectiva, pues se nos anuncia, apenas después de la constitución del Congreso, cuál es el paso siguiente con vistas a la investidura de Pedro Sánchez exponiendo sus imposiciones. ERC que días había quedado apartada del foco por la negociación entre el PSOE y el expresidente catalán Carles Puigdemont para lograr el apoyo de Junts, aclara sus exigencias. La diputada Teresa Jordà, ha asegurado que van a exigir una ley de amnistía para los implicados en la causa del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, y que ello será una “línea roja” de la negociación. Y Puigdemont, ha querido dejar claro que no va a rebajar el tono de sus demandas ni de sus posiciones. “Junts no ha vuelto al redil”, ha resumido en un mensaje en X, la red social antes llamada Twitter. Es de agradecer la claridad.

Y hasta se alude a un elemento simbólico, para Puigdemont sería un triunfo añadido que el proceso para la amnistía se iniciara antes de 11 de septiembre, día de la Diada. Eso da lugar a bromas y chistes sobre la promesa de Sánchez de devolverlo a España.

El federalismo y el concepto de nación discutidos

Por cierto, que en esto días en que se recuerda el recorrido de Sánchez para llegar y permanecer en La Moncloa, se ha vuelto a emitir aquella entrevista en la Sexta, donde con todo cinismo negaba que hubiera posibilidad de amnistía y referéndum, resaltando que el único celebrado tuvo lugar en el Gobierno del PP. Como si Rajoy hubiera permitido el celebrado ilegalmente en Cataluña y que aquel fuera no contra el Estado, sino contra el partido del Gobierno.

Pero volviendo al asunto de lo que quieren hacer o deshacer con España los consocios de Sánchez, vale la pena recordar algunos extremos. Escribe Fusi en el libro citado, a propósito del Federalismo que el padre de esta idea, Pi i Margall. “Su idea de federación, las nacionalidades y pueblos quedaban subordinados a un organismo unitario, «La Nación»”, en tanto Carlos Seco rubrica que la expresión “Estado plurinacional es un modo de evitar la definición de España como nación”. Pese a ello, como mal menor, alude al término inventado por Cambó en 1935, en cuanto a vertebrar el país “como una suma de sus particularismos en el conjunto de una gran España”.

Pero esa no es la dirección en que pretenden avanzar las reformas que se vislumbran. A no ser que seamos de nuevo aquel país de bóvidos que censuraba Ortega, resulta un insulto a la inteligencia considerar las cesiones a Puigdemont y el resto del independentismo, especialmente catalán, como pasos acertados (Bildu dice que vamos en la dirección debida, en el buen camino, de ellos, sin duda) y que sirven para avanzar en la solución del llamado conflicto catalán, cuando es evidente que se fortalece y da seguridad de que lograrán sus objetivos finales, aunque sea por etapas.

El certero juicio de Borrell

Nadie ha resumido mejor el trance que vivimos que el socialista catalán Borrell quien lamenta que la gobernabilidad de España "dependa de alguien a quien le importa un carajo". De momento, como previene Clausewitz, la primera señal de una derrota es cuando uno de los bandos hace suyo los términos del enemigo. Uno de los más sintomáticos es uno que gusta decir a Pedro Sánchez, sobre la “judicialización” del conflicto catalán. O sea, que aplicarles la ley a quienes la vulneran no es cumplir el deber del Estado de Derecho de perseguir el delito, sino “judicializar” lo que se debe transigir o ceder.

Veamos algunas curiosidades de modo en que, aparentes medidas de avance y progreso responde en realidad a la estrategia y a las demandas del independentismo catalán en orden a sus objetivos finales. Veamos lo que dice la Base 3ª de las Bases de Manresa, biblia original del nacionalismo catalán: Base 3.ª. “La lengua catalana será la única que podrá usarse con carácter oficial en Cataluña y en las relaciones de esta región con el poder central”.  Una cosa es la incorporación en el Congreso –por cierto, enfado de otras comunidades que también tienen sus formas lingüísticas y dialectales, que se consideran marginadas—de los otros idiomas que se hablan en España, y otra el matiz de que es un paso más en orden el reconocimiento que desea fijar el independentismo y no precisamente como valor de integración.

Veamos el asunto desde el punto de vista meramente funcional y sus disfunciones en la actividad ordinaria de la cámara, como ya ha señalado uno de los letrados del Congreso. Cuando los partidos independentistas celebran reuniones entre ellos el idioma de entendimiento y el castellano, que es un factor de integración funcional. Y no digo que no se hable cada uno lo que quiera. Supongo que habrán previsto un cuerpo de traductores y todo el mundo sabe que en la traducción simultánea se pierden matices, interpretaciones del sentido de las frases y el contexto. Y eso es fundamental en el debate político. Por lo tanto, me refiero el aspecto meramente práctico del uso común de un instrumento que entienden todos. Por lo tanto, cuido que este asunto tiene otras lecturas y en cuanto a llevarlos a Europa, ¿ve proponer Francia la incorporación del corso como lengua europea, y también va lo lote el aranés, o Italia habla el propio en su caso?

Y aviso a navegantes que me quieran mal interpretar: Yo escribía en gallego o usaba este idioma en la radio en 1968. Y, por cierto, de las veinte tesis que dirigí en la Universidad de Vigo, la mitad fueron escritas y defendidas en portugués.@mundiario.